Prensa AN 08 de junio de 2016
La
Comisión Mixta conformada por la de Política Interior y la de Cultos y Régimen
Penitenciario de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad, el Informe para
segunda discusión del Proyecto de Ley que Regula el Uso de Teléfonos Celulares
e Internet en los Centros Penitenciarios del país.
La
presidente de la Comisión de Política Interior manifestó que este instrumento
legal establece la obligatoriedad del Estado de instalar aparatos y medidores
de señal, de los denominados “Hamer”, dentro de las instalaciones penales.
Aclaró así mismo que la medida una vez que se ponga en práctica no afecta la
señal de teléfonos y de Internet en las comunidades aledañas a los centros
penitenciarios.
Solórzano
manifestó su satisfacción porque el informe fue aprobado por unanimidad porque
los delincuentes no distinguen afinidad política a la hora de cometer un
delito, secuestro, extorsión o robo de vehículos. “Los colores políticos
distinguen para unas cosas, pero no distinguen para el hambre y la
delincuencia. En aras de que la delincuencia no distingue a quien mata o a
quien roba esta ley fue aprobada por unanimidad”.
“Esperamos
que con esta ley nunca más recibamos una llamada telefónica, proveniente de los
centros penitenciarios, a través de la cual nos digan que tenemos que pagar
rescate por un vehículo robado, secuestro u otro crimen contra la
colectividad”.
Precisó
que el instrumento legal será consignado este jueves por secretaría de la
Asamblea Nacional, para que a más tardar el martes sea sometido a consideración
de la plenaria para su segunda discusión artículo por artículo y aprobado por
unanimidad como sucedió en el seno de la Comisión Mixta.
Recordó
que esta ley garantiza a los privados de libertad su derecho a la comunicación
a través de teléfonos públicos, que deben ser instalados por el Estado en los
centros penitenciarios del país, para que los reos puedan hacer llamadas a sus
familiares. “Repito se prohíbe absolutamente el uso de teléfonos celulares e
Internet dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional, una vez que
entre en vigencia esta norma jurídica”.
Finalmente
explicó que este instrumento fue sometida a un largo proceso de consulta
pública que estuvo acompañada por los medios de comunicación social, donde han
opinado desde las autoridades policiales, hasta rectores de las universidades
de las empresas de telefonía celular, así como los organismos del Estado como
el Ministerio Público, y el de asuntos penitenciarios.
Prensa
AN
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