Por Michael Penfold
La identidad venezolana es profundamente
democrática. Son casi seis décadas ejerciendo el derecho al voto y el derecho a
la participación que el gobierno ahora quiere eliminar a través de una
Constituyente fraudulenta y que de ocurrir consolidará un sistema
autoritario en Venezuela. Una identidad democrática que quedó cercenada una vez
que se le impidió a los ciudadanos firmar para poder activar un referéndum
revocatorio y una crisis constitucional que se agudizó con la indefinición de
un cronograma electoral así como con la disolución de facto, a través de una
serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de una Asamblea Nacional
que fue legítimamente electa con una mayoría calificada en el 2015.
Lo que vimos
este domingo en la consulta popular fue una sociedad autónoma, con una
capacidad organizativa enorme, desplegada globalmente y dispuesta a utilizar
esa misma cultura democrática, herencia de un país que en su historia
contemporánea siempre ha resuelto sus conflictos por la vía electoral, y que lo
único que solicita es restaurar pacíficamente el orden constitucional. Son casi
7.2 millones de venezolanos que salieron en todo el territorio nacional, en
todo el planeta e indistintamente de su condición socioeconómica, a otorgar un
mandato transparente al liderazgo del país, orientado a poner en funcionamiento
la democracia y el estado de derecho. Son casi 7.2 millones de ciudadanos que
salieron a respaldar más de 100 días de protestas, a elevar su indignación
frente al colapso económico y social y que exigen se liberen inmediatamente a
todos los presos políticos y que se detenga la violación de los derechos
humanos. Son casi 7.2 millones de voluntades que se manifestaron a pesar de
tener en contra a toda la institucionalidad electoral, a pesar del cerco
comunicacional y el ejercicio de la censur, y a pesar de no contar con
suficientes recursos para organizar una jornada de esta naturaleza en menos de
dos semanas. Esto hace que las comparaciones con otros procesos electorales más
formales puedan resultar un tanto espurias y superficiales. El domingo vimos a
una ciudadanía que fundamentalmente lo que quiere es ser libre.
El gobierno
intentará minimizar el efecto de este mandato. Va a amenazar con insistir
en la convocatoria de una Asamblea Constituyente y argumentará que el
proceso de consulta fue ilegal; pero lo cierto es
que simbólicamente la fuerza de la sociedad venezolana ahora es más
grande que hace algunas semanas atrás, el mandato que acaba de otorgarle a la
dirigencia es legítimo y democrático pero sobre todo es una petición
perfectamente razonable. Si el gobierno insiste en avanzar con la Constituyente
se encontrará con una sociedad aún más rebelde que no dudará en salir a
defender sus derechos con más fuerza . Y es muy probable que esta situación
genere aún más resistencia al interior del aparato estatal; pues si los
riesgos de quiebre eran altos antes de la consulta popular -debido tanto a las
protestas como a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia-, ahora las
probabilidades de que esas rupturas se profundicen son mucho más elevadas.
Después de esta consulta, seguir insistiendo en una convocatoria Constituyente
que viola los preceptos constitucionales pone al mundo militar en una
posición institucional cada vez más compleja que supone ineludiblemente
reprimir a una escala aún mayor: ya no a unas protestas sino a toda una
sociedad. Con los resultados de la consulta popular, el costo de la represión
aumentó exponencialmente.
La única
alternativa que le garantiza al gobierno una transición ordenada es
retirar la Constituyente y ofrecer una negociación. El problema que tiene el
Presidente Maduro es que esa negociación ocurriría en el contexto de un
mandato democrático de restauración del orden constitucional. Y por lo tanto,
para el gobierno, la negociación no podrá ser una excusa para evadir las
restricciones constitucionales, tal como ocurrió en Octubre del 2016 cuando el
proceso revocatorio fue suspendido arbitrariamente y el gobierno logró
también evadir las elecciones regionales. En esta oportunidad, la comunidad
internacional será mucho más exigente en cuanto a las condiciones de este
proceso de negociación y también será más cuidadoso en documentar los acuerdos
para poder verificar su implementación. La oposición, por su parte, debe saber
administrar este mandato ciudadano. Tiene dos semanas para avanzar pero debe
abrir un compás activo para ver si el gobierno mantiene o retira su amenaza de
continuar con la Constituyente. La oposición también debe permitir que aumente
la presión internacional y se materialicen las ofertas de mediación que se
vienen construyendo desde el exterior. Si no hay respuestas, el país volverá
inevitablemente a la senda de escalada del conflicto que la viene
caracterizando y a una mayor profundización de su crisis de gobernabilidad. En
esta nueva etapa, la sociedad terminará de dar el resto por la protección de
sus derechos y la restauración del orden democrático, pues detrás de este
evento cívico no hay sólo votos y la manifestación de una mayoría, sino hay,
sobre todo, un enorme compromiso de lucha ciudadana.
17-07-17
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