Por Carlos
Romero M., 19/01/2017
I.- Lo electoral en la agenda política de
la Asamblea Nacional.
Cuando la Asamblea
Nacional declaró el 13 de diciembre de 2016 la responsabilidad política del
Presidente y luego el 9 de enero de 2017 el abandono de las funciones del
presidente Nicolás Maduro, entre sus argumentos estuvo la suspensión de la
recolección de firmas para el 20% necesario para activar el referendo
revocatorio y luego la justificación que el Presidente ha pretendido hacer para
diferir el proceso comicial regional.
Durante el año
2016 la Asamblea ha dedicado 3 Acuerdos políticos exclusivamente al tema
electoral, motivado sin duda alguna por la realidad política del país, el
primero fue el 11 de agosto de 2016, el mismo tuvo unos 7 considerandos y 7
acuerdos; el segundo fue el 4 de octubre de 2016, el mismo tuvo 16
considerandos y 8 acuerdos; por último el Acuerdo del 15 de diciembre de 2016
que contiene 12 considerandos y 5 acuerdos.
II.- La Asamblea Nacional levanta su voz
institucional para reclamar cronograma electoral.
A través del Acuerdo para el emplazamiento al poder
electoral por los cronogramas de las elecciones regionales y el referendo
revocatorio, aprobado el 11 de agosto de 2016, la Asamblea Nacional expresa
públicamente:
-Que el desarrollo
de los procesos electorales son un derecho fundamental y consustancial con la
democracia,
-Que ese
desarrollo representa la garantía del ejercicio efectivo de la participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos.
-Que es obligación
indeclinable del CNE de favorecer el desarrollo de procesos electorales,
consultas y referendos. Sin obstaculizar ni dilatar ese ejercicio.
-Que el CNE es
responsable de garantizar el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos.
Además, la
Asamblea Nacional, nos remite al
artículo 62 de la Constitución para recordarnos que el Estado y la sociedad
están obligados a facilitar la generación de condiciones más favorables para la
práctica de los derechos políticos de todos los ciudadanos.
En ese Acuerdo de
agosto la Asamblea Nacional reclama el incumplimiento de los plazos
constitucionales y reglamentarios, destacando que tal situación compromete la
responsabilidad del CNE por no ajustar su actuación al mandato constitucional y
advierte que tal situación podría llegar a comprometer penalmente a los
rectores.
Así mismo
cuestiona en primer lugar, que se haya vencido el lapso que el propio CNE
estableció en su normativa para tramitación de la iniciativa del referendo
revocatorio del mandato del Presidente de la República; y en segundo lugar, que
el CNE no haya presentado aún el cronograma para las elecciones regionales.
Esos argumentos
sirvieron de fundamento para que los diputados acordaran los siguiente:
-Exigir a la
Presidenta del CNE a que asuma su obligación constitucional de generar
condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la
participación política a través del referendo revocatorio.
-Emplazar al CNE para que formule y publique sin dilaciones indebidas,
el cronograma electoral del referendo revocatorio y de las elecciones
regionales.
-Instar a la Defensoría a velar por el efectivo respeto y garantía de
los derechos políticos.
-Instar al
Ministerio Público a intentar las acciones que corresponda para hacer efectiva
la eventual responsabilidad legal en la que han incurrido los miembros del
directorio del CNE por obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos
ciudadanos.
-Instar a
organizaciones internacionales para que se pronuncien en este tema.
III.- La Asamblea hace un llamado a respetar el
orden constitucional en materia electoral.
Un segundo
documento político se aprobó el 4 de octubre de 2016 y se tituló: Acuerdo sobre el derecho de los venezolanos a
que se respete la constitución y tener el referendo revocatorio y las
elecciones regionales en el 2016 en el cual la Asamblea Nacional de manera
categórica recordó al CNE y a la sociedad en general lo siguiente:
-La obligación del
CNE de actuar constitucionalmente bajo los principios de confiabilidad,
imparcialidad, transparencia, celeridad y eficiencia, a fin de garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos de los electores.
-La buena fe y la
convicción democrática que ha demostrado la oposición y los electores, cuando
en cada proceso electoral que ha correspondido, se han sometido a las normas
dictadas por el CNE, aun cuando las mismas, han limitado y condicionado el
ejercicio del derecho a revocar el mandato.
En ese Acuerdo de
octubre la Asamblea Nacional reclamó la omisión en la cual ha incurrido el CNE
al no responder oportunamente a la solicitud de convocatoria
del referendo revocatorio del mandato de Presidente de la República, destacando
en varios considerandos las dilaciones y omisiones en que ha incurrido el CNE.
Además cuestionó
que en las declaraciones públicas la Presidenta
y rectoras del CNE se han expresado de una forma tal que atentan contra
los derechos políticos del electorado.
En el texto hace
comparación con los procesos referendarios del 2007 y 2008, intentando
valorar la intencionalidad del CNE de
impulsar u obstaculizar el proceso referendario solicitado en el 2016, que ya
sabemos no se realizó.
La Asamblea
Nacional advirtió y dejó muy claro en su documento político que el CNE se
convertía en un actor clave, responsable de la paz y de la estabilidad política
del país, y reconocía que en esta materia se está agotando la paciencia de un
pueblo.
Expresamente en el
Acuerdo los diputados asumen la responsabilidad de exhortar al CNE a que cumpla
con la presentación de un cronograma para las elecciones regionales con el fin
de realizarlas en el mes de diciembre 2016.
Esos argumentos
llevaron a los diputados a los siguientes acuerdos:
-Exigir al CNE que
anuncie los centros electorales habilitados para la recolección del 20% del
electorado para el referendo.
-Exigir que se
publique el cronograma completo de convocatoria y celebración del
referendo. Así mismo exige el
cronograma para las elecciones regionales.
En ese Acuerdo la
Asamblea nuevamente solicita a la Defensoría del Pueblo a velar por el efectivo
respeto y garantía a los derechos políticos y a instancias internacionales a
observar la situación y a pronunciarse en consecuencia.
Por último, en ese
Acuerdo se estableció el compromiso de la Asamblea Nacional en remitir el texto
del mismo al TSJ para que se pronuncie sobre la responsabilidad de las
rectoras.
IV- La Asamblea Nacional reclama la violación de
los derechos políticos.
Un último Acuerdo
aborda en su título el contenido del mismo, se llamó: Acuerdo sobre la violación de los derechos políticos y crisis del
sistema electoral, aprobado el 15 de diciembre de 2016.
Ese Acuerdo
inició con el reconocimiento de algunos
principios básicos a saber:
- El principio de la Supremacía Constitucional.
- El valor en Venezuela de los tratados internacionales.
- La obligación de los órganos del Estado en permitir y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos.
La Asamblea
Nacional recordó en el Acuerdo que para toda democracia, es indispensable que
su actuación se sostenga en los principios de eficiencia, transparencia y
equidad en las instituciones públicas, así como también se hace necesario una
cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, reconozca y abogue
por los derechos todos.
Así mismo recordó
en su contenido la misión y objetivo del Poder Electoral.
En ese Acuerdo la
Asamblea Nacional denunció:
-Que el Poder
Electoral violó los derechos políticos de manera sistemática y ha obstaculizado
los trámites para el referendo revocatorio, y también ha obviado la obligación
de organizar y celebrar de manera oportuna las elecciones regiones.
-Que el Poder
Judicial desatendió su rol de garante de la vigencia y goce efectivo de esos
derechos político.
-Que la SALA
Constitucional procedió arbitrariamente y sin fundamento a elegir a las
rectoras principales del CNE.
-Que el Poder
Judicial ha actuado como cómplice del Ejecutivo y del poder electoral en la
violación de los derechos políticos, hasta ahora el CNE y el TSJ, han procurado
buscar argumentos para negar el derecho a los venezolanos a ejercer la
soberanía y los derechos políticos.
-Que la Sala
Constitucional desconoce y usurpa las atribuciones que la Constitución confiere
a las Universales nacionales, respecto a la postulación de candidatos, así como
las funciones del Comité de
Postulaciones Electorales y de la Asamblea Nacional en el proceso de
designación de los nuevos rectores.
En sus
considerandos, la Asamblea identifica en el Acuerdo varias sentencias a través
de las cuales se ha vulnerado el derecho político de los ciudadanos y alerta
que no hay garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, ante
quienes solicitar la tutela judicial de ese derecho político.
Con esos
argumentos la Asamblea Nacional cierra su Acuerdo rechazando la usurpación de
funciones y calificando de írrita la
sentencia del 13 de diciembre del TSJ que designa a los rectores del CNE.
En el Acuerdo se
nos reitera que la Asamblea Nacional aprobó el informe final presentado por la
Comité de Postulaciones Electorales el 5 de dic de 2016 y se acordó la
designación de una Comisión Especial para reivindicar los derechos políticos y
electorales de los Venezolanos que proceda a activar las denuncias que sean
necesarias e iniciar los procesos que sean viables por violación de derechos
políticos y libertades fundamentales.
Esa Comisión está conformada por 5 diputados.
V.- El voto como herramienta encuentra a la Conferencia Episcopal con la Asamblea
Nacional.
El 9 de enero de
2017 cuando la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo
sobre el abandono de funciones constitucionales de la Presidencia de la
República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, expresó que “la única forma de
resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento
de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela
y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.”
La omisión del CNE
en publicar el cronograma electoral y claramente de haber violentado la Constitución
extendiendo el período de los Gobernadores de manera unilateral, llevó a un
nuevo Acuerdo aprobado el 19 de enero de 2017 a través del cual la Asamblea
Nacional reiteró la necesaria vigencia del derecho al voto de los venezolanos.
Por su parte la
Conferencia Episcopal Venezolana en su Exhortación
Pastoral Jesucristo Luz y camino para
Venezuela aprobada el 13 de enero de 2017, expresa como una de esas luces
para construir una nueva Venezuela la necesidad de contar con un cronograma
electoral. En tal sentido la Exhortación
dice:
“Tal y como lo
declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17)
estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de orientación política
del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el
socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático
establecido en la Constitución. El país
exige un itinerario electoral, tal y como se acordó en la Mesa de Diálogo.”
En conclusión el
voto es visto por ambos actores como una herramienta necesaria en la solución
del conflicto político, económico y social que hoy sufre Venezuela.
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Fuentes:
Asamblea Nacional.
Acuerdos. Recuperados el 15 de enero 2017. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/documento/show2/id/58
Conferencia Episcopal
Venezolana. Exhortación Pastoral: Jesucristo Luz y camino para Venezuela.
Centésima Séptima Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. 13 de
enero 2017.
Carlos Romero Mendoza
@Carome31
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