Omar Barboza Gutiérrez mayo de 2014
La contundencia de las cifras de
fuentes oficiales demuestra el fracaso del modelo económico que el gobierno
pretende implementar y cuyas consecuencias sufre hoy el pueblo de Venezuela. Lo
más preocupante para esta fecha, es que la situación que vivimos el gobierno
pretende superarla con medidas administrativas y con retoques efectistas, pero
sin rectificaciones profundas a las causas de este evidente fracaso.
En nuestra opinión no será posible
recuperar la credibilidad en la política económica del gobierno, sino comienza
por manejar las finanzas públicas de acuerdo a las normas constitucionales
sobre la materia, y continúa en la conducta de administrar buena parte de los
ingresos del país a través de mecanismos extra constitucionales como lo son los
fondos parafiscales, entre los cuales destacan el Fondo Chino y el Fonden, en
donde hay un manejo de miles de millones de dólares sin estar sometidos al
control Constitucional, y sin que el pueblo de Venezuela conozca cómo se
administran esos recursos, que en muchos casos se han utilizado para financiar
proyectos en el exterior, y también con la emisión de dinero sin respaldo con
la finalidad de financiar déficits de empresas públicas, en violación del
Artículo 320 de la Constitución; a través de este mecanismo se han financiado
miles de millones de bolívares para cubrir déficits de PDVSA, quien entrega
papeles por los cuales el BCV emite dinero inorgánico, que al entrar en
circulación se convierte en uno de los principales factores que impulsan la
inflación, o sea, el alto costo de la vida. Es difícil explicarse cómo PDVSA
que tiene un costo de producción por barril de unos 20 dólares, los vende a 100
dólares, y sin embargo se ve obligada a maniobras monetarias en contra del
interés nacional con el fin de cubrir sus déficits, lo que nos da una idea de
lo que está ocurriendo dentro de tan importante empresa para la economía
nacional.
A ello se le agrega el hecho
generalizado, de la falta de transparencia en la administración de los recursos
de todos los venezolanos, lo cual causa efectos sicológicos devastadores en la
necesaria confianza que debe generar una política económica sana; la rendición
de cuentas claras es sustituida por el secretismo, como si se tratara de
recursos personales del grupo gobernante, lo que se puede comprobar en casos
como: el de Fonden que lleva 2 años sin publicar sus balances; el mismo
secretismo ocurre con las empresas de Guayana que cada día están en peores
condiciones; también en los miles de millones de dólares invertidos en el
Sector Eléctrico mientras los apagones continúan; lo que se ha invertido en las
empresas expropiadas que hoy están en lamentable situación; todo lo cual,junto
a los resultados en el manejo de cuantiosos recursos como los administrados por
el gobierno nacional, genera dos elementos muy negativos para la creación de un
clima favorable a la recuperación económica, como lo son la desconfianza y la
incertidumbre. Mientras no se demuestre la voluntad de rectificar estos
procedimientos inconstitucionales y la falta de transparencia en el manejo de
los montos y destino de los recursos públicos, esa percepción negativa se
mantendrá y crecerá.
La crisis económica de la Venezuela
actual, no se resuelve con medidas cosméticas, o con el anuncio de medidas
efectistas, como la declaración de zonas económicas especiales sin saber cómo
se van a ejecutar esos proyectos, para luego convocar asambleas en los
respectivos lugares para oír opiniones lo que demuestra que es una
improvisación; ni con extensos programas televisivos ante los acreedores de la
Administración Pública Nacional, quienes se ven obligados a soportar esos
monólogos para preservar las esperanzas
de que el gobierno cumpla con sus compromisos, para que a su vez sus
acreedores externos o internos les mantengan sus líneas de créditos.
Cuando hablamos de rectificaciones
profundas en la política económica del gobierno, no nos referimos a temas
ideológicos, sino a que asuma las normas universales de un manejo profesional y
transparente por parte de cualquier gobierno en el mundo democrático respetando
la Constitución, independientemente de la posición ideológica de quienes
dirigen el respectivo país, de manera tal que las sospechas sobre incapacidad o
corrupción no sea lo que flote en el ambiente.
El actual rumbo de la política
económica del gobierno condena al pueblo de Venezuela a que sea quien pague la
factura del fracaso de esa política, y esa factura se expresa actualmente en
escasez, alto costo de la vida, y deterioro progresivo de la capacidad
adquisitiva del salario. Lo más común en nuestro país actualmente son las colas
y el no hay. Y los productos a precios regulados solo se consiguen en la Gaceta
Oficial.
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