Ricardo Hausmann 02 de enero de 2018
La
crisis de Venezuela está pasando, inexorablemente, de ser catastrófica a ser
inimaginable. El nivel de miseria, sufrimiento humano y destrucción ha llegado
a un punto en que la comunidad internacional debe repensar cómo puede ayudar.
Hace
dos años, advertí que en Venezuela se avecinaba una hambruna similar al
Holomodor de Ucrania entre 1932 y1933. El 17 de diciembre, The New York Times
publicó en su portada fotografías de este desastre, provocado por el hombre.
En
julio, describí la calamidad económica sin precedentes por la que atraviesa
Venezuela y documenté el colapso en la producción, los ingresos, y los niveles
de vida y salud. Probablemente, la estadística más reveladora que cité fue que
el sueldo mínimo (el que en Venezuela gana el trabajador mediano), medido en la
caloría más barata disponible, había caído de 52.854 calorías diarias en mayo
de 2012 a tan solo 7.005 en mayo de 2017, completamente insuficiente para
alimentar a una familia de cinco personas.
Desde
entonces, la situación ha empeorado de manera drástica. Para el mes de
noviembre, el sueldo mínimo se había desplomado a apenas 2.740 calorías
diarias. Y la escasez de proteínas es todavía más aguda. El abastecimiento de
carne de cualquier tipo es tan reducido, que el precio de un kilo en el mercado
equivale a más de una semana de trabajo remunerado al sueldo mínimo.
Las
condiciones de salud también han decaído, como consecuencia de las deficiencias
nutricionales y de que el gobierno decidió no proveer fórmula para lactantes,
vacunas contra enfermedades infecciosas, medicamentos para quienes están en
tratamiento por SIDA, cáncer, diálisis y trasplante, y también los suministros
generales de los hospitales. Desde el 1 de agosto, el valor del dólar ha
añadido un cero, y desde septiembre, la inflación ha estado por encima del 50%
al mes.
De
acuerdo a la OPEP, desde mayo la producción de petróleo ha declinado el 16%,
una reducción de más de 350.000 barriles al día. Para detener este declive, el
gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha tenido mejor idea que arrestar a
alrededor de 60 ejecutivos de PDVSA, la empresa petrolera estatal, y nombrar a
un general de la Guardia Nacional sin experiencia en la industria para conducir
sus operaciones.
En
lugar de tomar medidas para poner fin a esta crisis humanitaria, el gobierno la
está usando para consolidar su control político. Rechaza los ofrecimientos de
asistencia internacional, al tiempo que, para sofocar las manifestaciones,
invierte sus recursos en adquirir sistemas de control de disturbios de grado
militar fabricados en China.
Muchos
observadores externos creen que el gobierno perderá poder a medida que la
economía siga empeorando. Sin embargo, la oposición política organizada está
hoy en una posición de mayor debilidad que en julio, a pesar de la crisis y del
masivo apoyo diplomático internacional. Desde entonces, el gobierno ha
instalado una Asamblea Constituyente inconstitucional con plenos poderes, ha
cancelado el registro electoral de los tres principales partidos de oposición,
ha destituido a alcaldes y diputados legítimamente elegidos, y se ha robado
tres elecciones.
Dado
que todas las soluciones son imprácticas, inviables o inaceptables, la mayoría
de los venezolanos anhelan alguna forma de deus ex machina que los salve de
esta tragedia. Lo mejor sería poder convocar elecciones libres y justas para
llegar a tener un nuevo gobierno. Este es el Plan A de la oposición venezolana
organizada en torno a Mesa de la Unidad Democrática, y es lo que se busca en
las conversaciones que se están realizando en la República Dominicana.
No
obstante, es un desafío a la credulidad pensar que un régimen dispuesto a matar
de hambre a millones de personas para mantenerse en el poder, va a ceder ese
poder en elecciones libres. En la década de 1940 en Europa Oriental, los
regímenes estalinistas consolidaron su poder pese a sufrir derrotas
electorales. El hecho de que el gobierno de Maduro se haya robado tres
elecciones tan solo en 2017, y que haya bloqueado la participación electoral de
tres de los partidos con los cuales está negociando en República Dominicana, de
nuevo a pesar de una atención diplomática internacional masiva, sugiere que el
éxito es improbable.
La
idea de un golpe militar para restaurar el orden constitucional agrada menos a
muchos políticos democráticos porque temen que después los soldados no regresen
a sus cuarteles. Por lo demás, el régimen de Maduro ya es una dictadura
militar, con oficiales a cargo de muchas agencias gubernamentales. Los
oficiales de alto rango de las fuerzas armadas son esencialmente corruptos,
habiendo participado durante años en actividades de contrabando, delitos
cambiarios y en las compras públicas, narcotráfico y muertes extrajudiciales
que, en términos per cápita, son tres veces más prevalentes que en Las
Filipinas de Rodrigo Duterte. Un número importante de altos oficiales decentes
han estado renunciando a las fuerzas armadas.
Las
sanciones focalizadas en individuos, que administra la Office of Foreign Assets
Control (OFAC) de Estados Unidos, están incomodando a muchos de los bandidos
que gobiernan Venezuela. No obstante, en el mejor de los casos son muy lentas,
pues para el tiempo que rindan el efecto deseado se habrán producido decenas de
miles de muertes evitables y se habrán ido al exterior millones de nuevos
refugiados venezolanos. Y, en el peor de los casos, nunca surtirán efecto. Al
fin y al cabo, sanciones como estas no han conducido a un cambio de régimen en
Rusia, Corea del Norte, ni Irán.
Esto
nos deja con una posible intervención militar internacional, solución que
asusta a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a causa de la historia de
agresiones contra sus intereses soberanos, especialmente en México y
Centroamérica. Pero es posible que estas no sean las analogías históricas
correctas. Después de todo, Simón Bolívar pasó a ser llamado el Libertador de
Venezuela gracias a la invasión de 1814 organizada y financiada por la vecina
Nueva Granada (hoy Colombia). Entre 1940 y 1944, Francia, Bélgica y los Países
Bajos no lograron liberarse de un régimen opresivo sin una acción militar
internacional.
La
implicación es clara. A medida que la situación en Venezuela se torna
inimaginable, sus posibles soluciones se acercan a lo inconcebible. La Asamblea
Nacional debidamente elegida hace dos años, en la cual la oposición tiene una
mayoría de dos tercios, ha sido despojada de todo su poder de manera
inconstitucional por una Corte Suprema nombrada inconstitucionalmente. Y las
fuerzas armadas han empleado ilegítimamente su poder para reprimir las
protestas y obligar a exiliarse a muchos líderes, entre ellos los jueces de la
Corte Suprema que la Asamblea Nacional nombró en julio.
Si se
trata de soluciones, por qué no considerar la siguiente: la Asamblea Nacional
podría destituir a Maduro y al narcotraficante de su vicepresidente, Tareck El
Aissami, sancionado por la OFAC y a quien el gobierno estadounidense le ha
embargado más de US$ 500 millones. Dado este vacío de poder, la Asamblea,
nombraría de forma constitucional a un nuevo gobierno, el que a su vez podría
solicitar asistencia militar a una coalición de países amigos, entre ellos,
latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Esta fuerza liberaría a Venezuela
de la misma forma en que canadienses, australianos, británicos y
estadounidenses liberaron a Europa en 1944-1945. Más cerca de casa, esto sería
semejante a la liberación de Panamá de la opresión de Manuel Noriega por parte
de Estados Unidos, la que marcó el inicio de su democracia y del crecimiento
económico más rápido de América Latina.
De
acuerdo al derecho internacional, nada de esto requeriría la aprobación del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (que Rusia y China podrían vetar),
puesto que la fuerza militar sería invitada por un gobierno legítimo en busca
de apoyo para defender la constitución de su país. La existencia de una opción
como esta incluso podría mejorar la probabilidad de que las negociaciones que
se están llevando a cabo en la República Dominicana lleguen a un resultado
exitoso.
El
colapso de Venezuela es contrario al interés nacional de la mayoría de los
países. Y las condiciones imperantes en el país constituyen un delito de lesa
humanidad al que se debe poner fin por razones morales. El fracaso de la
Operación Market Garden en septiembre de 1944, inmortalizado en el libro y el
film “Un puente lejano”, se tradujo en la hambruna del invierno 1944-1945 en
los Países Bajos. La hambruna en la Venezuela de hoy ya es peor que esa.
¿Cuántas vidas más serán destrozadas antes de que arribe la salvación?
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