Por Fernando Peña Herrera,
25/01/2017
En América Latina, con 80% de la
población viviendo en zonas urbanas, uno de los principales retos en el sector
hídrico es el tratamiento de aguas residuales, ya que más del 70% de
éstas son devueltas a la naturaleza sin tratamiento, impactando potencialmente
en la salud pública, en la degradación de los recursos naturales y del medio
ambiente, y en el sector productivo.
Esta situación puede ser el origen de enfermedades
e influye negativamente en la calidad de vida de las personas, así como aumenta
de manera considerable el gasto de los Estados en materia de salud y
medioambiente. En concreto, el costo asociado a cuidados médicos y
pérdidas de productividad supera por mucho la inversión necesaria para depuración. Adicionalmente, las
fuentes de agua contaminadas requieren de procesos muy costosos de tratamiento
para los distintos usos como riego, industria e incluso consumo humano.
Las principales razones para una baja
cobertura en depuración han sido: i) la necesidad de priorizar la
expansión de servicios de agua y alcantarillado; ii) los altos niveles de
pobreza y desigualdad que han fomentado la atención de otras necesidades
sociales urgentes; iii) los altos costos de tratamiento y ausencia de
economía de escala en los prestadores; iv) sistemas tarifarios que no cubren
costos de prestación de servicios y subsidios sin focalizar; y v) excesos
normativos y la aplicación laxa de los controles sobre la normativa vigente.
La situación ha empezado a cambiar y ha
aumentado la atención de los gobiernos nacionales y locales hacia esta
problemática motivados por los altos niveles de cobertura de agua potable y
alcantarillado alcanzados en los últimos años, la situación financiera
sólida de algunos prestadores, particularmente en las grandes ciudades, y la
mejora de las condiciones socioeconómicas de la población latinoamericana.
De hecho, en los últimos años se han visto
notables avances y CAF –Banco
de Desarrollo de América Latina- ha sido un actor importante para la región. Un
caso emblemático es el apoyo continuo que ha brindado al Programa de Saneamiento de Panamá, que viene
impulsando una prestación planificada y técnica de los servicios de saneamiento
en el área metropolitana y la bahía. Este programa incluye el diseño,
construcción y operación de sistemas de alcantarillado y de tratamiento de
aguas residuales, que beneficia a más de 1,5 millones de personas.
Para incrementar a nivel regional de 30% a 64% la
cobertura de tratamiento de aguas residuales y alcanzar un 94% de cobertura en
alcantarillado en 2030, CAF estima que la necesidad total de inversión
hasta ese año es de unos USD 33.000 millones para infraestructura de
tratamiento, y USD 79.000 millones para alcantarillado.
Otro aspecto relevante en este ámbito es el
intercambio de conocimiento y experiencias entre los países. Este año, en cooperación con el CEDEX y la AECID, se realizó en Madrid la primera edición
del Curso Iberoamericano sobre Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de
Estaciones Depuradoras. El curso tuvo una orientación a la realidad
latinoamericana en temáticas como el diseño, operación y explotación de las
plantas, e incluyó discusiones en temas de política pública, normatividad y
planificación del sector. Todos estos esfuerzos contribuyen a generar
condiciones estructurales que mejoren la salud de la población, así como su
calidad de vida y las condiciones de su entorno.
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