Omar Barboza Gutiérrez 07 de junio de 2017
En
todo el texto de la Constitución no se le da esa atribución a más nadie, y el
derecho público es de interpretación restrictiva, ningún intérprete puede ir en contra de lo expresamente
dispuesto por la Carta Magna. Por tanto, tratar de sustituir al pueblo como
convocante constituye una usurpación. En tal sentido el artículo 25 de la
Constitución dispone textualmente: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder
Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y
la Ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo
ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores”.
De
manera clara la Constitución trata por separado la convocatoria en su Artículo
347, y la iniciativa en su Artículo 348 donde autoriza al Presidente, entre
otros, para ejercerla en el sentido de promover la consulta al pueblo de manera
previa sobre si está de acuerdo o no en convocarla como titular que es de esa
atribución.
El 25
de abril de 1999, el pueblo venezolano aprobó en referendo la convocatoria de
la Constituyente que se realizó ese año, a pesar de que la Constitución de 1961
no contenía ninguna previsión en esa materia; hoy, cuando la Constitución
vigente si establece claramente quien la puede convocar, es un evidente fraude
constitucional intentar realizarla usurpando la condición de convocante. En
1999 las bases de la convocatoria a la Constituyente fueron publicadas en la
Gaceta Oficial No. 36.669 del 25 de Marzo de ese año, para que cuando el pueblo
se pronunciara en Abril las conociera y las aprobara o no de acuerdo a su libre
criterio. En las bases comiciales que hoy se pretenden imponer a través de la
represión y la muerte a los que nos oponemos, se niega la universalidad del
derecho a votar, y que todos los votos
valen igual en cualquier parte del país que se emitan.
La
trampa que en el fondo está tratando de imponer el gobierno para quedarse en el
poder siendo rechazado por la inmensa mayoría de los venezolanos, además de no
hacer ninguna elección libre en las fechas previstas por la Constitución, es
elegir una supuesta Asamblea Nacional Constituyente integrada por militantes
del PSUV y acogerse a lo dispuesto en el Artículo 349 de la Carta Magna de acuerdo al cual “los poderes
constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la
Asamblea Nacional Constituyente”. Y con base en ello, disolver la
Asamblea Nacional electa democráticamente por el pueblo; sustituir a la fiscal
general de la República por intentar hacer valer el estado de derecho; y por
supuesto, ratificar la actual Sala Constitucional como premio a su
incondicionalidad golpista y delictiva, y con el mandato de darle una patente
de corso al gobierno con apariencia constitucional para mantenerse en el poder
en contra de la voluntad popular y convertir a esa supuesta Constituyente en
una plataforma para lavar el dinero mal habido con el cual se han
enriquecido, seguirle brindando
impunidad al narcotráfico, y a tantos delitos que tienen al país secuestrado.
Cuando
el presidente Maduro dice que la Constituyente puede hacer de todo, incluso por
encima de la Ley, y Diosdado dice que con la Constituyente van a poner la
Fiscalía patas arriba, se están delatando en relación a los delitos que piensan
cometer si les da resultado esta maniobra antinacional en contra del pueblo de
Venezuela y de nuestra vocación de hombres y mujeres libres.
Como
no le han puesto fecha de duración a lo que ellos llaman Constituyente, algunos
ilusos de buena fe exigen que por lo menos definan eso y se comprometan a
someter la Constitución que aprueben a la opinión del pueblo. En primer lugar
el vicio de la usurpación en su inicio no es convalidable de ninguna manera, y
en cuanto a que esa cúpula corrupta convoque al pueblo después, solo lo haría
sobre bases tan amañadas o más, que las que han propuesto para la convocatoria
fraudulenta.
En
consecuencia, todos los que creemos en la libertad y estamos dispuestos a
luchar por ella, independientemente de
que formemos parte de la MUD, del chavismo crítico, o de los independientes que
aspiran a un mejor futuro con desarrollo económico estable, en paz y con
libertad, tenemos el deber ético, político e histórico de impedir por todas las
vías constitucionales disponibles la
realización de esta Constituyente ultrajante para la dignidad nacional.
Omar
Barboza Gutiérrez
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