Por Froilán Barrios
Argumentos de todo género se
han proclamado a los cuatro vientos para justificar la participación en las elecciones
presidenciales de mayo, principalmente el gobierno nacional manifiesta que con
ese mismo CNE la oposición obtuvo una aplastante victoria en las parlamentarias
de 2015, incluso mencionan elecciones anteriores como las de gobernadores de
2012 y la de alcaldes de 2013. Por otra parte, de la misma fuente beben los que
apoyan la candidatura de Henri Falcón, quienes analizan la oportunidad de
derrotar a Maduro en el terreno electoral.
En general, las condiciones
que exigen tirios y troyanos se reducen fundamentalmente al cronograma y los
procesos técnicos, cuando lo esencial de participar en dichas elecciones se
centra en lo político. En tal sentido, la diferencia entre todas las elecciones
realizadas antes de 2018, salvo las de la fraudulenta ANC nula de toda nulidad,
estriba en la proximidad o lejanía con la vigente Constitución.
Por tanto, tomando como
referencia las elecciones parlamentarias de 2015, debemos decir que en aquella
ocasión si hubo condiciones políticas consagradas en la Constitución y las
leyes, que hoy no están presentes. Comenzamos con la participación plena de los
partidos políticos sin exclusión alguna; igualmente, salvo los conocidos casos
de inhabilitados, pudo participar plenamente el liderazgo político opositor;
así, también se garantizó el libre tránsito con algunas restricciones de los
candidatos a diputados por todo el territorio nacional.
Aun cuando aquella
experiencia no fue un paraíso terrenal, pues el Ejecutivo no dejó de intervenir
en cadenas y acciones ventajistas en pro de los candidatos gubernamentales, las
condiciones técnicas impuestas por el CNE de constituir caprichosos circuitos
electorales favorables al régimen le sirvieron paradójicamente de escenario
para la peor derrota sufrida por el chavismo desde 1999, al manifestarse ese
diciembre de 2015 el repudio general de la población a la gestión madurista.
El régimen, impactado por
ese KOT fulminante, comenzó a fraguar desde enero de 2016 el definitivo golpe
de Estado que ha desintegrado aún más al país. Primero, inició la
inhabilitación caprichosa de los partidos políticos a través de la sentencia
del TSJ de enero de 2016; luego, utilizó el máximo tribunal para expropiar a la
Asamblea Nacional de todas sus competencias, preparando su golpe maestro en
2017 con la aprobación de la convocatoria a elegir la montonera del PSUV
denominada ANC, esperpento que se ha convertido en el fraude jurídico más
grotesco de la historia política del continente. Acentuado recientemente con
nuevas inhabilitaciones inconstitucionales a partidos políticos y dirigentes
opositores en 2018.
Toda esta operación fraguada
desde La Habana castrista fue implementada a sangre y fuego, con la masacre de
140 venezolanos muertos en procura de la libertad y la democracia en 2017. Por
tanto, este proceso electoral presidencial de 2018 para nada cuenta con las
mismas condiciones políticas y técnicas de 2015, lo que reclama el mayor
escenario de unidad nacional de las fuerzas democráticas.
Contra la dictadura se vale
todo, como lo establecen los artículos 333 y 350 de la vigente Constitución;
por tanto, toda acción de participar o no reclama la más amplia unidad, pues si
abordamos esta fase política como se vislumbra, divididos y dispersos, de nuevo
sufriremos la frustrante derrota a la que nos tienen acostumbrados quienes
fungen como dirección opositora, llámese MUD, radicales, colaboracionistas,
guerrilla del teclado, etc. Quizás el camino que empieza a transitar la
sociedad civil con el acto del 6 de marzo de 2018 realizado en el Aula Magna de
la UCV pudiera establecer las vías de una plataforma nacional unitaria para
enfrentar la dictadura.
07-03-18
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