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jueves, 13 de julio de 2017

Gerardo Blyde: El madurismo está usando mecanismos absolutamente violatorios para remover a la Fiscal por @contrapuntovzla


Por Emma Sánchez Álvarez


Gerardo Blyde opina que "las actuaciones de la Fiscal han sido tan fuertes, que ella ya no tiene retorno hacia el madurismo". Asegura que con la decisión para Leopoldo López, el Gobierno busca venderse “no tan represivo” y empuja hacia el diálogo

Para el alcalde del Municipio Baruta, Gerardo Blyde, la negociación política en democracia es la base fundamental del ejercicio de las funciones de los poderes. Sobre esta premisa, considera que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, “tienen que dar una fe de vida muy grande para que la oposición pague el costo político que representaría volver a sentarse con ellos y buscar una salida negociada a la inmensa crisis política, social y económica que tiene el país”, dice al inicio de esta entrevista con Contrapunto.

Blyde (Caracas, 1964) es un experimentado abogado en materia constitucional. Precisamente salta a la arena pública en febrero del 1999, cuando demanda el Decreto presidencial con el que Hugo Chávez, apenas juramentado en su cargo como presidente, llamó a un referéndum consultivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que lo autorizara además a fijar las bases del proceso electoral. Su recurso, inédito en Venezuela, fue declarado con lugar por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la segunda pregunta del referendo y ordenó al CNE a reformular las bases que rigieron todo el proceso.

Y precisamente, ante el fin de semana que se avecina, Blyde analiza para los lectores de Contrapunto varios temas, entre otros el del plebiscito convocado por la oposición para este domingo 16 de julio; la posición adoptada por la hasta ahora Fiscal General, Luis Ortega Díaz; las amenazas que Maduro le ha lanzado a los alcaldes opositores por las manifestaciones y el bloqueo de las vías; también sobre una posible transición de gobierno y el retorno al hilo constitucional, y por supuesto no dejó de lado su opinión acerca de la medida de casa por cárcel que el TSJ le otorgó al máximo dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, el pasado sábado 9 de julio.


"Sin duda, esa decisión debe leerse como la necesidad del gobierno de descomprimir un poco el ambiente político nacional para intentar venderse como “no tan represivo” y empujar a la oposición hacia el diálogo. En esa mesa faltan muchas patas para que pueda considerarse que habría alguna negociación. Pero parece también una acción para ganar tiempo y llegar a su constituyente fraudulenta", dice, y agrega: "pero esto no le lava la cara al máximo tribunal, porque solo mejoraron sus condiciones de reclusión porque López sigue preso", opina Blyde.


La espada de Damocles sobre los alcaldes

–¿Qué opinión le merecen las amenazas del Presidente a los alcaldes de la oposición que no impidan el bloque de las vías durante las protestas?

–Nosotros hemos sido muy claros, apoyamos las manifestaciones pacíficas porque esa acción está consagrada como derecho constitucional, y es imposible para nosotros no apoyarlas. No podemos decirle al ciudadano que no proteste porque, ¿quién en su sano juicio en Venezuela, que no sea enchufado y que no pertenezca a esa cúpula pequeña, piensa que en el país no hay motivos para protestar? Ahora, esas manifestaciones tienen que ser pacíficas. En nuestro caso, no hemos permitido los saqueos o actos delictivos, en los dos únicos casos que sucedieron en Baruta detuvimos a los responsables y los presentamos a los tribunales. Si nosotros estamos luchando para la reposición del orden constitucional y la vigencia plena del Estado de derecho, no podemos ser partícipes, ni cómplices, ni permitir actos que vayan contra la propiedad privada, por ejemplo, de pequeños comerciantes a los que se les quiebren sus negocios por actos disfrazados de protesta. Además, los alcaldes no tenemos competencia de orden público porque no lo establece la ley de policía. Ni siquiera tenemos equipamientos como bombas lacrimógenas o perdigones.

–Pero con la decisión del TSJ contra ocho alcaldes y las amenazas del Presidente Maduro tienen una espada de Damocles encima...

–La tenemos, sí la tenemos y, seguramente, si esto se pone peor, la van a usar. No me extraña que vuelvan a citarnos a algunos alcaldes. Todos esos procesos están introducidos como si las manifestaciones solo ocurrieran en municipios de oposición. El alcalde Jorge Rodríguez tiene manifestaciones todas las noches en varios sitios del Municipio Libertador y no tiene ni una llamadita de atención. Así hay varios, el de Guarenas o Guatire, que son del chavismo, tampoco tienen este tipo de acciones del TSJ. Pero sí Maduro y el gobierno cree que van a detener las protestas porque nos pongan presos y nos destituyan a los alcaldes de oposición están equivocadísimos. Si a Gerardo Blyde lo destituyen en una audiencia como lo hicieron en el 2014 con Enzo Scarano y Daniel Ceballos, encarcelándome en un proceso inconstitucional sin mi juez natural y en solo una instancia, la Cámara Municipal nombraría otro alcalde y las manifestaciones no van a parar, es más, se incrementarán porque hay hambre y miseria en el país. Yo tengo derecho, según la Constitución, a doble instancia. Además, este no es un procedimiento para juzgar un desacato. Es un mecanismo inventado por la Sala Constitucional en el 2014 para descabezar a los alcaldes.

"La gran pregunta es cómo se ve el madurismo dentro de unos meses si logra cristalizar su Constituyente fraudulenta, si va a tener presos o destituidos a todos los alcaldes y gobernadores de la oposición, si va a eliminar la inmunidad parlamentaria y hacer presos a diputados que han dirigido y convocado todo este proceso de protestar. Una constituyente le otorga todo esto. Además, ni siquiera las normas constitucionales estarían vigentes y, lo más grave, no se sabe hasta cuándo estaría funcionando. Esta Constituyente no es un diálogo del país. Es un 'yo con yo' del madurismo. Es un espejo en el que este gobierno se habla a sí mismo".


La Constituyente: El peor error político del Gobierno

–Pero el Presidente Maduro insiste, a pesar de la resistencia de la gente, en la Asamblea Nacional Constituyente?

–Convocar a una Constituyente es el peor error político que ha cometido Nicolás Maduro en el ejercicio de sus funciones. En una reunión en Miraflores, a la que asistimos los alcaldes de oposición, yo lo único que le dije a Maduro fue que respetara el orden constitucional y que, por lo tanto, nos respetara como poder público municipal, autónomo e independiente. En aquel momento le agregué que la Constitución de 1999 la aprobó el pueblo venezolano, aún cuando nosotros no estábamos de acuerdo pero aceptamos las reglas democráticas. Le recordé que cuando quisieron cambiarla y reformarla casi un tercio en el 2007, fue la oposición la que defendió su plena vigencia. En este momento se volvió el Pacto Social de todos los venezolanos, el contrato que nos une. Un pueblo no puede vivir sin un contrato de reglas claras. Maduro menosprecia el valor de esto a tantos años de vigencia de la Carta Magna, sobre todo desde el 2007 para acá. Además, esa propuesta fracturó al chavismo, y lo mismo debe estar pasando en las Fuerzas Armadas, porque los militares no son extraterrestres.

–¿Cree usted que el gobierno quiera realmente sentarse a negociar o dialogar para sacar a Venezuela de esta crisis?

–La negociación política en democracia es la base fundamental del ejercicio de las funciones de los poderes. Si Maduro fuera un demócrata, al perder la mayoría parlamentaria en el 2015 no ha debido arrasar con el TSJ para tomar control de todas las decisiones que pudiera producir la Asamblea Nacional en contra, sino que hubiese establecido una negociación política en su condición de fuerza minoritaria dentro de ese parlamento que eligió soberanamente el pueblo venezolano. Pero lamentablemente escogieron no negociar y, por el contrario, decidieron arrasar, no supieron perder ni ser minoría. Cuesta mucho creer en la palabra de quien así actúa, porque no procede como demócrata y mucho menos como estadista en ejercicio del poder. Defiende el poder por el poder mismo. Maduro y su gobierno acabaron con la negociación política en democracia, avalado con su toma inconstitucional del TSJ.

Es más aun: la oposición tiene ahora un costo político muy alto que pagar si regresara a una mesa de negociación, sin que se dieran las garantías mínimas indispensables para avanzar en un proceso de negociación. Maduro tiene que revertir muchas cosas que, en violación del ordenamiento constitucional vigente, ha realizado. Solamente así pudiera pensarse en tener una negociación política exitosa. Si no, sería un show como el que se vivió el año pasado. Quien no ha dado muestras de saber negociar en democracia es el propio gobierno. Quien tiene que dar muestras de que quiere negociar seriamente una salida para cambiar la situación actual del país es el gobierno. El que no tiene la mayoría del pueblo es el gobierno. El que perdió la AN en el ejercicio de sus funciones como Presidente, es el gobierno. Insisto: Maduro y su gobierno tienen que dar una fe de vida muy grande para que la oposición pague el costo político de volver a sentarse con ellos a buscar una salida negociada a la inmensa crisis política, social y económica que tiene el país.

–¿Cuál es entonces la salida a esta crisis que tiene en su haber más de 100 muertos, muchos heridos, detenidos y presos políticos?

–Yo no soy futurólogo. Creo que las salidas pueden ser muchas. Algunas muy costosas y otras menos. El primer escenario es que estamos en un punto en el que se ha pagado un alto costo por la subversión del orden constitucional, y podría pagarse un precio mayor si el gobierno se empeña en mantenerse en ese callejón sin salida de alterar el orden constitucional, acabar con el estado democrático y llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Otro escenario, que para mí sería el más deseable, es que este gobierno revierta sus decisiones violatorias del orden constitucional y, con observación imparcial aceptada por las partes, pueda llegarse a una negociación política que determine un proceso electoral nacional presidencial, e incluso parlamentario si fuere necesario, lo más pronto posible. Pero es importante que el Gobierno y Maduro desistan con la acción de usurpar la soberanía del pueblo de Venezuela mediante una Asamblea Constituyente no consultada. Después hay otras salidas, que son las que nadie quiere porque puede producir muchos muertos, y que nos podría llevar hasta una guerra civil en el país por la irresponsabilidad absoluta de quien ejerce el poder por el poder.


Plebiscito: una decisión acertada

–¿En todo este esquema que usted expresa, qué significado tiene el plebiscito convocado por la oposición para este 16 de julio de 2017?

–Yo no participé en esa toma de decisión porque yo no pertenezco a ningún partido hoy en día, y no me tienen por qué invitar a la toma de decisiones de la MUD, que es una Confederación de los principales partidos políticos. Sin embargo, he estado defendiendo las líneas estratégicas aunque no todas las tácticas de la MUD. Esta decisión de hacer un plebiscito me parece una decisión acertada tanto estratégica como tácticamente. El plebiscito lo está queriendo vender el gobierno como las consultas de los dictadores, pero con esto demuestra una inmensa ignorancia sobre lo que es la palabra y el mecanismo. El plebiscito surge en la República Romana como la posibilidad que le dieron los patricios erigidos en tribunos a los plebeyos, es decir, los descastados, de participar en las decisiones de las leyes y las órdenes que involucraban a la plebe. Por eso se llama “plebiscito”, es decir, se cita a la plebe a Asamblea para consultarle sobre las reglas que van a regirlos y que determinan los tribunos. Constituyeron consultas obligatorias para las ideas que los tribunos planteaban y que la plebe votaba. No es un mecanismo dictatorial, por el contrario, es un proceso extremadamente democrático. El plebiscito es el nacimiento de la democracia participativa.

En Venezuela, el plebiscito no existe como figura constitucional, pero los cuatro tipos de referendos pueden ser asumidos como plebiscito. Yo entiendo que debe estar enmarcado dentro de las competencias de la propia Asamblea Nacional para convocar un referéndum, y eso está determinado en el artículo 71 de texto constitucional en el sentido de que la AN, con mayoría simple, puede convocar materias de interés nacional.

–¿Cuál es el efecto de esta consulta porque el plebiscito no es vinculante?

–No es vinculante porque sería un referéndum consultivo. Pero si bien no tiene los efectos obligantes, tiene unos efectos políticos devastadores. Al pueblo venezolano se le debió consultar en un referéndum constitucional, de si quería o no una constituyente. Así lo definió la sentencia cuando se permitió ir a la Constituyente para 1999. Esto se lo comió Maduro y obligó a que la AN busque un mecanismo de consulta al pueblo, que es un referéndum consultivo. Aquí va a venir un choque, de hecho está llegando, es decir, quién organiza cuánta efectividad jurídica pueda tener ese referéndum, o lo que han denominado plebiscito. La efectividad es más política que jurídica: el poder de movilización del ciudadano expresándose ese día de consulta en múltiples centros electorales del país para decirle al Presidente que usurpó su poder como soberano, y que no está de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente. Es demostrar fuerza, músculo y, además, puede unificar a la gente.


La Fiscal no tiene retorno

–¿Qué opina usted sobre el cambio de actuación de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, que ha sorprendido a muchos? La gente la acusa de encarcelar a varios dirigentes de la oposición, y esto genera mucha desconfianza en sus actuaciones y posiciones recientes...

–Yo no juzgo su conducta hacia atrás. El tiempo lo dirá. Yo valoro su conducta como abogado y ciudadana. Uno de sus deberes, y así se lo reclamamos en varias oportunidades, es la defensa plena del Estado derecho. Evidentemente, la procesión iba por dentro. Y como que la punta del iceberg fue la sentencia 155 y 156, parchadas a medias por la 157 y 158 que no subsanaron la ruptura del hilo constitucional que declaró la Fiscal. De allá para acá ha venido realizando una serie de acciones y declaraciones que la colocan como un actor importante, menos por lo que dice más por lo que hace, y por el cargo que desempeña, que es muy importante para el país. Si lo vemos desde el punto de vista político, creo que si del lado de la oposición le vamos a caer a palos a cualquiera que se desprenda del “madurismo”, aún cuando conserve su sentimiento “chavista”, no vamos a lograr nunca nada, ni unificar al país ni salir de esta catástrofe. Somos los primeros en levantar –a veces con razón– altísimas sospechas sobre quienes se dividen.

Del lado opositor nato hay mucho escepticismo por cualquiera de las figuras que fueron prominentes en el chavismo y que ahora no están con el madurismo. Sin embargo, hay que darle la oportunidad al tiempo para que el tiempo nos señale cuán sinceras son cada una de estas acciones. Lo que si pareciera es que las actuaciones de la Fiscal han sido tan fuertes en las últimas semanas que ella no tienen retorno, por lo menos no hacia el madurismo. Y es el madurismo el que está usando mecanismos absolutamente violatorios del orden constitucional para remover a la Fiscal.

–La Fiscal Luisa Ortega Díaz también ha puesto en entredicho las actuaciones de la Asamblea Nacional en el caso de la remoción de los magistrados del TSJ…

–Creo que parcialmente es justa, por cuanto la AN sí produjo un acto parlamentario de anulación de todo el proceso de nombramiento que se hizo vía “fast track” en diciembre del 2015, y antes que entregaran en el 2016 a la nueva Asamblea Nacional que se incorporaría el 5 de enero. Es verdad que se tardó en producir ese acto, porque debía cumplir con las fases que el chavismo mismo no respeta. Vale recordar que el chavismo en 15 días violó todos los procedimientos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a los lapsos que deben cumplirse. Y los lapsos en derecho no están puestos de manera caprichosa, estos son de orden público porque la gente tiene derecho, por ejemplo, a postularse, también otros tienen derecho a impugnar esa postulación u oponerse a ella y, luego de la valoración en cada uno de los sectores que la Constitución da para que se evalúen esos postulados, ya sea el Consejo Moral Republicano como primer gran filtro o, en segundo término, en la propia AN cuando llegan los listados que han sido depurado por el CMR en el caso de los magistrados.

La Asamblea Nacional ha tardado en convocar ese nuevo procedimiento. La segunda parte ha sido lenta para el nombramiento de los magistrados. Por eso digo que es parcialmente justo el llamado de atención. Pero hay momentos en los cuales el deseo choca contra la realidad política y de lo que puedes ejecutar, y a lo mejor en la evaluación que hizo la Fiscal, no hizo la valoración política, es decir, de lo que en la práctica puedes ejecutar o no. Lo que la Fiscal declaró de fondo, más allá que se pueda ver como un regaño o no a la AN, es una verdad como un templo que hemos dicho desde el inicio, y es que no existe desacato del poder legislativo. La AN no ha aceptado el desacato, y ha seguido legislando y produciendo actos parlamentarios en forma de ley en ambos sentidos. Y el TSJ ha seguido en innumerables sentencias, anulando la función de legislar de la AN.


La transición, la incógnita 

–Se habla que la fiscal estaría buscando ser una posible candidata en una eventual transición…

–Eso es más una pregunta para ella que para mí. Yo no puedo señalar la intencionalidad de una persona. Yo juzgo a la persona por las acciones no por las intenciones ocultas o no que pueda tener.

–¿Tiene la Fiscal los requisitos para llevar adelante una eventual transición?

–¿Vamos a una transición? Esta es la pregunta. Para que haya candidatos a una transición tendríamos que dilucidar si nosotros vamos a este proceso en Venezuela o no. Eso depende de muchos factores. Ella podría tener su aspiración o su intención pero eso yo no lo conozco. Suenan en las redes y en los medios otros nombres también.

–¿Cómo se hace o se debe producir una transición del gobierno nacional?

–Tiene que partir de una base, y me voy otra vez al derecho constitucional. ¿Existe o no existe una ruptura del orden constitucional? Si la respuesta es afirmativa, quienes están ejerciendo el poder y se les acusa de ser los actores de esa ruptura, perdieron la legitimidad en el desempeño, ya no estoy hablando de la legitimidad de origen. Estos conceptos son novedosos en el derecho constitucional y político moderno. Lo normal era que el Presidente, aunque se deslegitimara en el ejercicio del poder, había sido electo y había que dejarlo terminar su mandato. No obstante, si se asumen las nuevas tesis del derecho público, y sobre todo de las Ciencias Políticas, de quien está en el poder y en el cargo, cuando la ruptura del orden constitucional se deslegitimó en el proceso. Por lo tanto, como han denunciado tanto la Asamblea Nacional, la propia Fiscal y múltiples voceros, incluso de gente del chavismo que se ha divido, fracturado y distanciado de lo que significa el madurismo, han denunciado que en Venezuela ocurrió un Golpe de Estado.

–¿Cuál es la obligación de todo venezolano investido de nueva autoridad?

–Está claro en la norma 333 de la Constitución, que indica que todos estamos en la obligación de reponer el orden constitucional. Esto incluye a civiles sin cargo, a civiles con cargos públicos, pero también a militares en el ejercicio de sus funciones, y en cumplimiento del 328 de la Carta Magna que no se puede ver aislado. El 333 no es una norma programática enunciativa. El 333 es una norma que se tiene que materializar en la operatividad real de las cosas.

–¿Qué tipo de transición sería, en caso de que esto ocurra?

–Nos encontramos con varios tipos de transición: con los que gobiernan, sin los que gobiernan, solo dentro del chavismo o el chavismo con la oposición que controla la AN. Son muchos los subescenarios que se pueden abrir. Dentro de todo esto hay un factor que poco mencionan pero que es fundamental, ¿la fuerza armada regresa al cumplimiento del 328, es decir, ser apolítica, institucional y hacer cumplir el orden constitucional? ¿Eso significa para algunos, el llamado para un Golpe de Estado o es un contragolpe si ya se dio un golpe? O es la solicitud de no acatar órdenes de quien se deslegitimó en el poder y no ir contra de lo que la mayoría soberana del pueblo quiere o no. Lo que sí está claro es que lo que no quiere es lo que no se le consulta, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que se convertiría en un supra gobierno y en una hegemonía aún más compacta de los pocos resquicios no hegemónicos de poder que tenemos hoy en día.

–¿Cómo se regresa al orden constitucional?

–En primer término regresa el orden constitucional quien lo violó y produjo la ruptura. Es una forma. Pero se llevaría a la práctica revirtiendo todas las decisiones que han tomado, tanto el TSJ, que le ha dado sustento, y las decisiones adoptadas por el gobierno que han producido esa ruptura del hilo constitucional, y restableciendo las competencias plenas del parlamento nacional, etc. Es un escenario, y ahí no estás en un gobierno de transición. El otro escenario: quien está en el poder se niega a revertir todas esas actuaciones y decisiones para regresar al orden constitucional, lo cual significa que continúa deslegitimado y nace el derecho a la rebelión y a sustentar la posibilidad de ir a una transición.

–¿Usted cree como algunos, que en Venezuela existe un vacío de poder?

–Yo nunca he creído en la figura de los vacío de poder. Fui muy crítico de la sentencia del caso Carmona al señalar que hubo un vacío de poder. Para aquel momento había un poder de facto actuando, en este caso fue básicamente el de las Fuerzas Armadas, porque el sector político quedó excluido de lo que se llamó el Carmonazo. Yo no veo en estos momentos un vacío de poder. Hay poderes actuando. Ahora hay poderes actuando fuera del orden constitucional, y otros poderes actuando para reponer el orden constitucional. ¿Cuál va a ganar en este enfrentamiento? Yo no tengo duda de que al final se impone lo que el pueblo termine queriendo, porque nuestra fibra democrática está muy impregnada dentro del ciudadano. Si algo yo puedo decir de este período chavista, desde la gestación de la Constitución de 1999 hasta hoy, es que los venezolanos hemos aprendido mucho de política a un alto costo, pero también mucho de derechos.

12-07-17