Omar Barboza Gutiérrez 17 de julio de 2017
En días
pasados la Conferencia Episcopal Venezolana le solicitó al Presidente Maduro el
retiro del proyecto constituyente, y agregaron en la comunicación:
“Estamos
convencidos de que esto es urgente si usted quiere resolver la grave crisis
alimentaria, de medicinas y de inseguridad, que está causando incontables
víctimas, así como devolverle a Venezuela su plena institucionalidad
democrática, contemplada en la Constitución”.
Coincidiendo
con ese planteamiento, un grupo de 60 reconocidas personalidades venezolanas
encabezadas por el jurista Pedro Nikken, ex -Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, suscribieron un documento hecho público
denominado “Llamado al entendimiento nacional”, donde señalan como necesario
para evitar la escalada del conflicto político, el pleno funcionamiento de las
instituciones y el Estado de Derecho. Concluyendo con tres propuestas para
superar la crisis política: en primer lugar, suspender el acto electoral fijado
para el 30 de julio (La Constituyente) y abrir un compás de oportunidad para el
entendimiento. Segundo, mantener a la Santa Sede como mediadora en el proceso,
como instancia capaz de ayudar a construir confianza, acercar posiciones y
promover acuerdos. Y tercero, proponen la creación de un grupo de cuatro países
amigos invitados de mutuo acuerdo que acompañen la mediación, y sirvan de
garantes para el cumplimiento de lo acordado; y, además, que la vocería se
reserve a la Santa Sede.
El
pasado 10 de julio, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, con seguridad
representando la opinión de muchos Presidentes y líderes del mundo, además de
su conocimiento directo de la situación venezolana, hizo público en su
twiter que él “considera que para una
solución en Venezuela, es necesario que Nicolás Maduro desmonte la Constituyente”.
Si a
eso le agregamos el contundente pronunciamiento mayoritario del pueblo
venezolano en contra de lo que significa esa Constituyente, no hay lugar a
dudas de que el retiro de ese proyecto es un clamor y una necesidad nacional
urgente para restablecer la efectiva vigencia de la Carta Magna, y para que el
pueblo decida en las elecciones libres previstas en la Constitución sobre el
destino del país y la manera de superar esta crisis.
Cuando
un Presidente de la República, quien como tal representa a un poder
constituido, pretende usurpar el derecho que la Constitución le otorga al
pueblo de Venezuela de ser el convocante de una Asamblea Nacional Constituyente
y eso lo hace valiéndose del apoyo sumiso de un TSJ y de un CNE que están al
servicio del Ejecutivo Nacional, y no de la Constitución ni del pueblo de
Venezuela, y además pretende imponer
bases comiciales que desconocen la universalidad del voto así como la igualdad
del valor del sufragio en cualquier parte del país donde se emita, está
incumpliendo con su principal deber constitucional que es cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes.
Con
esta conducta del gobierno nacional, estamos frente a la pretensión de imponer
por la vía de la fuerza una maniobra que intenta una usurpación golpista para
mantenerse en el poder, y prolongar los efectos negativos de esta gestión de
gobierno sobre la calidad de vida de los venezolanos. El colmo de esta
pretensión es que intenta venderle al pueblo esa usurpación como una propuesta
para la paz, cuando realmente quiere prolongar la represión y el crimen en
contra de los que piensan distinto al gobierno. La inmensa mayoría sabemos que
esta Constituyente no resolverá ninguno de los problemas principales que
afectan a la población, sino más bien lo que hace es prolongar en el poder las
causas que los provocaron.
Parece
que Maduro y quienes lo acompañan leyeron mal o no entendieron a Don Benito
Juárez cuando dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. El único camino
hacia la paz es el respeto a la Constitución, a los derechos de todos, y no la
imposición arbitraria de un proyecto por parte de una minoría para prolongar en
el ejercicio del poder a quienes son los responsables de la crisis que hoy
afecta gravemente los derechos humanos y el ejercicio de todas las libertades
en Venezuela.
El
Presidente Maduro, si de verdad quiere la paz y contribuir de alguna manera a
evitar la tragedia que vive el país, debe responsablemente retirar ese proyecto
de Constituyente para que se pueda abrir la posibilidad de un acuerdo serio que
enrumbe la conducción de la crisis hacia soluciones previstas en la
Constitución referidas al derecho y a la necesidad que tiene la sociedad
venezolana de vivir en forma civilizada.
El
pueblo venezolano ya tomó la decisión con fundamento en la Constitución de
hacer valer sus derechos, y todavía tiene la esperanza de no tener que seguir
entregando vidas, especialmente las de nuestros jóvenes, para hacerlos
respetar.
Omar
Barboza Gutierrez
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