EMILI J. BLASCO 13 de marzo de 2018
La
oposición venezolana aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha
decidido no participar en las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás
Maduro para el 20 de mayo. Algún dirigente menor, como Henri Falcón, ha roto
ese compromiso y ha anunciado que concurrirá a ellas, aduciendo que, así como
la oposición pudo derrotar al chavismo en las legislativas de 2015, ahora
podría nuevamente vencerle en las urnas. En realidad, la situación es
radicalmente distinta.
Lo
primero que hay que tener en cuenta es que una dictadura nunca da por perdidas
dos elecciones. Puede admitir la derrota en unas, por falta de cálculo y de
suficiente fraude, pero si entonces no entrega el poder (como sí ocurrió con
Pinochet tras el referéndum que convocó en 1988), la huida hacia adelante en su
voluntad de permanencia le llevará a elecciones cada vez más restringidas y a
fraudes cada más gigantescos, que ya ni siquiera se esforzará en esconder. Esto
último es lo que ha ocurrido en Venezuela.
La
oposición pudo apuntarse oficialmente la victoria en las elecciones de 2015 por
tres razones principales, además lógicamente de la tremenda desafección popular
que ya existía hacia el Gobierno:
1. El fraude es más fácil en las
presidenciales
Una es
que el fraude —que ya le robó el triunfo a la oposición en las presidenciales
que encumbraron a Maduro en 2013, y probablemente también en las de Chávez de
2012— es más fácil de aplicar en una votación con una circunscripción nacional
única y con dos candidatos principales. En esa situación es más sencillo para
el chavismo saber cuántos votos lleva el contrario y cuántos votos falsos hay
que generar para ganar; además, estos se pueden generar en todos los lugares de
control territorial chavista, no importa dónde, pues luego van al cómputo
general único.
En las
elecciones legislativas, municipales y de gobernadores hay muchas más
variables, por lo que son más difíciles de controlar plenamente, de ahí que
este chavismo en horas bajas perdiera las legislativas de 2015 y luego tuviera
que eliminar partidos y candidatos en las dos otras dos elecciones, en 2017,
para que el fraude funcionara convenientemente.
2. Ya no cabe el factor sorpresa
Otra
razón es que en diciembre de 2015 el volumen del voto de castigo sorprendió
tanto a los dirigentes chavistas (muchos electores que ellos arrastraron a las
urnas aprovecharon el voto secreto para apoyar a la oposición, lo que adulteró
los cálculos del fraude), que no estuvieron en condiciones de coordinar una
reacción. A los intentos de Diosdado Cabello de generar violencia callejera con
los colectivos a última hora del día, para así invalidar las elecciones, se
enfrentó el ministro de Defensa, Padrino López, partidario de no alterar el
resultado que iba a proclamarse.
Hoy ya
no cabe el factor sorpresa. En 2015, el Gobierno seguía queriendo simular ser
una democracia. En 2017, con la convocatoria de la Asamblea Nacional
Constituyente, justamente para superar el problema de una Asamblea Nacional
controlada por la oposición, el Gobierno ya dio el paso de asumir que sería
internacionalmente proclamado como dictadura: ya no tiene que guardar las
apariencias. Hasta la compañía responsable técnica del sistema electoral,
Smartmatic, ha denunciado el fraude.
3. Perder la Asamblea era reconducible
En
2015 el chavismo podía admitir la pérdida de la Asamblea Nacional porque seguía
controlando la presidencia y los otros poderes, y podía tener margen para
puentear a los díscolos diputados (como así fue con la convocatoria de la
Constituyente). En cambio, perder la presidencia no es una opción, no es algo
remediable. De ahí la prohibición de las candidaturas de opositores como
Leopoldo López o Henrique Capriles y otras limitaciones impuestas. Está todo
arreglado para que Maduro no pierda estas elecciones.
Contra la Constitución
La
participación en estas elecciones, por otra parte, presenta el problema del
acatamiento de una vulneración constitucional. El mandato presidencial dura un
sexenio: comienza el 10 de enero y termina junto seis años después en otro 10
de enero. Las elecciones presidenciales tienen lugar cerca de ese momento y
normalmente han sido convocadas en diciembre.
Saltarse
eso, por conveniencia política de Maduro, es contravenir el espíritu de la
Constitución, promovida por el propio chavismo en 1999. También lo es la
descarada falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, que no solo
inicialmente adelantó las elecciones al 22 de abril por conveniencia del
Gobierno, si no que luego, por orden también de este y sin disimulo, las ha aplazado
al 20 de mayo, en un intento de que algún otro partido de la oposición
participe.
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