Por León Arismendi
De la mal llamada “revolución
bolivariana”, que alguna vez fue una esperanza para la mayoría de los
venezolanos, en particular para los más humildes, sólo quedan escombros. La
escasez y la carestía de alimentos y medicinas, la ruina de los hospitales
públicos y el deterioro de la educación, la inseguridad y la delincuencia, la
destrucción del salario –convertido en bono que a duras penas alcanza para
medio comer- , marcan el avance del hambre y la miseria que son los signos de
una Venezuela que jamás imaginamos. Nuestros muchachos se van al extranjero en
busca del futuro que les niega la vergüenza que tenemos por gobierno y los que
aquí permanecen se han volcado a las calles, junto a las grandes mayorías
nacionales, a exigir el cambio urgente que el país necesita.
La respuesta del señor Maduro,
ante el clamor de la inmensa mayoría de la población, en lugar de algún asomo
de rectificación se traduce, por una parte, en una cruenta represión cuya
consecuencia más lamentable y trágica ha sido quitarle la vida a más de 80
jóvenes por ejercer su derecho a protestar y, por la otra, un golpe de estado
continuado que se inició en el TSJ, con el desconocimiento de la Asamblea
Nacional, y tiene su más acabada expresión en la usurpación del poder del
pueblo, mediante la fraudulenta convocatoria de una pretendida Asamblea
Nacional Constituyente Comunal, con la cual quiere eternizarse en el poder y
liquidar la Constitución y la democracia. Ese engendro tiene el rechazo de casi
el 90 por ciento de los venezolanos, pero Maduro y su banda, insisten en
imponerla con “las armas” y con el chantaje. Chantaje que tiene dos destinatarios:
los sectores más pobres de la población y los trabajadores del sector público.
A los primeros se les amenaza con dejar de entregarle las bolsas de los CLAP y
a los segundos, con quietarles el empleo si no votan en la fraudulenta
constituyente comunal.
Semejante chantaje, violatorio
de los más sagrados derechos humanos es inadmisible. Nuestro llamado es a
rebelarse contra tamaña ruindad. El sagrado derecho humano a disentir está
garantizado en la Constitución. El voto es un derecho, no una obligación. Las
bolsas de comida no son un regalo de Maduro y mucho menos lo es el puesto de
trabajo. La defensa de la Constitución es un deber de todos y ningún chantaje
de un gobierno moribundo podrá impedirlo. Los sindicatos del sector público
tienen que alzar su voz frente a tal despropósito. El chantaje será derrotado.
05-07-17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico