Organización Sectorial
de Productores y Emprendedores 06 de abril de 2015
La represión económica
Según
cifras del Banco Central de Venezuela, el año pasado, la inflación general de
precios en nuestro país se situó en un 68,5 %. De no haberse cambiado la
metodología que alteró las ponderaciones, de la agrupación alimentos y bebidas
no alcohólicas, la cifra oficial sería de un 72%.
A
pesar de la manipulación mencionada, la inflación en Venezuela es la más alta
del mundo, impulsada principalmente por el alza de los precios de los
alimentos. En este sector, el pasado año, los precios crecieron un 102,2%.
Así
como ha aumentado la inflación, la escasez se ha hecho incontrolable y ha
venido creciendo sistemáticamente desde el año 2013 con un 36%, la última cifra
aportada por el INE fue en marzo de 2014. Los estimados privados, sitúan la
escasez en 2014 en un 52% y para el primer trimestre de este año en un 60%
Esta
situación es consecuencia de la ausencia de una política económica por parte
del gobierno, y del propósito de destruir el sistema productivo privado, la
libertad económica y el derecho a la propiedad privada.
Para
institucionalizar el clientelismo oficial, el gobierno necesita destruir toda posibilidad
de empleo decente con beneficios sociales, generados por la iniciativa privada.
Por eso el Estado ha desatado, desde sus inicios, la represión económica más
brutal que se haya conocido en nuestro país.
En
el caso de la producción de alimentos, la represión se ha ejercido teniendo
como instrumentos principales, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley
de Pesca y Acuicultura, así como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria. Mediante estos mecanismos legales, aprobados vía leyes
habilitantes, se materializaron la toma de unidades primarias de producción, la
destrucción de la flota pesquera nacional, la expropiación de agroindustrias,
la monopolización del agrocomercio, la intervención de los canales normales de
comercialización y la manipulación política del financiamiento agrícola.
Para
evitar la reacción de los sectores más pobres de nuestra población, el régimen
aplicó, una especie de anestesia ideológica, con grandes dosis de clientelismo
y subsidios económicos, que se han ido agotando, en la medida que la ineptitud
y la corrupción, aumentaron el gasto público, disminuyeron el ingreso de
divisas y se creó una dependencia de un 96% de los ingresos petroleros.
La
reducción de los niveles de pobreza, que el gobierno anunciaba con bombos y
platillos y que organismos internacionales, premiaban con elogios, comienza a
derrumbarse ahora, ante la cruda realidad, de algo que nunca existió.
Nunca
existió tal lucha contra la pobreza, porque todo estaba montado sobre un
tinglado de repartición de dádivas y de subsidios insostenibles. Las cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas, señalan que en un año, el 2013, el nivel de
pobreza extrema aumentó de un 7,1% en 2012 a un 10% en 2013 significa que en un
año, cerca de 737 mil compatriotas, entraron en situación de pobreza critica,
totalizando la lamentable cifra de 2 millones 800 mil compatriotas que no
pueden comer tres veces al día.
Las
cifras de 2014, aún no han sido publicadas por el INE. La Universidad Católica
Andrés Bello, la UCV y la Universidad Simón Bolívar, realizaron un estudio
denominado Análisis de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 2014,
donde señala que el año pasado la pobreza extrema aumento hasta un 25%, según
estas cifras, 7 millones de compatriotas no pueden adquirir los alimentos
básicos para su normal desarrollo.
En
la alternativa democrática tenemos otra visión de país. Para derrotar la
pobreza, hay que acabar con el desempleo, con la marginalidad, con la
exclusión, disminuir el alto costo de la vida y abatir la escasez. Y esto se
logra corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos, vender el petróleo que
hoy se regala, retornar al sector privado las unidades de producción y las
empresas expropiadas.
Hay
que crear confianza y dar estímulo al sector productivo privado, garantizando
la seguridad jurídica, respetando la propiedad privada, abandonando la
aplicación de controles excesivos y la intervención en los procesos productivos
y comerciales, entre otras medidas necesarias, para generar la creación de
empleos de calidad, con medidas de inclusión social, fundamentadas en la
formación y la educación para el trabajo.
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