Por Fernando Ochoa
Antich, 15/06/2015
La sorprendente
posición asumida recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro al decretar la
Zona de Defensa Integral de la Fachada Atlántica es una necesaria respuesta
ante la provocativa e intransigente posición mantenida tanto por el anterior
como el actual gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Así lo mantuve
en mi artículo de opinión titulado en “Defensa de nuestra soberanía” del 17 de
mayo del presente año al afirmar que “sólo existe una forma práctica de
preservar nuestra soberanía: definir unilateralmente los límites marítimos de
Venezuela en su salida al Atlántico, incluyendo plataforma continental y zona
económica exclusiva, y mantener un permanente patrullaje de nuestra Armada en
dichas áreas marítimas con la finalidad de establecer claramente nuestra
indiscutible posesión”. Esa ha sido siempre la posición de la Fuerza Armada
Nacional al mantener nuestra Armada un constante y tradicional patrullaje en
las áreas marítimas que corresponden a Venezuela y que garantizan
nuestra salida al Atlántico.
Digo sorprendente
posición ya que durante los dieciséis años de gobierno chavista se ha mantenido
una actitud entreguista ante las pretensiones guyanesas. Eso lo confirman las
declaraciones de Hugo Chávez, rayanas en traición a la Patria, dadas en los
años 2004 y 2007, al afirmar “que Venezuela no se opone a ningún proyecto de
desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por Guyana, si es en
beneficio de su pueblo” y sostener que “Venezuela inició la reclamación
del Esequibo por presiones de los Estados Unidos para desestabilizar el
gobierno comunista de Cheddy Jagan”, sin considerar que comprometía la
autoridad moral de Venezuela. Esa misma posición la tuvo el canciller Maduro al
no reaccionar, el año 2009, ante el informe del embajador de Venezuela en
Guyana Darío Morandi, que sostenía: “al revisar el mapa anexo queda evidente
que con esta acción Guyana le cerraría a Venezuela su salida al
Atlántico, lo cual sería estratégicamente inconveniente, además de los
perjuicios económicos que representaría para nuestro país perder el acceso a
los recursos marítimos y petroleros”.
Esa actitud
entreguista de Maduro ante Guyana también la ha mantenido desde la presidencia
de la República. A finales de octubre de 2013 los venezolanos fuimos gratamente
sorprendidos por la noticia de la detención por el patrullero venezolano
“Yekuana” del buque RV “Teknik Perdana, contratado por la transnacional
Anadarko para realizar labores de exploración petrolera en la Fachada Atlántica
venezolana al servicio de Guyana. Además, se conoció que la Armada
venezolana había reiniciado sus tradicionales patrullaje en nuestra zona
económica exclusiva. Esa decisión fue tomada por el entonces comandante de la
Armada, almirante Gilberto Pinto Blanco. Curiosamente, al poco tiempo fue
reemplazado de ese cargo. Además, Maduro declaró el año pasado, sin medir las
graves consecuencias, que “recientemente han salido documentos desclasificados
de la década de los 60, 70 y 80 que demuestran quienes eran los intrigantes que
preparaban una guerra con Guyana”…Una inexplicable posición para un jefe de
Estado.
Estas son las
razones por las cuales los venezolanos tenemos profundas dudas sobre el
verdadero objetivo del decreto presidencial 1787 al considerar que tiene por
objetivo fortalecer la decaída imagen de Maduro ante la cercanía de las
elecciones parlamentarias. Ésta complaciente política exterior sólo reaccionó,
en marzo de 2012, ante la absurda e inaceptable solicitud realizada por Guyana
ante la Secretaría General de las Naciones Unidas para ampliar su plataforma
continental a 350 millas, sólo consultando a Barbados, Trinidad y Tobago,
y Surinam, y sin considerar que su solicitud limitaba totalmente la proyección
marítima venezolana generada por el Delta del Orinoco y desconocer la
controversia territorial con Venezuela por el territorio Esequibo, la cual se
rige por el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, por Venezuela y el Reino
Unido, junto con Guyana, próxima a independizarse. La respuesta de Guyana a ese
comunicado de Venezuela desconoce totalmente las consecuencias jurídicas de ese
Acuerdo, irrespetando normas de Derecho Internacional.
El embajador Emilio
Figueredo, un experto en el tema de Guyana, mantuvo recientemente
en unas prudentes declaraciones que “el decreto es una respuesta ante la
inacción de la Cancillería venezolana durante muchos años con respecto a la
actuación de Guyana. Pero si bien es un acto de derecho interno, desde el punto
de vista del derecho internacional es cuestionable porque deja a Guyana prácticamente
sin proyección marítima. Es lo que quiso hacer Guyana con nuestro Delta del
Orinoco. Pero además el decreto afecta la proyección marítima de Surinam y de
Guyana Francesa”. Es muy importante que la Cancillería consulte a expertos en
el tema con la finalidad de evitar cometer nuevos errores. De todas maneras,
hay que saber que la posición intransigente de Guyana por casi cincuenta años,
al impedir “una solución práctica de la controversia” como lo establece el
Acuerdo de Ginebra y atreverse a tomar medidas unilaterales en
contra de la soberanía venezolana y de nuestros derechos en la zona en
Reclamación, es la causa de la actual crisis.
Fernando Ochoa
Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich.
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