Por Michael Penfold
Existen varias maneras de
analizar el anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a la decisión
de organizar un plebiscito el 16 de julio como mecanismo de consulta para
presionar al gobierno a revertir la Asamblea Nacional Constituyente. La primera
lectura de ese acuerdo es una visión estática que describe una oposición que
logró un consenso amplio, entre una diversidad de agrupaciones partidistas que
aceptaron públicamente operacionalizar un proceso de desobediencia civil a
través de un mecanismo refrendario, que aún sin ser organizado por el Consejo
Nacional Electoral, sino a través de una ciudadanía que se abroga el artículo
333 y 350, intenta legitimar su ambición de reestablecer el orden
constitucional.
Con esta iniciativa, la
oposición intenta retomar la ofensiva política ante un gobierno que logró
durante las últimas semanas mostrar sin pudor tanto su capacidad de control
institucional como su músculo militar. Con esta decisión unitaria, la calle
ahora se organiza en torno a un objetivo diferente y no simplemente en función
de una movilización social guiada por la protesta. Aunque la oposición sigue
sin engranarse políticamente con el chavismo disidente —pues el acuerdo no
incluyó a ninguna agrupación política distinta a las que ya hacían vida en la
Unidad—, esta opción abre un nuevo espacio que ahora tiene el reto de probar
que tiene una amplia acogida popular y que puede ser articulado con sectores
más amplios de la sociedad. En paralelo, tanto la Asamblea Nacional como la
Fiscalía General de la República, continúan en su esfuerzo por remover a los
magistrados del TSJ para romper el control del Ejecutivo sobre el poder
Judicial.
La segunda lectura del acuerdo
es dinámica. La oposición tomó la decisión de organizar un plebiscito sin la
venia del CNE como una forma de escalar el conflicto ante la arremetida del
gobierno tanto en el uso de la represión como en su compromiso de continuar
avanzando con la convocatoria de la Constituyente. Frente a este cambio
estratégico, el gobierno seguramente ahora pasará a tratar de desmontar esta
iniciativa consultiva que constitucionalmente correspondía ser organizado para
poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo más probable es que el
gobierno responda nuevamente con un ataque político dirigido a la Fiscal
General de la República; por lo que nadie se debe sorprender si
esta semana o la próxima el TSJ decide separarla del cargo, usurpando
nuevamente las prerrogativas de la Asamblea Nacional. A esta acción, que la
oposición ya debe haber anticipado, se anunciará otra batería de respuestas
para poder hacerle frente a esta nueva agresión institucional, lo cual
continuará intensificando aún más el conflicto venezolano… Y así sucesivamente
hasta que ocurra algún nuevo quiebre político.
Lo cierto es que el país
acelera su espiral de enfrentamiento y por lo tanto de violencia política. Es
indudable que el gobierno va a seguir insistiendo en su opción Constituyente
aún si ello supone incrementar la represión, remover a la Fiscal General,
bloquear la realización del plebiscito el 16 de julio y blindar el proceso
electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral a realizarse el 30 de
julio. La oposición apuesta a que incluso a partir de estos anuncios cualquiera
de las acciones anteriores por parte del gobierno pueda generar reacciones
inesperadas de diversos actores, tanto en el plano nacional como internacional,
que precipiten una serie de eventos que permitan profundizar las grietas tanto
dentro del mundo chavista como en la esfera militar y facilitar así un proceso
de cambio político.
La apuesta es sin duda
riesgosa. Esta iniciativa coloca al gobierno frente a una serie de decisiones
que podrían terminar de deslegitimar lo que ya luce como un proceso
arbitrario e inconstitucional de convocatoria a una Constituyente. Por el
contrario, si el gobierno no logra reaccionar, y se realiza el plebiscito el 16
de julio, la oposición habrá obtenido un triunfo simbólico.
A estas alturas para todos los
actores nacionales relevantes es evidente lo que está ocurriendo en el país:
acabamos de entrar en una fase aún más peligrosa en la confrontación política,
en una lucha que es cada vez más enconada y sin la mediación de ninguna
institución creíble, y que tan solo un actor internacional, con mucha filigrana
diplomática, va a poder desmontar. En otras palabras: continúa la escalada y se
profundiza la crisis de gobernabilidad. Se aceleran los tiempos. Y se elevan
las apuestas.
04-07-17
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