Por José Guerra
Desde el podio del auditorio
de Pdvsa, convertido en tribuna de agitación partidista, el 4 de julio habló el
abogado del régimen, Hermann Escarrá. Esta vez su disquisición no fue
exclusivamente para torcer el derecho sino para referirse al tema fundamental
de Venezuela, el petróleo.
Declarado enemigo de Chávez,
al que llamaba autócrata, ahora es la eminencia gris del gobierno de Maduro.
Pero con Escarrá también otros como Fernando Travieso han planteado que en un
país donde no llega el gas a las casas, apartamentos o ranchos, el negocio
gasífero pase a ser controlado totalmente por el Estado, como si no hubiese
sido el mismo Estado en la Pdvsa de Ramírez y sus socios, quien estatizó la
distribución del gas. Resultado de todo ello: actualmente no hay bombonas de
gas natural en un país con yacimientos repletos de ese recurso. Uno había visto
gente irresponsable, pero estos rebosaron el vaso.
El planteamiento de Escarrá
que hizo delirar a los asistentes fue el siguiente: se propondría ante la
asamblea nacional constituyente que se disuelvan las empresas mixtas de la faja
del Orinoco y que todas las acciones pasen a manos de Pdvsa. Es decir, que se
vuelva a estatizar las empresas operadoras. Quienes aplaudieron fueron,
probablemente, los mismos que en 2007 en el estado Anzoátegui dijeron que ellos
podían manejar en toda su complejidad las empresas de la faja cuando el
presidente Chávez tomó el control de esas empresas. Hoy, 10 años después, la
producción de petróleo no para de caer al punto de que estima que el total
producido alcanza ligeramente los 2.200.000 barriles diarios, una pérdida de
más de 600.000 barriles desde aquel año fatídico.
Pdvsa es una empresa en
literal bancarrota, que posee enormes reservas inertes de petróleo que no está
en condiciones de extraer, con una deuda financiera externa que la tiene
asfixiada, con cuentas por pagar con sus proveedores que genera todo tipo de
atrasos, con pagos pendientes por indemnizaciones debido a juicios de todo
tipo, con una nómina recrecida, que al final la termina pagando el BCV
imprimiendo dinero y generando inflación, minada por la corrupción y el
nepotismo. En fin, es Pdvsa una empresa destruida. Y encima de eso, el ahora
vocero petrolero de Maduro, Hermann Escarrá, plantea que esa compañía, hoy
arruinada, se haga cargo de la operación absoluta de los campos de la faja del
Orinoco. El resultado sería un auténtico desastre para el país, cualquiera sea
su gobierno.
Seis días después de aquel
evento, el 10 de julio, como resultado de conversaciones con inversionistas
chinos e indios en busca de recursos, un comunicado de Pdvsa expresa, sin
desmentir a Escarrá, que “Petróleos de Venezuela garantiza la seguridad jurídica
a los inversionistas, socios y relacionados. En el caso de las empresas mixtas,
Pdvsa ha cumplido y seguirá cumpliendo las disposiciones legales que resaltan
la posibilidad de hacer negocios con empresas privadas, pero siempre reservando
la mayoría accionaria de la estatal”. Es alucinante el nivel de
filibusterismo con el cual se dirige una empresa petrolera que llegó a ser una
de las más importantes del mundo.
Liquidada Pdvsa y con graves
problemas operativos y financieros la industria petrolera venezolana, queda por
delante un titánico esfuerzo de reconstruir lo destruido en materia de
hidrocarburos y sobre esa base comenzar el largo camino para tener una país
donde quienes nazcan y vivan en él no tengan como primera opción abandonarlo en
busca de otros destinos.
11-07-17
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