Por Julio Borges
En los pasados días inició
el ciclo de sesiones de la Asamblea Nacional 2017. Desde ese momento en el que
con mucho compromiso asumimos la presidencia del Parlamento, nos hemos
propuesto un objetivo muy claro: salvar la Constitución.
Hoy no hay Constitución en
Venezuela. Así lo reflejan las 44 sentencias de la Sala Constitucional y la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la mitad de ellas, a solicitud
de Nicolás Maduro que violan las claras competencias establecidas en el
artículo 193 de nuestra Constitución. La última de ellas pretende anular la
clara competencia establecido en el artículo 194 de elegir anualmente su junta
directiva.
La violación más fragante
ocurrió en días pasados cuando el Diputado Gilber Caro fue detenido y
trasladado a un tribunal militar, violándose el claro proceso establecido en el
artículo 200 de la Constitución: “Los diputados o diputadas a la Asamblea
Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su
proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los
presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional
conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad
que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y
continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un
parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo
custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal
Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que
violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional,
incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de
conformidad con la ley”.
Finalmente el Tribunal
Supremo, obviando las decisiones del Legislativo, permitió otra grave violación
al artículo 237 de nuestra Constitución, en la que se establece claramente que
dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea
Nacional, se presentará la rendición de cuentas en el ejercicio del poder del
año anterior.
No solo no hay Constitución
en Venezuela, sino que sobra la persecución. Así la semana pasada fue abierto
un procedimiento administrativo contra el Gobernador del Estado Miranda,
Henrique Capriles, con el objetivo de buscar su inhabilitación política. Dos
concejales han sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en
los últimos días sin razón alguna. Hoy quienes están en el poder se sienten
todopoderosos, creen poder hacer lo que les da la gana. Mañana serán
perseguidos por la justicia porque han violado los derechos humanos, delitos
que no prescriben. La mayoría de la Fuerza Armada quiere un país donde se
cumpla la Constitución. Tienen que rebelarse al hecho de que los tribunales
militares estén enjuiciando a civiles, y se viole constantemente la
Constitución. El pueblo de Venezuela no se puede dejar vencer por el miedo,
debemos luchar para abrir la oportunidad electoral para que los venezolanos
elijan. Debemos salvar el derecho al voto. Para con ello salvar la
Constitución, porque salvarla es salvar a Venezuela.
17-01-17
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