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lunes, 30 de enero de 2017

Verónica Zubillaga: “Hemos tenido históricamente un déficit de ciudadanía” por @contrapuntovzla


Por Nelson González Leal


OLP - ahora con "H"-, militarización, violencia, miedo, papel del Estado y responsabilidad ciudadana, organización civil y eficacia colectiva. Son estos los temas tratados con la doctora en Sociología de la violencia y el crimen, Verónica Zubillaga

Del miedo a la venganza, pasando por la autodefensa ciudadana, parece moverse el escenario social venezolano de la última década. Índices de violencia que nos igualan con las notas más terribles y atroces de los países del norte de Centroamérica, donde la vida depende del tipo de relación que se mantenga con la organización criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, colocan a Venezuela como un país poco atractivo y, en definitiva, nada apto para vivir feliz. La respuesta gubernamental para neutralizar esa especie de "estado de sitio" que la delincuencia mantiene, por lo menos en Caracas, ha sido dura, y cuestionable: operativos policiales y militares con fuerzas especiales y alto poder de fuego, cuyo resultado se impregna de múltiples denuncias por violación de derechos humanos. El Gobierno ha intentado dar una respuesta -y hacer un tímido ejercicio de mea culpa- asegurando el inicio de una nueva etapa de estos operativos, que ha calificado de integral y humanista; enorme paradoja esta, porque el humanismo, como doctrina y como práctica, se ha valido siempre del intelecto y de la pluma, y no de la brutalidad y del fusil.

Verónica Zubillaga, doctora en sociología de la violencia y del crimen, y activista por los derechos ciudadanos, ha escrito y debatido con suficiencia sobre las deformaciones en la aplicación de políticas oficiales que se sustentan en el empleo de la represión y el poder de fuego, en el marco del aumento de índices de violencia urbana. Su experiencia en los barrios caraqueños, y en especial con el proceso de "reconversión" del barrio Catuche -modélico en la práctica de neutralización de la violencia, generada desde la propia acción comunitaria- la ubican como una referencia al momento de discutir el tema. Ella ha advertido que hemos pasado de la sociedad del miedo a la de una profunda hostilidad a la diferencia, y esto pudiera significar que nuestra sociedad se ha ubicado en un estadio primario para la instauración de acciones de venganza colectiva.


Desde la institucionalidad del Estado estas acciones parecen materializarse en los llamados Operativos para la Liberación del Pueblo (OLP), que presentan como corolario el hecho de que la "liberación" se produce a través de la muerte. La respuesta de cierto sector de la sociedad, aquel donde la "hostilidad a la diferencia" se manifiesta con mayor hondura, no se ha hecho esperar en favor de los "efectos profilácticos" de la OLP, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos y de uso excesivo de la fuerza, y al cariz vengativo de algunas de sus intervenciones. Sobre estos aspectos conversamos con esta especialista en violencia urbana, en un intento de comprender hasta dónde la propia sociedad/pueblo puede llegar a ser responsable de las atrocidades que un Estado represor comete contra su propia base de sustento: la ciudadanía.


OLP en barrio La Vega. Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio

En una entrevista que te hizo para el portal Prodavinci, el periodista Hugo Prieto califica a la OLP como “una fábrica de muerte”. ¿Dejará de ser esto así por la inclusión del adjetivo Humanista?

Es un contrasentido incluir el adjetivo humanista en una política que ha tenido consecuencias gravísimas, como la masiva violación de derechos humanos. Y de hecho, hay una estrategia militarizada de ocupación que por principio, o intrínsecamente, es lo opuesto al humanismo. Distintos organismos coinciden en que en el año 2016 estas políticas de militarización de la seguridad y de matanzas han dejado centenares de muertos. Lo que creo es que es una estrategia discursiva para tratar de lidiar con las críticas, y nada más, porque no se ve una modificación de la política.

Si erradicaran este tipo de políticas y comenzaran con las de prevención, se podría decir que hay un giro, pero en el plan llamado “Carabobo 21” no se percibe el menor giro hacia políticas humanistas o preventivas, o a la generación de oportunidades. Porque en el fondo esta primera línea de creación de canchas y cultura se inserta dentro de políticas intermitentes de pequeñas cositas, o pequeños caramelitos, pero no hay una línea estructural, por ejemplo, de atención a jóvenes.

Estamos en una economía devastada, y hay que pensar ¿dónde se van a insertar los jóvenes? Es decir, con esta inflación galopante, ¿qué le vas a decir a un joven? ¿Que se meta a mandadero, donde va a ganar un salario que no le da? Y no es que no le da, como antes, para consumir objetos suntuarios o de marca; es que no le da para comer.

Quiero bajar un poco a una situación que se está haciendo cotidiana (lo escuchaba hace una semana mientras hacía la cola para comprar pan) y es la aprobación de algún sector de la ciudadanía de la tesis del “gendarme necesario” (aquella que expuso el ideólogo y apologista del régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, Laureano Vallenilla Lanz, en 1911) como la salida más eficaz a la crisis, sobre todo en el tema de la inseguridad. Desconcierta, sobre todo, por dos razones: escuchar esta aprobación en personas que apenas llegan a los 40 años, y por el hecho de que se ignora que el “gendarme necesario”, en su aplicación de la violencia como fórmula de control social y garantía de paz, se torna enemigo de la Constitución y de la sociedad al generar caos y mayor violencia. Se ignora, en pocas palabras, que ya el “gendarme necesario” pasó por aquí. ¿No refleja esto, acaso, el grado de responsabilidad que tiene también la sociedad en la instauración de estas políticas de represión?

Es que la gente se siente huérfana, desamparada, y entonces se genera un clamor desesperado para poner orden; lo he percibido en las conversaciones que he tenido en los barrios. Esto resulta también un contrasentido, porque hemos tenido mano dura desde que se inaugura esta nueva fase de militarización de la seguridad ciudadana, claramente con el DIBISE (Dispositivo Bicentenario de Seguridad), seguido del Plan Patria Segura, luego la OLP y ahora la OLP “humanista”, y también es verdad que los operativos de seguridad militarizados han sido la política a lo largo de toda nuestra historia, y las cifras de homicidio no han bajado de manera importante. Tenemos la población carcelaria más alta de toda la historia, el mismo Tarek El Aissami cuando fue ministro lanzó un tuit que aseguraba esto, y bueno, ¿cuáles son los resultados?

Lo que tenemos es una suerte de micro guerra, porque esta política militarizada, de mano dura, que más bien sigue una lógica de la venganza, este Estado justiciero, vengador, que intenta tomar terreno, lo que ha generado es una reorganización en las redes criminales y alianzas para responder.


Marcha ciudadana "No más muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal

Un Estado vengador apoyado por una sociedad que también quiere venganza. Me preocupa que nos quedemos solo en apuntar las fallas del Estado e ignoremos la responsabilidad ciudadana. Y lo digo porque tú misma has asegurado que en Venezuela ya no estamos en el miedo, sino en un modelo profundamente hostil a la diferencia. Un modelo que intuyo no es solo institucional, sino también social, y que no se queda en la animadversión a lo diferente, sino que se complementa con la indiferencia sobre lo que suceda a todo lo que “no es igual a mí”. Es decir, entiendo la responsabilidad del Estado, pero ¿hasta dónde llega la de la ciudadanía?

Claro, es decir, uno por supuesto que tiene que ver al Estado en relación a la sociedad, pero también una de las premisas básicas del Estado es la garantía de la preservación de la vida y la integridad física de los ciudadanos, y en ese sentido tiene una gran responsabilidad porque ese es un atributo de su razón de ser.

La gente aterrada lo que pide es mano dura y desde allí sigue la lógica de la venganza, pero yo insisto mucho en que uno de los atributos fundamentales del Estado es la garantía de la protección y la seguridad de los ciudadanos, es parte de su abc. Y creo que las políticas de seguridad han contribuido a incrementar la violencia.

Un gravísimo problema es el de las armas. Desde el inicio de todo un discurso sobre la revolución pacífica pero armada, se produce un consentimiento sobre el uso de las armas. Fíjate además que hace dos semanas vimos las imágenes terribles del presidente Maduro manipulando un arma enorme, que no sabía utilizar. Eso fue una escena tragicómica, porque se constituyó en la metáfora de un grupo que no sabe bien qué hacer, y a esto se le suma un discurso profundamente ignorante desde el cual se anuncia que van a distribuir armas para la defensa de la revolución. Es ignorante porque las armas circulan todo el tiempo, son objetos que se prestan, se roban, entonces distribuir armas ha sido también una de las razones de esta problemática.

La gente se fue armando por la inseguridad, pero también hay muchísimas armas por esta revolución que era pacífica pero armada, y que dejó de ser pacífica. Esas imágenes del presidente Maduro marcan un hito, porque un mensaje de distribuir armas a la población es gravísimo, sobre todo en un país donde tenemos las tasas de homicidio, junto con El Salvador, más elevadas del continente americano, donde tenemos la proporción más elevada de usos de armas de fuego en los homicidios. Hay una cadena de errores que nos llevan a la situación en la que hoy estamos entrampados.

¿Esa cadena de errores explicaría por qué no funcionó la tesis propugnada por el gobierno de Hugo Chávez de que con las políticas sociales la delincuencia se acabaría?

Lo que pasa es que también tuvimos una coyuntura en la que hubo una gran cantidad de dinero vinculado al ingreso petrolero que pudo distribuirse en misiones sociales, pero cuando se analizan los resultados, lo que puede leerse es que fue una coyuntura de distribución de ingresos, pero que estructuralmente no se produjo una significativa modificación. En ese sentido se podía ver que la gente tenía más acceso al consumo, pero seguía viviendo en un barrio con enormes adversidades. Y esto obliga a dar toda una reflexión, porque finalmente no se terminó lidiando con la desigualdad. Hubo una mejoría coyuntural, pero las bases de la desigualdad no se vieron afectadas.


OLP en barrio La Vega. Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio

Eso apunta a lo que sabemos que ha sido una política errada de todos nuestros gobiernos (por quedarnos solo acá y no hablar del Continente): considerar a la pobreza como el problema a combatir y no como la consecuencia de la inadecuada distribución de la riqueza y de las oportunidades.

También lo que creo es que aquí se agrega que hubo una fragmentación importante del Estado y se hizo evidente una tensión en el sector civil y el militar dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, en un contexto de polarización política y de desconfianza tan intenso, que se da incluso dentro del chavismo. Fíjate que ha habido 16 ministros en todos estos años que han hecho imposible la sostenibilidad de cualquier política. Por ejemplo, y no me canso de repetirlo, una oportunidad preciosa se perdió con la reforma de la policía. Es decir, hubo un esfuerzo significativo en transformar la policía, se invirtieron recursos, y ese proceso se truncó para decir que a la policía le hace falta más disciplina militar. Eso es falso, a la policía lo que hay es que invertirle más recursos para que los agentes puedan tener mejores condiciones de vida, para poder fortalecer las labores de inteligencia policial. La política de control de armas, también se truncó.

Comparto contigo lo de la desconfianza, es un signo marcante de nuestro tiempo político y de este gobierno, que sin duda desconfía hasta de sí mismo. Y en este contexto pareciera que el Gobierno tiene la necesidad de generar esa desconfianza en toda la población, muestra de ello es la creación de la figura del “patriota cooperante”, porque la introducción de la figura del infiltrado, por un lado, y por el otro la del delator o “patriota cooperante” lo que termina por hacer, a la larga, es generar una mayor desconfianza en las comunidades.

Bueno, ese tipo de figuras entra dentro de una matriz más amplia, la de la militarización de la sociedad. Bajo un proceso de militarización de la sociedad la realidad se lee como una guerra y el adversario se lee como enemigo, o incluso en la situación de la criminalidad la delincuencia no se ve como un problema que hay que atacar, sino como enemigo. Dentro de esta lógica la sociedad se divide en ciudadanos decentes y enemigos, o en patriotas y traidores, y esa es una de las formas de relación social que está incluida en este modelo, lo que nos ha hecho un gran daño.


OLP en barrio La Vega. Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio

En los últimos cinco o seis años he percibido un cambio preocupante en los modos de ejecución de la violencia: linchamientos, descuartizamientos, gente quemada. Muertes atroces que, no es que no se hayan dado antes, sino que no con tanta frecuencia y saña. Ese tipo de muerte se inscribe en modos de operación típicos de los carteles del narcotráfico y de los grupos paramilitares, que las emplean como mensajes intimidatorios y ejemplarizantes de su poder. ¿Hemos importado ese tipo de violencia?

Creo que los linchamientos son un síntoma de una ruptura de pactos políticos y sociales básicos entre la ciudadanía, y también entre ésta y el Estado. Quisiera recordar que a mediados de los años noventa tuvimos linchamientos, pero constituyeron justamente el síntoma de la ruptura del pacto político y social. Entonces, estamos regresando a la figura de los linchamientos y de nuevo es una señal muy grave de ruptura de pactos.

Con la tesis de los paramilitares hay que tener mucho cuidado porque es justamente la justificación para los operativos militarizados masivos y también es la fusión del enemigo político con la criminalidad, y en ese sentido justifica que el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) participe en labores de seguridad ciudadana, lo que es muy, muy grave.

Yo que he trabajado en barrios donde no hay paramilitares, sé que ese no es el problema, sino las confrontaciones armadas regulares entre delincuentes. Hay que hacer una investigación seria sobre el paramilitarismo, que me parece más un discurso que justifica los operativos y que además está en la razón de ser de las OLP.

Ahora, sí concuerdo en que hay una mayor crueldad en la violencia, y creo que tiene que ver con esta situación que hemos hablado de que para la gente hay cada vez menos control, no se siente protegida, no hay justicia. La gente no se siente protegida por la policía. La policía es una vengadora. Es decir, si el propio Estado viola masivamente los derechos humanos, bueno, ¿cómo la gente no va a linchar?

La policía es una vengadora y es también parte del problema delincuencial. Nos enfrentamos a esa doble situación: o la policía está ejecutando delincuentes a través de la OLP, o está secuestrando ciudadanos involucrada con las bandas delictivas.

De nuevo en estos temas el Estado está en el centro del análisis, o por omisión, en la raíz de este tremendo desamparo que siente la gente, o por exceso, es decir, por los operativos militarizados donde se violan derechos humanos y hay uso desmesurado de la fuerza, pero también por la participación de agentes de las fuerzas del orden -y no generalizo- en crímenes.


OLP en barrio La Vega. Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio

¿Y qué pasó con propuestas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad?

Allí retomo el tema de que las políticas más interesantes se truncaron. Todo lo que se logró con lo que fue la reforma de la policía, se truncó. Toda la propuesta era darle un giro civil a la policía para fortalecer las condiciones de vida de los agentes, para fortalecer una policía civil ocupada de los conflictos civiles. La UNES, que creo que fue una iniciativa muy interesante, ahora está tomada por militares. En ese sentido creo que la tensión que hubo en el ámbito de la seguridad ciudadana dentro del chavismo terminó por imponer de manera aplastante al sector militar.

El periodista, activista urbano y columnista de Contrapunto, Cheo Carvajal, en su artículo del miércoles 25 para la columna “Caracas pública”, titulado La H es muda, pregunta: ¿Cómo podría ser una política de seguridad en un país en el que hay sobreabundancia del crimen? Y yo complemento con esta interrogante: ¿Qué significa tener políticas de inteligencia policial focalizadas?

Primero que todo habría que establecer una política seria de control de armas y de municiones. En ese sentido lamento profundamente que de nuevo se hayan truncado todos los esfuerzos que se iniciaron con la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme, porque allí hubo todo un aprendizaje que sencillamente no se llevó a cabo.

Aquí quiero aclarar algo: en Venezuela no se producen armas, pero sí municiones por parte de Cavim, y bueno, las armas no funcionan sin municiones, es decir que comenzar a poner orden en todo lo que es la producción, distribución y flujo de municiones es un paso fundamental. Lo que creo es que no hay interés político, porque las municiones generan muchas ganancias y hay muchos intereses creados.

En ese sentido, cuando hablamos de la policía puedo decirte que colegas que han hecho investigaciones revelan que los agentes policiales también se sienten desamparados; es decir, no se sienten resguardados en sus condiciones laborales. Entonces, si esa policía que debería estar en una tacita de plata porque son nuestros protectores, se siente así, imagina.

Ahora, otro de los grandes olvidados por el Estado son los jóvenes. Hubo Misiones para muchos sectores, para las madres, para los niños, para los campesinos, ¿y qué pasó con los jóvenes? Fueron los grandes olvidados, y son los candidatos por excelencia para insertarse en el esquema de las economías ilícitas, porque en algún lugar se tienen que insertar con sus expectativas de consumo, de formación de identidad, de respeto.

Y otro elemento importante es la atención a la ciudad como espacio público para la convivencia.


Marcha ciudadana "No más muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal

Tú sostienes que hemos perdido la ciudad como espacio público para la convivencia.

Claro, estamos en una ciudad que ya no es de guetos, como propone Teresa Caldeira sobre São Paulo, sino en una que tiene un modelo arquitectural de confinamiento amenazante. Es decir, uno va caminando y ve estas rejas eléctricas con púas que solo las conocía por las películas sobre las guerras mundiales y los campos de concentración. Además es una ciudad oscura, y la gente tiene miedo. ¿Cómo la recuperas? Fortaleciendo el espacio público, iluminándolo para que la gente se sienta amparada, promoviendo también ritos, festividades, espacios para abrir e invitar al encuentro, a la convivencia. Son varios niveles de políticas que es importante entrelazar y que se juegan en esta dinámica de políticas locales con la política nacional.

Voy a insistir sobre las dinámicas micro que corresponden a las acciones ciudadanas, porque cuando hablas del oscurecimiento de la ciudad, yo te remito al oscurecimiento de un edificio residencial (hablo en este caso por experiencia propia) y a las propuestas que se generan desde las Juntas de Condominio o desde algunas mentes (pre)ocupadas y sensatas entre los vecinos para, por ejemplo, establecer cuotas especiales que cubran la reposición de bombillos y el montaje de reflectores para iluminar los alrededores del edificio. ¿Qué sucede cuando estas propuestas no tienen respuesta total de los vecinos? ¿Cuando parece que hubiera una actitud de ocupación en lo particular, en lo que atañe a los intereses de seguridad individual, y no al vecinal?

Creo que eso tiene que ver con un contexto económico muy terrible donde ahora casi que la gente está dedicando su ingreso a la comida. Hay un desajuste, todo ha venido aumentando, entonces es difícil ponerse de acuerdo porque los recursos están muy escasos. Sí creo que hay muchísimas dificultades, estamos en un contexto adverso que se refleja en todos los ámbitos…


Marcha ciudadana "No más muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal

¿Es difícil ponerse de acuerdo ahora que los recursos están escasos o ha sido difícil ponerse de acuerdo en este país desde hace mucho tiempo? Insisto en el tema porque quiero ir al aspecto cultural, al ¿qué nos ha llevado como ciudadanía, más allá de un Estado ineficiente, a estar en esta situación de orfandad? Es decir, una ciudadanía que es capaz de organizarse, más allá de que el Estado no le responda, obliga al Estado a responder.

Sí, hemos tenido históricamente un déficit de ciudadanía. Cuando comenzó el incremento de la violencia en la década de los noventa, hubiésemos podido movilizarnos como ciudadanos para exigir una mejor policía, mejor educación para los jóvenes, y no lo hicimos. En efecto, lo que ha prevalecido son las salidas individuales, como cerrar nuestra calle, poner una reja en nuestra puerta, subir un muro. Pero eso hoy no es suficiente y entonces se acude al cerco eléctrico. Y la verdad es que esas salidas de repliegue no rinden frutos, y en efecto creo que tienen que ver con la incapacidad ciudadana de colectivizar los problemas y de abordarlos de manera pública.

Hemos tenido como sociedad una gran incapacidad de entendernos como interdependientes, porque si venía incrementándose la violencia en el barrio y las muertes ocurrían en un número significativo y muy representativo desde muy temprano en la década de los noventa, bueno las urbanizaciones estaban sordas y ciegas frente a esta realidad. Entonces, sí existe una estrechez para entender que si en el barrio no están bien, en la urbanización tampoco se puede estar bien, aunque se aumente el muro y luego se le coloque un cerco eléctrico.

Ha habido un déficit de ciudadanía y es que esta implica el acuerdo de la interdependencia, porque como compartimos una ciudad dependemos unos de otros. Hay que pensar en términos de flujo, de coparticipación en esta ciudad que es nuestro escenario.

¿Estamos a las puertas de una guerra civil, donde, por lo que se ve, habría tres bandos enfrentados: la fuerza del Gobierno que controla las instituciones del Estado, la sociedad/pueblo, y la delincuencia organizada, que por el camino que vamos llegará a constituirse en un Estado paralelo?

Un país que tiene una tasa de homicidios tan elevada está, en efecto, en un proceso de conflictividad armada. Hay muchísimos frentes de conflictividad armada, desde el ciudadano que le pega un tiro al otro carro que se le atravesó, al malandro que se enfrenta al policía. Es un proceso de conflictividad armada, porque no hay una guerra oficial, pero sí unos micro regímenes de confrontaciones armadas en muchísimos espacios entre muchos sectores simultáneamente. Todos sentimos que estamos en la experiencia de una guerra. A mí ya me han asaltado tres veces con armas. Y las armas, como objetos, se encuentran en muchos espacios de nuestra vida social, uno va a un mercado y está un militar con un arma larga, y en la calle te atracan cotidianamente personas armadas. Además, los saldos de muertes que tenemos son los de una guerra.


OLP en barrio La Vega. Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio

Hablemos de experiencias comunitarias positivas. Catuche, por ejemplo.

Sobre Catuche quiero subrayar que ese proceso comunitario fue producto de redes sociales de solidaridad que se instauraron allí y que fortalecieron procesos de eficacia colectiva. La eficacia colectiva se da cuando nos sentimos agentes y responsables de lo que pasa en nuestra comunidad. Entonces allí hubo un procedimiento inicial de mejoramiento urbano, de mejoría de las condiciones materiales de existencia, y eso es fundamental. Luego hubo un desarrollo cultural importante, en términos de mensaje, vinculado también a las comunidades cristianas, que se enfocó en el diálogo como forma de resolución de conflictos, para desterrar la venganza y la muerte del Otro. En este sentido hubo procesos dolorosos de muertes sistemáticas, pero bueno, allí lo que resulta es que las madres del barrio Catuche, con el apoyo de Fe y Alegría, deciden un acto de micro política fundamental: no nos podemos seguir matando, vamos a hacer unos pactos mínimos de convivencia.

Aprendizaje fundamental allí fue el que el ejercicio de la política se basa en pactos para generar acuerdos y no la eliminación del Otro. Eso es un micro ejemplo del ejercicio de la política. Y en ese sentido se trató de retomar el derecho a la vida, lo que es urgente.

¿La experiencia de Catuche es reproducible?

Creo que es una experiencia muy particular, que nos puede dar pistas, pero no diría que es reproducible, es muy difícil. Como digo, hay aprendizajes sobre cómo fortalecer procesos de eficacia colectiva. Pero en comunidades muy desfavorecidas la gente se siente incapaz, porque no puede, porque está resolviendo todas las urgencias. Entonces es un proceso que exige acompañamiento, fortalecimiento de las comunidades, y eso sucede en Catuche porque no es cualquier barrio. Allí hubo un proceso de mejoramiento urbano fundamental, un proceso cultural, participación de redes y presencia de arquitectos, sacerdotes, maestros, psicólogos. Pensar que las comunidades deben asumir solas la seguridad ciudadana es un tremendo error. Siempre que hablo de la experiencia de Catuche, de una vez alerto: las comunidades no se pueden ocupar de una labor que es fundamentalmente del Estado, pero sí se puede, como estrategia preventiva, fortalecer a las comunidades, por ejemplo, en el manejo de jóvenes y en la resolución de conflictos.


Marcha ciudadana "No más muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal

¿Qué esperanza tenemos de que esta situación de crisis y de violencia que estamos viviendo cese, a la manera de la experiencia de Bogotá o de Nueva York? Porque pareciera que estamos copiando la experiencia brasileña de las zonas de paz y la policía militar. Y además, ¿qué hacer como ciudadanos frente a todo esto?

Es que ni siquiera se trata de la experiencia brasileña, porque en Brasil la política es este juego entre el palo y la zanahoria, es decir, represión acompañada de extensión de oportunidades, pero es que aquí solo tenemos el palo, no hay zanahoria, no tenemos generación de oportunidades. Aquí estamos en una represión que cae en el uso excesivo de la fuerza.

Creo que lo que hay que hacer es tomar el ejemplo de ciudades tan complicadas como Medellín, y también tener una concepción de la cultura que se relacione con el contexto, y no esa conservadora que se reduce a los valores tradicionales, y que establezca un intercambio entre la vigilancia, el control y la oportunidad de buen servicio, con una política de seguridad ciudadana que intente transformar contextos, y que se juegue entre el control y las normas claras, con los debidos incentivos para el consenso.

Y mira, una política de transformación urbana es fundamental y todo lo que nosotros llamamos elementos situacionales, es decir, control de armas, de ingesta de alcohol, y luego a más largo plazo se pueden tener los resultados de una política de inclusión juvenil. No hemos tenido, en el fondo, nada de esto.

Y lo que nos compete como ciudadanos es no dejar de exigir nuestros derechos y junto a ello la aplicación de las políticas de seguridad ciudadana deben entrar dentro de estas exigencias con el respeto del derecho a la vida. Nos tenemos que movilizar para exigir al Estado que desarrolle una política de seguridad ciudadana respetuosa de las garantías democráticas, aunque estamos en un contexto muy adverso donde lo que se ha impuesto es la mirada militar sobre el problema.

29-01-17

http://www.contrapunto.com/noticia/veronica-zubillaga-hemos-tenido-historicamente-un-deficit-de-ciudadania-119015/