Daisy Galaviz 15 de mayo de 2018
La diputada Delsa Solórzano asegura que
Heyker Vásquez y Nelson Antonio Chirinos no fueron asesinados por Óscar Pérez y
su grupo
elsa
Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea
Nacional, informó que la investigación que realizó el parlamento concluyó que
en aquel chalet ubicado en el kilómetro 16, de El Junquito, se llevó a cabo una
masacre.
Los
encargados de la investigación, concluida en el mes de marzo, determinaron que
hubo violación de derechos humanos, violación de derecho a libre culto —debido
a que a los familiares de los ejecutados no se les permitió velarlos en sus
iglesias—, maltratos y tratos crueles a los deudos por pasar más de cinco
noches en la medicatura forense de Bello Monte y no permitir ver sus cadáveres.
Solorzano destacó que también hubo violación al libre proceso y violación a
juez natural.
Según
la diputada uno de los elementos que lograron determinar, luego de la
reconstrucción del video realizada por los expertos contratados, es que los
policías no fueron asesinados por Pérez y su grupo. De acuerdo a una alocución
del presidente Maduro, Andriun Domingo Urgarte Ferrera –mejor conocido como
Heyker Vásquez, líder del colectivo del 23 de Enero– y Nelson Antonio Chirinos
Cruz recibieron un tiro en la cabeza, pero la AN tuvo acceso al acta policial
de la masacre y allí se registra que recibieron tiros en el pecho, por lo que
alguien les disparó desde atrás. Cuantos tiros les dieron a los rebeldes no
pudieron confirmar porque hasta el día de hoy a los familiares no les hicieron
entrega de la autopsia, sino solo de las actas de defunción.
Agregó
que la Asamblea Nacional no pudo identificar los autores materiales que
ejecutaron al expiloto Óscar Pérez, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos,
Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel y
Lisbeth Ramírez. Este impedimento se generó luego de que funcionarios militares
y policiales el día siguiente al suceso (16 de enero) incendiaron la casa, la
derribaron y posteriormente se llevaron los escombros hasta dejar el terreno
sin nada, por lo que no se pudo hacer una planimetría.
Afirmó
que por este ocultamiento de pruebas, al que calificó de otra violación a la
ley, se señaló como culpables a toda la cadena de mando, desde el presidente
Nicolás Maduro, hasta los funcionarios que estuvieron presentes ese 15 de junio
en El Junquito.
Solorzano
manifestó que a pesar de que el gobierno derribó la casa que sirvió de
escondite a los rebeldes todavía hay chance para realizar esa planimetría que
podría dar con los asesinos, pero la Fiscalía General de la República,
encabezada por Tareck William Saab, no ha iniciado ninguna investigación del
caso y los diputados no tienen los permisos. El informe realizado por la
comisión de Política Interior se remitió al Comité Internacional de Derechos
Humanos y, a su vez, estos lo pasaron a la Corte Penal Internacional.
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