Por Valentina Oropeza
Unos chateaban, otros dormían,
algunos daban vueltas en busca de conocidos para charlar. Las mujeres sembraban
sus carteras en las butacas rojas del teatro para garantizar puesto en medio de
tanta gente, mientras los hombres pescaban sillas sin preguntar. La mañana del
lunes 3 de julio de 2017 transcurrió entre calor y bullicio en el Centro
Cultural Chacao, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó ante
periodistas y simpatizantes un “acuerdo nacional” después de 93 días de
manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en las que han muerto 90
personas.
—Solo un milagro nos salva de
la Constituyente.
—De esto salimos antes. El
país no aguanta 27 días más de protestas.
—El 85% está en contra, pero
al gobierno no le importa esa vaina.
—El problema aquí son los
militares. Hay que ver qué hará la MUD con los militares.
Esa mañana los diputados
opositores recibieron en el Hemiciclo a la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, quien les pidió ratificar la designación de Rafael González
Arias como Vicefiscal, pese al veto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Yo
creo que esta Asamblea está legitimada”. Aplausos en la bancada opositora.
“Espero que mi presencia aquí sirva para acabar con los conflictos
institucionales y para reconstruir el país”. Las curules del chavismo estaban
desiertos. Solo Germán Ferrer, esposo de la Fiscal, asistió a la sesión.
Fotografía de Andrés Kerese
La oposición venezolana exige
el reconocimiento político de los demás poderes públicos desde que ganó los
comicios parlamentarios a finales de 2015. El Consejo Nacional Electoral validó
la impugnación del chavismo a la elección de tres diputados disidentes y la MUD
perdió la mayoría calificada. El Ejecutivo aprobó presupuestos y decretos de
estado de excepción sin la anuencia de la Asamblea Nacional, como prevé la
Constitución. El TSJ bloqueó todas las iniciativas parlamentarias durante más
de un año y desconoció las competencias del Poder Legislativo a finales de
marzo de 2017. Cuando Ortega alegó que la decisión rompía el orden constitucional, se
cristalizó la primera fractura entre el Gobierno y el Ministerio Público. La
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de julio
profundizó la grieta; ahora la Fiscal llama a desconocer la iniciativa al igual
que la oposición y recusa magistrados. El TSJ le prohibió salir de Venezuela, congeló sus bienes y
amenaza con llevarla a juicio.
El discurso de Ortega avivó
las especulaciones en el Centro Cultural Chacao. ¿Algún chavista se tomaría la
foto con la oposición? ¿Aparecerían Jorge Giordani, Ana Elisa Osorio o Héctor
Navarro, exministros de Hugo Chávez y detractores de Maduro? ¿Será que Ortega
se acerca? “Quién sabe”, aventuró un vocero de prensa de la MUD cuando buscaba
puestos para un grupo de invitados.
Casi tres horas después de la
convocatoria original, cerca del mediodía, Julio Borges apareció en la tarima
de traje y corbata, rodeado por líderes políticos, representantes de gremios y
organizaciones de la sociedad civil que suscribieron un documento titulado “¡Que sea el pueblo quien decida!”.
Los gobernadores Henrique
Capriles y Henri Falcón, y los diputados Henry Ramos y Freddy Guevara ocuparon
la primera fila. Más atrás estaban sentados los alcaldes Ramón Muchacho y David
Smolansky; las dirigentes María Corina Machado y Lilian Tintori. Codo a codo
figuraban líderes del movimiento estudiantil, rectores universitarios,
activistas de derechos humanos, empresarios, periodistas, actores y actrices.
Julio Coco, férreo crítico de las estrategias de la MUD, vistió chaqueta para
la ocasión. El economista Felipe Pérez, ministro de Planificación de Chávez en
2002 y 2003, caminaba entre los invitados.
Fotografía de Andrés Kerese
Para contrarrestar la
Constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional llamó a consultar a
los venezolanos el domingo 16 de julio sobre tres aspectos:
“Que sea el pueblo quien
decida si rechaza o reconoce la constituyente. Que el pueblo decida el rol que
demanda a los funcionarios y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el
orden constitucional. Que el pueblo decida si convoca y respalda la renovación
de los poderes públicos, la conformación de un gobierno de unidad, la
realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución”.
Sudando bajo los reflectores y
flanqueado por una pantalla que mostraba el mapa de Venezuela, la bandera
nacional y el eslogan “Unidos por la Constitución”, Borges definió la
iniciativa como un “proceso nacional de decisión soberana”. A partir de su
resultado decidirán si activan “el levantamiento democrático” y la “hora cero”
en todo el país.
Aunque el documento no precisa
qué actividades contempla la “hora cero”, apunta que la disidencia se dirige
hacia “la fase superior de la lucha”. El primer vicepresidente de la Asamblea
Nacional, Freddy Guevara, adelantó que podrían escalar a una huelga general.
Hasta el momento los opositores han protestado en concentraciones, marchas y
bloqueo de vías.
En vista de que Maduro
descartó preguntar a los electores si están de acuerdo con la Constituyente,
como lo hizo Chávez antes de que se aprobara la Carta Magna de 1999, la
coalición opositora invoca el artículo 71 de la Constitución que autoriza el
referendo consultivo para resolver “materias de especial trascendencia
nacional”.
Sin ahondar en detalles
logísticos, los dirigentes de la MUD proponen que se haga una consulta manual y
simbólica en iglesias, plazas y otros lugares públicos, al margen del
Poder Electoral, amparados en el derecho de los ciudadanos a desconocer a las
autoridades que atenten contra la vigencia de la Constitución, como indican los
artículos 333 y 350.
Fotografía de Andrés Kerese
Borges aprovechó la ocasión
para recordarle a la Fiscal que la oposición no olvida cuál ha sido su posición
durante la década que lleva al frente de la acción penal en Venezuela:
“Después de tantos años de un
ejercicio cómplice del poder, en estas últimas semanas los venezolanos hemos
sido testigos de cuánto aporta la separación de poderes a la República y de
cuánto aporta la separación de poderes a la libertad. Sin necesidad de
sacrificar la dimensión ideológica, defender la Constitución es una urgencia
que sólo resulta posible hacer desde la independencia”.
Culminado el discurso, Borges
desechó la formalidad y celebró la llegada al escenario del profesor
universitario y dirigente de Voluntad Popular Sergio Contreras, quien sudaba y
llevaba un rosario tricolor nacional colgado del cuello. Acababa de salir de la
cárcel militar de Ramo Verde, después de haber sido capturado en La Candelaria
durante una revuelta. Estuvo detenido 53 días.
04-07-17
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