Ismael Pérez Vigil 22 de junio de 2019
Las
fallas, errores y manipulaciones que “invalidan” el Registro Electoral (RE) es
uno de los temas favoritos de quienes rechazan la vía electoral como
alternativa para salir de este régimen de oprobio.
No
cabe duda que el RE tiene fallas, que hay errores, que ha sido manipulado
arbitraria e ilegalmente y esas irregularidades contribuyen a la trampa y el
fraude que monta el régimen, a través del CNE, para desacreditar e impedir el
voto, derecho político y humano fundamental; pero hasta el momento debo decir
que ninguna de las “pruebas” que han aportado quienes lo critican me han
parecido convincentes y determinantes, sobre todo como para afirmar que antes
de acudir a cualquier proceso electoral se debe comenzar por hacer un “nuevo”
registro, empezando desde cero. Parece que algunos no se han paseado por lo que
significa, sobre todo en términos de tiempo, construir, desde cero, un nuevo registro
electoral de más de 22 millones de electores, que es lo que debería de tener
hoy nuestro RE.
Como
decíamos, estamos hablando de un registro que hoy, oficialmente, sin estar
debidamente actualizado, ya contiene 20 millones de electores y debería tener
por lo menos millón y medio más. Por supuesto que todos los errores e
irregularidades cuentan y van sumando, pero decir que hay 50 mil apellidos
extraños, que no aparecían en registros anteriores (el 0,25%), o 100 mil casos
–y exagero– de cédulas repetidas (0,45%), o unos miles de personas de edad
centenaria, no son una proporción significativa sobre el total; siempre habrá
errores y omisiones, “deliberados” o no, y no es algo que, aunque llame la
atención, deba ser considerado de gran preocupación como para justificar la
necesidad de rehacerlo por completo.
Tampoco
es razón suficiente afirmar que hay “millones” de extranjeros: chinos, rusos,
turcos, iraníes y –los favoritos–, colombianos, con cédula venezolana inscritos
y que “alteran” los resultados, sin aportar información o datos que demuestren
eso. Pero sobre todo porque, además, hoy en día, nadie puede asegurar, que de
ser cierto y de votar esos “millones” lo vayan a hacer por los candidatos del
régimen; al menos no es eso lo que dicen las encuestas. Y así pudiéramos seguir
enumerando fallas y errores, pero, repito, ninguna tiene un peso o una
proporción significativa sobre el total.
Ni
siquiera es significativo decir –aunque preocupante y a tomar en cuenta– que
hay 600 mil “movimientos irregulares” en el registro, sobre todo considerando
que lo que está en perspectiva es una elección presidencial –sin caer en
afirmaciones o especulaciones sobre fechas– que es una elección de
circunscripción nacional única y por lo tanto no tiene ningún efecto sobre el
resultado en dónde vote el elector. Desde luego, no voy a desconocer que si un
elector actualmente vota cruzando la calle de su casa o en la cuadra siguiente
y lo “mueven” irregularmente para otro estado o ciudad, lo más probable es que
no vote – y eso es precisamente lo que busca el CNE para favorecer al régimen–
pero, en mi opinión deberíamos concentrarnos en otras críticas al hablar del
tema del RE.
Una
de las irregularidades importantes que se han cometido con el RE es quitarle su
carácter de “permanente”, en la última modificación de la ley. Si bien se habla
de que es de “carácter continuo” (Artículo 28.2 de la LOPRE), era mucho más claro
cuando la ley establecía que se trataba de un “registro electoral permanente”,
que implicaba que nunca se interrumpía, que en cualquier momento se podía
acudir a una oficina del CNE o de algún centro habilitado para tal fin, para
registrarse como elector. Nunca se “cerraba” la inscripción en el RE,
simplemente se hacía un “corte”, meses antes de una elección, para establecer
con ese corte los que tendrían derecho al voto en dicha elección, organizar
circunscripciones electorales, centros de votación, mesas y cuadernos
electorales, y establecer quién, de acuerdo a ese RE, tenía derecho al voto,
siempre que tuviera al menos 18 años, una cédula de identidad y figurara en el
registro, antes de la fecha del “corte” para dicha elección.
Hoy
en día, al no ser un RE “permanente”, queda a criterio del CNE establecer
“campañas” o “jornadas” u “operativos” de inscripción, que como hemos visto,
especialmente desde el año 2013, son tan insuficientes, mal informadas y tan
mal implementadas, que hoy tenemos un rezago en el RE de más de un millón
seiscientos mil jóvenes electores que no están inscritos y ya tienen más de 18
años de edad.
Eso
nos lleva a otra irregularidad importante que también debemos tomar en cuenta y
es la cantidad de venezolanos que, por no estar actualizado el RE, están siendo
privados de su derecho al voto.
De
acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE)
–que no sé qué tan fieles y exactas sean, pero son las que tenemos– en 2019
para una población estimada en 32,5 millones de habitantes, debería haber 22
millones 418 mil venezolanos mayores de 18 años, con derecho al voto, y el RE
actualmente solo tiene 20 millones 700 mil inscritos, incluidos los extranjeros
con derecho a sufragar solo en elecciones locales; lo que significa que a
través del CNE, organismo que debe estimular y proteger el derecho al voto como
ya he dicho, paradójicamente, se está impidiendo, negando, ese derecho a más de
un millón seiscientos mil jóvenes, nuevos electores.
A
esa cifra debemos sumar la de los venezolanos en el exterior que no han podido
actualizar su RE para hacer el cambio de domicilio que les permita votar en el
exterior. En este caso estamos hablando, para finales de 2019, de un número
aproximado de más dos millones y medio de venezolanos, con derecho al voto, que
hoy viven en otro país y se les está exigiendo para actualizar su registro o
registrarse, cuando ello es posible, no solamente la cédula de identidad, como
dice la ley, sino que además presenten una “certificación” de un gobierno
extranjero de que residen legalmente en ese país.
En
síntesis, estamos hablando de que, por irregularidades en el RE, el CNE esta
privando del derecho al voto a más de cuatro millones de venezolanos, es decir
al 18% del padrón electoral. Esa sí es una cifra que nos debe preocupar y nos
los 50 mil apellidos irregulares, (que son apenas el 0,23% de los electores), o
los 100 mil posibles doble cedulados, (que son el 0,45%), u otras
irregularidades menores que puedan existir en el RE. El RE puede ser auditado,
por especialistas, con apoyo internacional y con participación de los partidos
políticos y electores y ni siquiera tiene que ser una auditoria total, sino a
una muestra estadística bien calculada y determinada; por supuesto, no con este
CNE ni en las condiciones actuales, sino cuando se despeje algo más el camino
hacia unas elecciones libres.
Nuestra
principal tarea está clara, incorporar en un RE –permanente– a los nuevos
votantes y a los venezolanos en el exterior, para fortalecer el derecho al
voto, minado por el régimen, con la ayuda del CNE.
Ismael
Pérez Vigil
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