Carlos Romero Mendoza 04 de octubre de 2017
@carome31
El 7
de julio de 2016 la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para el rescate y la
profundización de la descentralización en Venezuela a través del cual los
parlamentarios exigieron al Ejecutivo Nacional cumplir de manera efectiva con
el mandato que hace la Constitución y las leyes venezolanas en materia de
descentralización.
La
Asamblea Nacional en ese Acuerdo cuestionó el centralismo que se ha venido
implantando en el país y que ha llevado a concentrar el poder, las decisiones,
las competencias y los recursos en el nivel nacional de Gobierno; además,
reclamó el irrespeto del Ejecutivo Nacional a las normas constitucionales y
legales que atribuyen competencias a estados, municipios y comunidades
organizadas.
Así
mismo, el Poder Legislativo venezolano denunció que a lo largo de los últimos
años han entrado en vigencia leyes cuyo contenido atentan contra la
descentralización y tergiversan conceptos universales como federalismo,
sociedad organizada, descentralización, transferencia de competencias, entre
otras.
El
contenido del Plan de la Patria 2013-2019 evidencia el desconocimiento del
artículo 158 de la Constitución vigente mediante el cual se reconoce a la
descentralización como política nacional del Estado.
Es
importante destacar que el Plan de la Patria 2013-2019 omite en su contenido el
uso de los siguientes términos: descentralización, sociedad organizada,
estados, municipios, alcaldes, gobernadores, legisladores estadales y
concejales. Por lo tanto, como hoja de ruta política del régimen, advierte una
orientación que está al margen del orden democrático y constitucional previsto
en la Constitución de 1999.
Cuando
en el año 2012 Francisco Ameliach[1], siendo candidato a gobernador de Carabobo
afirmó que su rol sería facilitar la consolidación del Poder Popular para la
búsqueda de las soluciones a los problemas estadales y luego en diciembre 2013,
Jorge Rodríguez[2], una vez juramentado alcalde del Municipio Libertador,
decidió aprobar el Plan de la Patria 2013-2019 como su programa municipal, se
expresó un claro desconocimiento al modelo federal descentralizado de Estado
que exige la Constitución vigente.
La
actuación de los gobernadores oficialistas, a lo largo de estos años de
gestión, han logrado volver al pasado, reivindicado aquella figura de los
gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional y aniquilando la poca
autonomía que la Constitución dice garantizar a los gobiernos estadales.
Las
elecciones de gobernadores, previstas para el 15 de octubre 2017, representan
una oportunidad política muy importante a los fines de valorar el rol que la
Constitución vigente otorga a la descentralización.
Desde
el punto de vista constitucional el artículo 158 presenta la descentralización
como una herramienta para profundizar la democracia, acercar el poder a la
población y crear las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la propia
democracia, como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos
estatales. Ese mismo artículo reconoce que la descentralización en Venezuela
debe ser asumida como una política nacional.
Los
gobernadores que se elegirán el 15 de octubre de 2017 están en la obligación
legal de promover e impulsar la discusión sobre el Plan de Desarrollo Estadal,
en consecuencia, tienen la oportunidad de introducir el debate sobre el
desarrollo estadal en el marco de un modelo de Estado Federal descentralizado,
en coherencia con las normas constitucionales vigentes.
En los
100 primeros días los gobernadores, asumiendo la responsabilidad de abordar el
desarrollo estadal, podrían diseñar una metodología participativa a los fines
de incluir en ese debate a la sociedad civil, de manera que se pueda valorar el
impacto de la centralización que se ha experimentado, enfocando el análisis en
todas y cada una de las competencias que la Constitución reconoce como
exclusiva de los estados que integran nuestro modelo de Estado Federal
descentralizado.
Ese
diseño de una estrategia de inclusión social en la valoración de la
centralización y descentralización para abordar el desarrollo, haría que en
esos primeros días de gestión, la legalidad existente les permita asumir un rol
de facilitadores políticos de un proceso de reivindicación de la
descentralización como herramienta útil para la restauración del orden
democrático y constitucional de Venezuela, que hoy pretende ser sustituido a
través de una fraudulenta Constituyente.
En
consecuencia, mientras mayor sea la movilización electoral de los sectores
democráticos, mayor será la legitimidad y la capacidad política de los
gobernadores electos para reclamar, debatir e impulsar la descentralización
como alternativa política real, viable y concreta para sustituir el Plan de la
Patria 2013-2019 y restaurar el hilo constitucional.
En los
100 primeros días el debate que podrían abrir los gobernadores en cada entidad
federal a la que representan, permitiría que de manera conjunta, incluyendo a
alcaldes de la Unidad Democrática de cada entidad federal, puedan presentar al
país, a sus electores y al mundo entero, una propuesta unitaria de Agenda
Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Sostenible, enmarcado en los
propios Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
En esa
Agenda Nacional elaborada por los gobernadores y alcaldes de la Unidad
Democrática, claramente se debería plantear una serie de reformas legislativas
y la necesaria aprobación de nuevas leyes, algunas de ellas que ya la Asamblea
Nacional adelantó en su Acuerdo de julio 2016.
La
realidad financiera que ha generado los aumentos unilaterales del Ejecutivo
Nacional, impactando negativamente las finanzas estadales y municipales, abre
el espacio para el debate responsable sobre los recursos económicos en el
diseño de un Estado Federal Descentralizado que pueda responder efectivamente a
los desafíos del presente.
Claramente,
en esa agenda y sin necesidad de hacer grandes inventos institucionales, menos
aún de impulsar reformas constitucionales o enmiendas, se puede evaluar la
posibilidad de reformar el Consejo Federal de Gobierno y el Sistema Nacional de
Planificación, a los fines de poner esa institucionalidad al servicio de la
descentralización, del desarrollo y de incorporar a Venezuela en el debate
efectivo, serio y sostenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En
esta corta campaña electoral qué oportuno hubiera sido la presentación al país
de un Acuerdo Político para la Descentralización y la Desconcentración,
presentándolo como alternativa viable, posible y concreto para enfrentar los
desafíos que hoy tenemos para superar la profunda crisis que agobia a los
venezolanos
La
descentralización y las elecciones del 15 de octubre se encuentran
políticamente a los fines de articular, a través del voto y la movilización,
una forma concreta de reclamar y protestar contra el excesivo centralismo que
nos ha arrebatado la democracia como modelo político.
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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