Por Nelson González Leal
OLP - ahora con
"H"-, militarización, violencia, miedo, papel del Estado y
responsabilidad ciudadana, organización civil y eficacia colectiva. Son estos
los temas tratados con la doctora en Sociología de la violencia y el crimen,
Verónica Zubillaga
Del miedo a la venganza,
pasando por la autodefensa ciudadana, parece moverse el escenario social
venezolano de la última década. Índices de violencia que nos igualan con las
notas más terribles y atroces de los países del norte de Centroamérica, donde
la vida depende del tipo de relación que se mantenga con la organización
criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, colocan a Venezuela como
un país poco atractivo y, en definitiva, nada apto para vivir feliz. La
respuesta gubernamental para neutralizar esa especie de "estado de
sitio" que la delincuencia mantiene, por lo menos en Caracas, ha sido
dura, y cuestionable: operativos policiales y militares con fuerzas especiales
y alto poder de fuego, cuyo resultado se impregna de múltiples denuncias por
violación de derechos humanos. El Gobierno ha intentado dar una respuesta -y
hacer un tímido ejercicio de mea culpa- asegurando el inicio de una nueva
etapa de estos operativos, que ha calificado de integral y humanista; enorme
paradoja esta, porque el humanismo, como doctrina y como práctica, se ha valido
siempre del intelecto y de la pluma, y no de la brutalidad y del fusil.
Verónica Zubillaga, doctora en
sociología de la violencia y del crimen, y activista por los derechos
ciudadanos, ha escrito y debatido con suficiencia sobre las deformaciones en la
aplicación de políticas oficiales que se sustentan en el empleo de la represión
y el poder de fuego, en el marco del aumento de índices de violencia urbana. Su
experiencia en los barrios caraqueños, y en especial con el proceso de
"reconversión" del barrio Catuche -modélico en la práctica de
neutralización de la violencia, generada desde la propia acción comunitaria- la
ubican como una referencia al momento de discutir el tema. Ella ha advertido
que hemos pasado de la sociedad del miedo a la de una profunda hostilidad a la
diferencia, y esto pudiera significar que nuestra sociedad se ha ubicado en un
estadio primario para la instauración de acciones de venganza colectiva.
Desde la institucionalidad del
Estado estas acciones parecen materializarse en los llamados Operativos para la
Liberación del Pueblo (OLP), que presentan como corolario el hecho de que la
"liberación" se produce a través de la muerte. La respuesta de cierto
sector de la sociedad, aquel donde la "hostilidad a la diferencia" se
manifiesta con mayor hondura, no se ha hecho esperar en favor de los
"efectos profilácticos" de la OLP, pese a las denuncias de
violaciones de derechos humanos y de uso excesivo de la fuerza, y al cariz
vengativo de algunas de sus intervenciones. Sobre estos aspectos conversamos
con esta especialista en violencia urbana, en un intento de comprender hasta
dónde la propia sociedad/pueblo puede llegar a ser responsable de las
atrocidades que un Estado represor comete contra su propia base de sustento: la
ciudadanía.
OLP en barrio La Vega.
Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio
En una entrevista que te hizo
para el portal Prodavinci, el periodista Hugo Prieto califica a la OLP
como “una fábrica de muerte”. ¿Dejará de ser esto así por la inclusión del
adjetivo Humanista?
Es un contrasentido incluir el
adjetivo humanista en una política que ha tenido consecuencias gravísimas, como
la masiva violación de derechos humanos. Y de hecho, hay una estrategia
militarizada de ocupación que por principio, o intrínsecamente, es lo opuesto
al humanismo. Distintos organismos coinciden en que en el año 2016 estas
políticas de militarización de la seguridad y de matanzas han dejado centenares
de muertos. Lo que creo es que es una estrategia discursiva para tratar de
lidiar con las críticas, y nada más, porque no se ve una modificación de la
política.
Si erradicaran este tipo de
políticas y comenzaran con las de prevención, se podría decir que hay un giro,
pero en el plan llamado “Carabobo 21” no se percibe el menor giro hacia
políticas humanistas o preventivas, o a la generación de oportunidades. Porque
en el fondo esta primera línea de creación de canchas y cultura se inserta
dentro de políticas intermitentes de pequeñas cositas, o pequeños caramelitos,
pero no hay una línea estructural, por ejemplo, de atención a jóvenes.
Estamos en una economía
devastada, y hay que pensar ¿dónde se van a insertar los jóvenes? Es decir, con
esta inflación galopante, ¿qué le vas a decir a un joven? ¿Que se meta a
mandadero, donde va a ganar un salario que no le da? Y no es que no le da, como
antes, para consumir objetos suntuarios o de marca; es que no le da para comer.
Quiero bajar un poco a una
situación que se está haciendo cotidiana (lo escuchaba hace una semana mientras
hacía la cola para comprar pan) y es la aprobación de algún sector de la
ciudadanía de la tesis del “gendarme necesario” (aquella que expuso el ideólogo
y apologista del régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, Laureano Vallenilla
Lanz, en 1911) como la salida más eficaz a la crisis, sobre todo en el tema de
la inseguridad. Desconcierta, sobre todo, por dos razones: escuchar esta
aprobación en personas que apenas llegan a los 40 años, y por el hecho de que
se ignora que el “gendarme necesario”, en su aplicación de la violencia como
fórmula de control social y garantía de paz, se torna enemigo de la
Constitución y de la sociedad al generar caos y mayor violencia. Se ignora, en
pocas palabras, que ya el “gendarme necesario” pasó por aquí. ¿No refleja esto,
acaso, el grado de responsabilidad que tiene también la sociedad en la
instauración de estas políticas de represión?
Es que la gente se siente
huérfana, desamparada, y entonces se genera un clamor desesperado para poner
orden; lo he percibido en las conversaciones que he tenido en los barrios. Esto
resulta también un contrasentido, porque hemos tenido mano dura desde que se
inaugura esta nueva fase de militarización de la seguridad ciudadana,
claramente con el DIBISE (Dispositivo Bicentenario de Seguridad), seguido del
Plan Patria Segura, luego la OLP y ahora la OLP “humanista”, y también es
verdad que los operativos de seguridad militarizados han sido la política a lo
largo de toda nuestra historia, y las cifras de homicidio no han bajado de
manera importante. Tenemos la población carcelaria más alta de toda la
historia, el mismo Tarek El Aissami cuando fue ministro lanzó
un tuit que aseguraba esto, y bueno, ¿cuáles son los resultados?
Lo que tenemos es una suerte
de micro guerra, porque esta política militarizada, de mano dura, que más bien
sigue una lógica de la venganza, este Estado justiciero, vengador, que intenta
tomar terreno, lo que ha generado es una reorganización en las redes criminales
y alianzas para responder.
Marcha ciudadana "No más
muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal
Un Estado vengador apoyado por
una sociedad que también quiere venganza. Me preocupa que nos quedemos solo en
apuntar las fallas del Estado e ignoremos la responsabilidad ciudadana. Y lo
digo porque tú misma has asegurado que en Venezuela ya no estamos en el miedo,
sino en un modelo profundamente hostil a la diferencia. Un modelo que intuyo no
es solo institucional, sino también social, y que no se queda en la animadversión
a lo diferente, sino que se complementa con la indiferencia sobre lo que suceda
a todo lo que “no es igual a mí”. Es decir, entiendo la responsabilidad del
Estado, pero ¿hasta dónde llega la de la ciudadanía?
Claro, es decir, uno por
supuesto que tiene que ver al Estado en relación a la sociedad, pero también
una de las premisas básicas del Estado es la garantía de la preservación de la
vida y la integridad física de los ciudadanos, y en ese sentido tiene una gran
responsabilidad porque ese es un atributo de su razón de ser.
La gente aterrada lo que pide
es mano dura y desde allí sigue la lógica de la venganza, pero yo insisto mucho
en que uno de los atributos fundamentales del Estado es la garantía de la
protección y la seguridad de los ciudadanos, es parte de su abc. Y creo que las
políticas de seguridad han contribuido a incrementar la violencia.
Un gravísimo problema es el de
las armas. Desde el inicio de todo un discurso sobre la revolución pacífica
pero armada, se produce un consentimiento sobre el uso de las armas. Fíjate
además que hace dos semanas vimos las imágenes terribles del presidente Maduro
manipulando un arma enorme, que no sabía utilizar. Eso fue una escena
tragicómica, porque se constituyó en la metáfora de un grupo que no sabe bien
qué hacer, y a esto se le suma un discurso profundamente ignorante desde el
cual se anuncia que van a distribuir armas para la defensa de la revolución. Es
ignorante porque las armas circulan todo el tiempo, son objetos que se prestan,
se roban, entonces distribuir armas ha sido también una de las razones de esta
problemática.
La gente se fue armando por la
inseguridad, pero también hay muchísimas armas por esta revolución que era
pacífica pero armada, y que dejó de ser pacífica. Esas imágenes del presidente
Maduro marcan un hito, porque un mensaje de distribuir armas a la población es
gravísimo, sobre todo en un país donde tenemos las tasas de homicidio, junto
con El Salvador, más elevadas del continente americano, donde tenemos la
proporción más elevada de usos de armas de fuego en los homicidios. Hay una
cadena de errores que nos llevan a la situación en la que hoy estamos
entrampados.
¿Esa cadena de errores
explicaría por qué no funcionó la tesis propugnada por el gobierno de Hugo
Chávez de que con las políticas sociales la delincuencia se acabaría?
Lo que pasa es que también
tuvimos una coyuntura en la que hubo una gran cantidad de dinero vinculado al
ingreso petrolero que pudo distribuirse en misiones sociales, pero cuando se
analizan los resultados, lo que puede leerse es que fue una coyuntura de
distribución de ingresos, pero que estructuralmente no se produjo una
significativa modificación. En ese sentido se podía ver que la gente tenía más
acceso al consumo, pero seguía viviendo en un barrio con enormes adversidades.
Y esto obliga a dar toda una reflexión, porque finalmente no se terminó
lidiando con la desigualdad. Hubo una mejoría coyuntural, pero las bases de la
desigualdad no se vieron afectadas.
OLP en barrio La Vega.
Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio
Eso apunta a lo que sabemos
que ha sido una política errada de todos nuestros gobiernos (por quedarnos solo
acá y no hablar del Continente): considerar a la pobreza como el problema a
combatir y no como la consecuencia de la inadecuada distribución de la riqueza
y de las oportunidades.
También lo que creo es que
aquí se agrega que hubo una fragmentación importante del Estado y se hizo
evidente una tensión en el sector civil y el militar dentro del ámbito de la
seguridad ciudadana, en un contexto de polarización política y de desconfianza
tan intenso, que se da incluso dentro del chavismo. Fíjate que ha habido 16
ministros en todos estos años que han hecho imposible la sostenibilidad de
cualquier política. Por ejemplo, y no me canso de repetirlo, una oportunidad
preciosa se perdió con la reforma de la policía. Es decir, hubo un esfuerzo
significativo en transformar la policía, se invirtieron recursos, y ese proceso
se truncó para decir que a la policía le hace falta más disciplina militar. Eso
es falso, a la policía lo que hay es que invertirle más recursos para que los
agentes puedan tener mejores condiciones de vida, para poder fortalecer las
labores de inteligencia policial. La política de control de armas, también se truncó.
Comparto contigo lo de la
desconfianza, es un signo marcante de nuestro tiempo político y de este
gobierno, que sin duda desconfía hasta de sí mismo. Y en este contexto
pareciera que el Gobierno tiene la necesidad de generar esa desconfianza en toda
la población, muestra de ello es la creación de la figura del “patriota
cooperante”, porque la introducción de la figura del infiltrado, por un lado, y
por el otro la del delator o “patriota cooperante” lo que termina por hacer, a
la larga, es generar una mayor desconfianza en las comunidades.
Bueno, ese tipo de figuras
entra dentro de una matriz más amplia, la de la militarización de la sociedad.
Bajo un proceso de militarización de la sociedad la realidad se lee como una
guerra y el adversario se lee como enemigo, o incluso en la situación de la
criminalidad la delincuencia no se ve como un problema que hay que atacar, sino
como enemigo. Dentro de esta lógica la sociedad se divide en ciudadanos
decentes y enemigos, o en patriotas y traidores, y esa es una de las formas de
relación social que está incluida en este modelo, lo que nos ha hecho un gran
daño.
OLP en barrio La Vega.
Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio
En los últimos cinco o seis
años he percibido un cambio preocupante en los modos de ejecución de la
violencia: linchamientos, descuartizamientos, gente quemada. Muertes atroces
que, no es que no se hayan dado antes, sino que no con tanta frecuencia y saña.
Ese tipo de muerte se inscribe en modos de operación típicos de los carteles
del narcotráfico y de los grupos paramilitares, que las emplean como mensajes
intimidatorios y ejemplarizantes de su poder. ¿Hemos importado ese tipo de
violencia?
Creo que los linchamientos son
un síntoma de una ruptura de pactos políticos y sociales básicos entre la
ciudadanía, y también entre ésta y el Estado. Quisiera recordar que a mediados
de los años noventa tuvimos linchamientos, pero constituyeron justamente el
síntoma de la ruptura del pacto político y social. Entonces, estamos regresando
a la figura de los linchamientos y de nuevo es una señal muy grave de ruptura
de pactos.
Con la tesis de los
paramilitares hay que tener mucho cuidado porque es justamente la justificación
para los operativos militarizados masivos y también es la fusión del enemigo
político con la criminalidad, y en ese sentido justifica que el SEBIN (Servicio
Bolivariano de Inteligencia) participe en labores de seguridad ciudadana, lo
que es muy, muy grave.
Yo que he trabajado en barrios
donde no hay paramilitares, sé que ese no es el problema, sino las
confrontaciones armadas regulares entre delincuentes. Hay que hacer una
investigación seria sobre el paramilitarismo, que me parece más un discurso que
justifica los operativos y que además está en la razón de ser de las OLP.
Ahora, sí concuerdo en que hay
una mayor crueldad en la violencia, y creo que tiene que ver con esta situación
que hemos hablado de que para la gente hay cada vez menos control, no se siente
protegida, no hay justicia. La gente no se siente protegida por la policía. La
policía es una vengadora. Es decir, si el propio Estado viola masivamente los
derechos humanos, bueno, ¿cómo la gente no va a linchar?
La policía es una vengadora y
es también parte del problema delincuencial. Nos enfrentamos a esa doble
situación: o la policía está ejecutando delincuentes a través de la OLP, o está
secuestrando ciudadanos involucrada con las bandas delictivas.
De nuevo en estos temas el
Estado está en el centro del análisis, o por omisión, en la raíz de este
tremendo desamparo que siente la gente, o por exceso, es decir, por los
operativos militarizados donde se violan derechos humanos y hay uso desmesurado
de la fuerza, pero también por la participación de agentes de las fuerzas del
orden -y no generalizo- en crímenes.
OLP en barrio La Vega.
Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio
¿Y qué pasó con propuestas
como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad?
Allí retomo el tema de que las
políticas más interesantes se truncaron. Todo lo que se logró con lo que fue la
reforma de la policía, se truncó. Toda la propuesta era darle un giro civil a
la policía para fortalecer las condiciones de vida de los agentes, para
fortalecer una policía civil ocupada de los conflictos civiles. La UNES, que
creo que fue una iniciativa muy interesante, ahora está tomada por militares.
En ese sentido creo que la tensión que hubo en el ámbito de la seguridad
ciudadana dentro del chavismo terminó por imponer de manera aplastante al
sector militar.
El periodista, activista
urbano y columnista de Contrapunto, Cheo Carvajal, en su artículo del
miércoles 25 para la columna “Caracas pública”, titulado La H
es muda, pregunta: ¿Cómo podría ser una política de seguridad en
un país en el que hay sobreabundancia del crimen? Y yo complemento con esta
interrogante: ¿Qué significa tener políticas de inteligencia policial
focalizadas?
Primero que todo habría que
establecer una política seria de control de armas y de municiones. En ese
sentido lamento profundamente que de nuevo se hayan truncado todos los
esfuerzos que se iniciaron con la Comisión Presidencial para el Control de
Armas y Desarme, porque allí hubo todo un aprendizaje que sencillamente no se
llevó a cabo.
Aquí quiero aclarar algo: en
Venezuela no se producen armas, pero sí municiones por parte de Cavim, y bueno,
las armas no funcionan sin municiones, es decir que comenzar a poner orden en
todo lo que es la producción, distribución y flujo de municiones es un paso
fundamental. Lo que creo es que no hay interés político, porque las municiones
generan muchas ganancias y hay muchos intereses creados.
En ese sentido, cuando
hablamos de la policía puedo decirte que colegas que han hecho investigaciones
revelan que los agentes policiales también se sienten desamparados; es decir,
no se sienten resguardados en sus condiciones laborales. Entonces, si esa
policía que debería estar en una tacita de plata porque son nuestros
protectores, se siente así, imagina.
Ahora, otro de los grandes
olvidados por el Estado son los jóvenes. Hubo Misiones para muchos sectores,
para las madres, para los niños, para los campesinos, ¿y qué pasó con los
jóvenes? Fueron los grandes olvidados, y son los candidatos por excelencia para
insertarse en el esquema de las economías ilícitas, porque en algún lugar se
tienen que insertar con sus expectativas de consumo, de formación de identidad,
de respeto.
Y otro elemento importante es
la atención a la ciudad como espacio público para la convivencia.
Marcha ciudadana "No más
muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal
Tú sostienes que hemos perdido
la ciudad como espacio público para la convivencia.
Claro, estamos en una ciudad
que ya no es de guetos, como propone Teresa Caldeira sobre São Paulo, sino en
una que tiene un modelo arquitectural de confinamiento amenazante. Es decir,
uno va caminando y ve estas rejas eléctricas con púas que solo las conocía por
las películas sobre las guerras mundiales y los campos de concentración. Además
es una ciudad oscura, y la gente tiene miedo. ¿Cómo la recuperas? Fortaleciendo
el espacio público, iluminándolo para que la gente se sienta amparada,
promoviendo también ritos, festividades, espacios para abrir e invitar al
encuentro, a la convivencia. Son varios niveles de políticas que es importante
entrelazar y que se juegan en esta dinámica de políticas locales con la
política nacional.
Voy a insistir sobre las
dinámicas micro que corresponden a las acciones ciudadanas, porque cuando
hablas del oscurecimiento de la ciudad, yo te remito al oscurecimiento de un
edificio residencial (hablo en este caso por experiencia propia) y a las
propuestas que se generan desde las Juntas de Condominio o desde algunas mentes
(pre)ocupadas y sensatas entre los vecinos para, por ejemplo, establecer cuotas
especiales que cubran la reposición de bombillos y el montaje de reflectores
para iluminar los alrededores del edificio. ¿Qué sucede cuando estas propuestas
no tienen respuesta total de los vecinos? ¿Cuando parece que hubiera una
actitud de ocupación en lo particular, en lo que atañe a los intereses de
seguridad individual, y no al vecinal?
Creo que eso tiene que ver con
un contexto económico muy terrible donde ahora casi que la gente está dedicando
su ingreso a la comida. Hay un desajuste, todo ha venido aumentando, entonces
es difícil ponerse de acuerdo porque los recursos están muy escasos. Sí creo
que hay muchísimas dificultades, estamos en un contexto adverso que se refleja
en todos los ámbitos…
Marcha ciudadana "No más
muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal
¿Es difícil ponerse de acuerdo
ahora que los recursos están escasos o ha sido difícil ponerse de acuerdo en
este país desde hace mucho tiempo? Insisto en el tema porque quiero ir al
aspecto cultural, al ¿qué nos ha llevado como ciudadanía, más allá de un Estado
ineficiente, a estar en esta situación de orfandad? Es decir, una ciudadanía
que es capaz de organizarse, más allá de que el Estado no le responda, obliga al
Estado a responder.
Sí, hemos tenido
históricamente un déficit de ciudadanía. Cuando comenzó el incremento de la
violencia en la década de los noventa, hubiésemos podido movilizarnos como
ciudadanos para exigir una mejor policía, mejor educación para los jóvenes, y
no lo hicimos. En efecto, lo que ha prevalecido son las salidas individuales,
como cerrar nuestra calle, poner una reja en nuestra puerta, subir un muro.
Pero eso hoy no es suficiente y entonces se acude al cerco eléctrico. Y la
verdad es que esas salidas de repliegue no rinden frutos, y en efecto creo que
tienen que ver con la incapacidad ciudadana de colectivizar los problemas y de
abordarlos de manera pública.
Hemos tenido como sociedad una
gran incapacidad de entendernos como interdependientes, porque si venía
incrementándose la violencia en el barrio y las muertes ocurrían en un número
significativo y muy representativo desde muy temprano en la década de los
noventa, bueno las urbanizaciones estaban sordas y ciegas frente a esta
realidad. Entonces, sí existe una estrechez para entender que si en el barrio
no están bien, en la urbanización tampoco se puede estar bien, aunque se
aumente el muro y luego se le coloque un cerco eléctrico.
Ha habido un déficit de
ciudadanía y es que esta implica el acuerdo de la interdependencia, porque como
compartimos una ciudad dependemos unos de otros. Hay que pensar en términos de
flujo, de coparticipación en esta ciudad que es nuestro escenario.
¿Estamos a las puertas de una
guerra civil, donde, por lo que se ve, habría tres bandos enfrentados: la
fuerza del Gobierno que controla las instituciones del Estado, la
sociedad/pueblo, y la delincuencia organizada, que por el camino que vamos
llegará a constituirse en un Estado paralelo?
Un país que tiene una tasa de
homicidios tan elevada está, en efecto, en un proceso de conflictividad armada.
Hay muchísimos frentes de conflictividad armada, desde el ciudadano que le pega
un tiro al otro carro que se le atravesó, al malandro que se enfrenta al
policía. Es un proceso de conflictividad armada, porque no hay una guerra
oficial, pero sí unos micro regímenes de confrontaciones armadas en muchísimos
espacios entre muchos sectores simultáneamente. Todos sentimos que estamos en
la experiencia de una guerra. A mí ya me han asaltado tres veces con armas. Y
las armas, como objetos, se encuentran en muchos espacios de nuestra vida
social, uno va a un mercado y está un militar con un arma larga, y en la calle
te atracan cotidianamente personas armadas. Además, los saldos de muertes que
tenemos son los de una guerra.
OLP en barrio La Vega.
Caracas, Noviembre 2016. Foto: Anthony AsCer Aparicio
Hablemos de experiencias
comunitarias positivas. Catuche, por ejemplo.
Sobre Catuche quiero subrayar
que ese proceso comunitario fue producto de redes sociales de solidaridad que
se instauraron allí y que fortalecieron procesos de eficacia colectiva. La
eficacia colectiva se da cuando nos sentimos agentes y responsables de lo que
pasa en nuestra comunidad. Entonces allí hubo un procedimiento inicial de
mejoramiento urbano, de mejoría de las condiciones materiales de existencia, y
eso es fundamental. Luego hubo un desarrollo cultural importante, en términos
de mensaje, vinculado también a las comunidades cristianas, que se enfocó en el
diálogo como forma de resolución de conflictos, para desterrar la venganza y la
muerte del Otro. En este sentido hubo procesos dolorosos de muertes
sistemáticas, pero bueno, allí lo que resulta es que las madres del barrio
Catuche, con el apoyo de Fe y Alegría, deciden un acto de micro política
fundamental: no nos podemos seguir matando, vamos a hacer unos pactos mínimos
de convivencia.
Aprendizaje fundamental allí
fue el que el ejercicio de la política se basa en pactos para generar acuerdos
y no la eliminación del Otro. Eso es un micro ejemplo del ejercicio de la
política. Y en ese sentido se trató de retomar el derecho a la vida, lo que es
urgente.
¿La experiencia de Catuche es
reproducible?
Creo que es una experiencia
muy particular, que nos puede dar pistas, pero no diría que es reproducible, es
muy difícil. Como digo, hay aprendizajes sobre cómo fortalecer procesos de
eficacia colectiva. Pero en comunidades muy desfavorecidas la gente se siente
incapaz, porque no puede, porque está resolviendo todas las urgencias. Entonces
es un proceso que exige acompañamiento, fortalecimiento de las comunidades, y
eso sucede en Catuche porque no es cualquier barrio. Allí hubo un proceso de
mejoramiento urbano fundamental, un proceso cultural, participación de redes y
presencia de arquitectos, sacerdotes, maestros, psicólogos. Pensar que las
comunidades deben asumir solas la seguridad ciudadana es un tremendo error.
Siempre que hablo de la experiencia de Catuche, de una vez alerto: las
comunidades no se pueden ocupar de una labor que es fundamentalmente del
Estado, pero sí se puede, como estrategia preventiva, fortalecer a las
comunidades, por ejemplo, en el manejo de jóvenes y en la resolución de
conflictos.
Marcha ciudadana "No más
muertes". Caracas, Febrero 2014. Foto: Nelson González Leal
¿Qué esperanza tenemos de que
esta situación de crisis y de violencia que estamos viviendo cese, a la manera
de la experiencia de Bogotá o de Nueva York? Porque pareciera que estamos
copiando la experiencia brasileña de las zonas de paz y la policía militar. Y
además, ¿qué hacer como ciudadanos frente a todo esto?
Es que ni siquiera se trata de
la experiencia brasileña, porque en Brasil la política es este juego entre el
palo y la zanahoria, es decir, represión acompañada de extensión de
oportunidades, pero es que aquí solo tenemos el palo, no hay zanahoria, no
tenemos generación de oportunidades. Aquí estamos en una represión que cae en
el uso excesivo de la fuerza.
Creo que lo que hay que hacer
es tomar el ejemplo de ciudades tan complicadas como Medellín, y también tener
una concepción de la cultura que se relacione con el contexto, y no esa
conservadora que se reduce a los valores tradicionales, y que establezca un
intercambio entre la vigilancia, el control y la oportunidad de buen servicio,
con una política de seguridad ciudadana que intente transformar contextos, y
que se juegue entre el control y las normas claras, con los debidos incentivos
para el consenso.
Y mira, una política de
transformación urbana es fundamental y todo lo que nosotros llamamos elementos
situacionales, es decir, control de armas, de ingesta de alcohol, y luego a más
largo plazo se pueden tener los resultados de una política de inclusión
juvenil. No hemos tenido, en el fondo, nada de esto.
Y lo que nos compete como
ciudadanos es no dejar de exigir nuestros derechos y junto a ello la aplicación
de las políticas de seguridad ciudadana deben entrar dentro de estas exigencias
con el respeto del derecho a la vida. Nos tenemos que movilizar para exigir al
Estado que desarrolle una política de seguridad ciudadana respetuosa de las
garantías democráticas, aunque estamos en un contexto muy adverso donde lo que
se ha impuesto es la mirada militar sobre el problema.
29-01-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico