ROBERTO VICIANO PASTOR/ RUBÉN MARTÍNEZ DALMA 01 de junio de
2017
La
Gaceta Oficial del 1º de mayo de 2017 pasará a la historia negra de la política
latinoamericana. En sus 16 páginas, el presidente Nicolás Maduro convocó a una
Asamblea Nacional Constituyente y creó una comisión presidencial con el objeto
de elaborar “una propuesta de bases comiciales y sectoriales” para la
conformación y funcionamiento de la citada asamblea.
Es por
todos conocida la profunda crisis social, económica y, por ende, política que
atraviesa Venezuela. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien fue
nombrado como su sucesor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 14 de abril
de 2013. Inició con esa presidencia un régimen poschavista que ha demostrado
tener poco o nada que ver con el proceso de cambio iniciado en diciembre de
1998, cuando la partidocracia sucumbió ante los empujes populares que clamaban
por un cambio del sistema político desde las raíces. En cuatro años el régimen
de Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que sustentaban con
fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y ha sumergido al
país en una ola de represión y de dificultades. Mientras, la corrupción ha
campado a sus anchas. Una nueva aristocracia petrolera se ha conformado bajo el
paraguas de la renta del crudo, el clientelismo, las comisiones por el manejo
del mercado interior y la especulación de divisas en un ineficiente mercado
cambiario controlado por el Gobierno.
El
madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con
palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido
presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática
en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial
previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o
externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y
parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con
pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de
finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional,
mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas
intenciones del madurismo.
La
última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro
realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que
requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de
su constitucionalidad.
Desde
el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un
país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia
adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a
toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La
propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la
Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los
intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no
prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó
Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de
los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más
grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del
Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales,
incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se
podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.
Quienes
crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente
la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso
de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen
poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena
parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que
participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha
traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos
sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los
últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por
parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.
Desde
el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura
del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del
poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una
Asamblea Nacional Constituyente...”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a
la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el
presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros...”) solo puede
tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de
convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La
iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero
la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario
el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para
preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no
para convocarlo.
Consiguientemente,
tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico,
el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea
Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el
resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria
del Gobierno.
Es por
ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del
presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo
atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto
denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente
Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo
impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la
Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió
generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por
primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas
y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas
veces se ha dado en Latinoamérica.
Los
argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en
un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999.
Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un
voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social
donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la
confrontación.
Roberto
Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau son profesores de Derecho Constitucional
de la Universitat de València, España, y fueron asesores del proceso constituyente
venezolano de 1999.
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