ALONSO MOLEIRO y FLORANTONIA SINGER 12 de mayo de 2018
Conoco
Phillips pone a Petróleos Venezuela (PDVSA) en una situación crítica. La
victoria de la tercera mayor petrolera estadounidense por la demanda
interpuesta ante la Cámara Internacional de Comercio obliga a la firma estatal
venezolana a pagarle 2.040 millones de dólares por los daños producidos tras la
nacionalización unilateral. Una de sus consecuencias inmediatas del fallo
reviste una enorme gravedad para el Gobierno de Nicolás Maduro: la sentencia
abre las compuertas para la confiscación de crudo y el embargo de activos
internacionales pertenecientes a esta nación, colocando, como mínimo, retardos
en la comercialización de su petróleo.
La
bajada en los bombeos venezolanos de crudo —en su nivel más bajo en 70 años—
como consecuencia de la corrupción, y las enormes deudas que acumula PDVSA —que
han triturado su otrora posición de solvencia— se suman a este revés judicial y
sitúan al régimen venezolano, dependiente como nunca de sus ingresos
petroleros, frente a un potencial problema de flujo de dinero en el corto y el
mediano plazo.
De
momento, el triunfo de la ConocoPhillips en el arbitraje ha servido para que
PDVSA no pueda operar con normalidad en el abastecimiento de sus buques en los
terminales de la estatal venezolana en las islas de Bonaire y San Eustaquio
(límítrofes con Venezuela, pertenecientes a la Corona holandesa). Tampoco podrá
hacerlo en la estratégica Refinería Isla (en Curazao), a través de la cual
PDVSA atiende despachos enviados a naciones como China y la India. En Caracas
temen que lo mismo pueda ocurrir con las propiedades de PDVSA en Aruba, a
través de su filial Citgo. PDVSA ha desviado las rutas de sus buques con
destino a Curazao como medida de último minuto para impedir su confiscación. Si
Petróleos de Venezuela no acata lo que el tribunal determina, no se puede
descartar, incluso, la toma de buques con crudo venezolano en alta mar.
El
potencial embargo de activos venezolanos internacionales se produce en un
contexto de enorme desorden financiero que ha evidenciado la administración de
Maduro, cuyo Ejecutivo tiene vencidos pagos de onerosos préstamos por otros
conceptos, y que colocaron a Venezuela en una situación de default técnico
desde finales del año pasado.
Conoco
Phillips también demandó al estado venezolano ante el CIADI (el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, dependiente del
Banco Mundial), por violaciones al tratado bilateral de Inversiones firmado
entre Venezuela y Holanda. En ese proceso ya se determinó que el país
latinoamericano incurrió en faltas por la expropiación de dos activos de Conoco
Phillips —las instalaciones de Petropiar y Petrozuata, en la faja petrolífera
del Orinoco— y que está a la espera de que se determine el monto de la
indemnización.
El
Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela emitió un ambiguo comunicado, en
el cual protesta por la decisión del tribunal y enjuicia los motivos de la
multinacional petrolera con sede en Houston para la demanda, pero se compromete
“a resolver de forma legal y pacífica las controversias haciendo uso de las
instancias destinadas para tales fines”. La reacción oficial incluyó un
pronunciamiento adicional de PDVSA a través de la cuenta de Twitter de la
compañía, en la cual se afirma que la nación honrará sus compromisos. Para
sorpresa de muchos, sin embargo, estos tuits fueron borrados poco después de
haber sido publicados.
El
motivo del contencioso judicial encuentra su raíz en el proceso de
nacionalización de activos en la Faja Petrolífera del Orinoco, decretado por
Hugo Chávez en 2007, con ocasión de la creación de la nueva ley de Hidrocarburos.
Eran otros tiempos: los márgenes de rentabilidad de la industria venezolana
eran todavía apreciables, con el precio del petróleo por encima de los 100
dólares por barril, y la nación estaba embriagada por una ola de nacionalismo
económico.
“Goodbye, good luck, and thank you very much”
("Adiós, buena suerte y muchas gracias"). Con
esas palabras, en una cadena de televisión del año 2007, el entonces presidente
Chávez decidió dar por terminados los contratos de operación que justificaban
la presencia de esta y otras multinacionales en los yacimientos de la faja del
Orinoco, que fueron promovidos, sobre todo, durante el mandato de Rafael
Caldera (1994-1999), en el marco de un proceso conocido como la Apertura
Petrolera, que fue muy criticado por la dirigencia chavista por “entreguista”
Para
seguir operando en la explotación de los cuantiosos crudos extrapesados de la
faja del Orinoco, estas compañías fueron obligadas a migrar a un sistema de
empresas mixtas, en las cuales podrían seguir en el país, pero tuteladas con la
mayoría accionaria de PDVSA. Algunas de las principales multinacionales del
sector —Chevron, British Petroleum (BP), Statoil y Total—, aceptaron los
términos operativos dispuestos por el Gobierno chavista, pero Conoco, y Exxon
Mobil, permanecieron renuentes.
Aunque
PDVSA ha prometido que pagará, los analistas ven con enorme cautela que esto
ocurra en lo inmediato, en virtud del pronunciado deterioro financiero y
operativo de la corporación y el estado de quiebra del país.
De
hecho, desde que nació la diferencia, en época de vacas gordas, el Ejecutivo de
Chávez se mostró dispuesto a cancelar algún acuerdo, que llegó a ejecutar con
otras compañías expropiadas durante su mandato, que en esta ocasión no pudo
llegar a concretarse por discrepancias en los montos. Los observadores no
descartan que ambos factores intenten concretar una modalidad pactada.
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