Por Henrique Capriles
La institucionalidad es el
atributo primordial de un Estado de Derecho y un requisito fundamental
para que haya democracia. Sin institucionalidad no hay seguridad y estabilidad
jurídica, ni reglas claras que regulen la vida ciudadana, no hay justicia y, por
supuesto, no hay eficiencia de los órganos del Poder Público.
La institucionalidad es
indispensable para la prosperidad, la superación y la libertad de una nación.
Sin institucionalidad hay anarquía y el Estado se convierte en un Estado
fallido. En Venezuela la institucionalidad está perdida, luego de años de un
abusivo desmantelamiento de la misma.
Este proceso viene ocurriendo
desde hace bastante tiempo, pero llegó a su punto más preponderante con la
ruptura del orden constitucional que se produjo luego que el Tribunal Supremo
de Justicia usurpara las funciones de la Asamblea Nacional, y más recientemente
con la pretensión de realizar un asamblea constituyente sin consultar al
pueblo, en abierto fraude a nuestra Constitución.
Nuestra Venezuela está viviendo
un tiempo oscuro, donde un partido político no solo se hace con el gobierno,
sino que aprovecha el poder para convertirse en Estado … Todo indica que el
Psuv quiere reproducir la sentencia absolutista de Luis XIV, el Rey Sol,
“L’État, c’est moi” (El Estado soy yo), para establecerse como la máxima
autoridad por encima de cualquier institución, se trata de la primacía de una
supuesta autoridad real que estaría por encima incluso del pueblo.
El Psuv pretende serlo todo,
aunque sea nada, un cascarón vacío que vive solo del recuerdo de lo que fue su
fundador. Su política ha sido la sistemática desinstitucionalización del Poder
Público, esto sucede cuando no se separa la institucionalidad del Estado, con
la institucionalidad del gobierno y peor aún, con la del partido.
La corrupción institucional
que tenemos en la actualidad se caracteriza por la falta de independencia de la
mayoría de los poderes, lo que nos condujo, entre otros, Guardias y Policías
Nacionales que agreden y roban a la ciudadanía, periodistas que hacen
propaganda en vez de informar, funcionarios acusados de pertenecer a carteles
de droga, cancilleres que insultan y se olvidaron de la diplomacia, contralores
que no meten lupa a los presupuestos, magistrados con antecedentes penales y
que llegaron al cargo de manera ilegal, defensores de partidos y no del pueblo,
entes comiciales que no hacen las elecciones que corresponden
constitucionalmente, y las que si, siempre plagadas de irregularidades, y
cuando las ordena el ocupante temporal de la silla de Miraflores, quien por
cierto ya tiene rango de genocida.
Esto no es un asunto
propiamente semántico. Lo que está claro es que el gobierno perdió por completo
la legitimidad. Se perdió todo criterio y sentido por el bien común del pueblo.
La narco cúpula corrupta, lo que deja en evidencia es una lucha por el poder
como medio y fin en sí mismo, y ese fin están dispuestos a conseguirlo con el
“uso de las armas”. Maduro nos declaró la guerra y nosotros debemos declararle
el triunfo de la democracia.
La Constitución del 99, esa
que el grupo de enchufados quiere ahora cambiar mediante el fraude
constituyente, porque ya no se acomoda a sus intereses de perpetuarse en el
poder, es clara, y en el artículo 137 se dispone que la Carta Magna y la Ley
definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las
cuales deben sujetarse las actividades que se realicen.
Al ser la Constitución “…la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”, todas las personas y
los órganos que ejercen el Poder Público deben estar sujetas a ella, por lo que
uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios, es
“cumplir y acatar” esa misma Constitución (Art. 131), cosa que desde hace
tiempo no sucede en Venezuela, violentándose así el Estado de Derecho y
por ende de la institucionalidad.
El desmantelamiento de la
institucionalidad se ha utilizado con fines de constituir el engranaje de la
delincuencia organizada dentro del Estado venezolano, ya que de manera criminal
se usan los recursos de todos los venezolanos que tanta falta hacen para
comprar alimentos y medicinas en este momento de profunda crisis, para
expandirse y mantenerse.
Un grupo enquistado en el
poder ha hecho una descomunal y sistémica corrupción, despilfarrando recursos,
amparándose para ello en la existencia de una legislación cada vez más profusa,
confusa y contradictoria entre el régimen del Estado Constitucional de Derecho
y la nueva legalidad psuvista.
Algunos expertos manifiestan
que el gobierno se convirtió en una cleptocracia, debido a que en su seno hay
características como la maximización de los impuestos y el endeudamiento del
país, la monopolización de los actos de corrupción, la utilización de los
fondos del Estado para pagar recompensas a cambio de apoyos condicionales y
para colmo, ahora hasta los cuerpos de seguridad roban sin pudor a quienes
protestan para exigir sus derechos.
Las consecuencias de todo este
desastre gubernamental y este desmontaje progresivo del Estado democrático son
cada vez más evidentes, porque llegamos a una crisis jamás vista en la vida
republicana del país que tiene como indicadores: servicios públicos que no
funcionan; sistema de salud en terapia intensiva, ya que se reduce la
expectativa de vida por la imposibilidad de curar enfermedades debido a la
ausencia de medicamentos; y una epidemia de hambre producto tanto de la escasez
como de los precios exorbitantes de los alimentos. Todo esto constituye una
violación sistemática de los derechos humanos más básicos.
Aun cuando el país se ha
convertido en una olla de presión con aire cada vez más comprimido, los
venezolanos seguimos manteniendo intacto nuestro espíritu democrático y
republicano, motivo por el cual nos hemos volcado a las calles para exigir que
se restituya el orden constitucional.
80% de los venezolanos quiere
que el cambio de Gobierno se concrete mediante unas elecciones libres,
pacíficas, democráticas y generales. Por lo menos la mitad del país cree que a
través de la protesta se logrará ese cambio político que la mayoría sueña. Luego
de eso vendrá una fase de reinstitucionalización del Estado.
La restitución del orden
constitucional en Venezuela pasa necesariamente por un cambio estructural que
sólo puede darse con la convocatoria a elecciones. Sólo el voto popular
expresará el sentir y el juicio moral del pueblo, y será la válvula de escape a
la crisis que enfrentamos.
Tenemos que seguir firmes en
nuestra resistencia. Reavivemos este próximo 05 de julio nuestro más profundo
espíritu libertario. No hay marcha atrás, toca echar el resto para el triunfo
del pueblo venezolano.
¡Qué Dios bendiga a Venezuela
y nos mantenga viva la esperanza de recuperar la patria!
02-07-17
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