Por Carlos Romero Mendoza
La sociedad venezolana fue
formada para participar políticamente a través de los procesos electorales y
buscar mediante el voto la oportunidad de influir en los cambios políticos que
el país en su momento y oportunidad reclamaba.
En tal sentido, la sociedad en
general fue reduciendo la democracia al voto y, con el transcurso de los años,
perdió la capacidad de valorar el rol de las instituciones políticas en la
democracia, de comprender la importancia de profundizar el principio de
autonomía municipal y complementarla con la descentralización como política
para fortalecer la confianza en el modelo democrático.
Pero, aun cuando la sociedad
se acostumbró a votar libremente, la indiferencia de los venezolanos por las
formalidades y solemnidades de los actos públicos facilitó el camino para que
las fechas y los procesos electorales se convirtieran en herramientas discrecionales
al servicio de un proceso político.
El debate político sobre el
proceso electoral del 20 de mayo de 2018 se ha centrado en un dilema entre
votar o no votar, olvidando que el voto es un derecho más no una obligación. En
consecuencia, hay libertad de ejercerlo o no. Recordemos 1999, cuando más del
50% de los electores no opinaron y no votaron en la aprobación de la
Constitución de 1999, reeditada en el 2000.
El desgaste emocional de la
sociedad electoral venezolana por intentar exponer las razones para votar y
para no votar, es responsabilidad directa de una dirigencia política que no ha
logrado construir entre ellos los consensos básicos para garantizarle a los
electores venezolanos una hoja de ruta unitaria para enfrentar las elecciones
del 20 de mayo y con base en la cual orientar políticamente a sus electores.
Varios caminos se han
propuesto. Por un lado, María Corina Machado propone la dimisión del
Presidente; por otro, múltiples sectores, como el Frente Amplio y los diputados
jóvenes, proponen no participar porque no hay condiciones adecuadas. Como es
obvio, el candidato presidencial y quienes le acompañan plantean la necesidad
de participar electoralmente para el cambio político y, por último, otros
actores, como la Conferencia Episcopal Venezolana, han propuesto posponer las
elecciones porque no hay condiciones para ellas. Todo esto sin olvidar el
enjuiciamiento del Presidente de la República vía TSJ en el exilio.
Independientemente de los
argumentos de una u otra propuesta, el 20 de mayo está cerca y los desafíos que
se nos presentarán como sociedad luego de esa fecha, al margen de los
resultados, exigen de manera impostergable un acuerdo político entre la
dirigencia que permita una hoja de ruta unitaria para asumir esos desafíos.
La existencia de hecho de la
Asamblea Nacional Constituyente y la propuesta que esta presentará para una
reforma constitucional, representa claramente el gran desafío poselecciones
presidenciales, independientemente de los resultados electorales.
Por cierto, Henri Falcón ha
anunciado que, de resultar ganador, no se juramentará ante la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). Por lo tanto, ese escenario alerta de un posible
enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la ANC.
Foto: Efecto Cocuyo
Resulta oportuno destacar que
el régimen de manera silenciosa ha dado señales sobre algunos pasos que ha dado
la ANC en función de esa posible reforma constitucional. En tal sentido, en
enero 2018[1], se anunció la concreción de una metodología a los fines
de presentar propuestas orientadas hacia una nueva Constitución.
En el mes de marzo[2], otra
nota de prensa informó sobre la presentación a la junta directiva de la ANC de
un primer informe con propuestas para la reforma constitucional. A
lo largo de los meses, distintos medios han venido registrando algunos de los
temas que supuestamente la ANC ha trabajado para esa propuesta de reforma
constitucional, a saber:
Uno de esos temas es la
reforma del sistema judicial. El 8 de febrero de 2018[3] se
informó sobre el acuerdo entre ANC y TSJ de crear canales de comunicación
permanentes para los aportes y propuestas hacia la nueva Constitución y en ese
sentido, el 23 de marzo de 2018[4], se
anunció una consulta nacional para la reforma del sistema de justicia en el
país, que supuestamente iniciaría en los estados Vargas y Miranda.
Otro tema es el nuevo modelo
económico productivo socialista. El 3 de abril 2018[5] se
anunció una consulta nacional en esta materia y, el 23 de abril[6], una nota de prensa destacó que en el debate constituyente
se planteó la necesidad de revisar los artículos 115, 302 y 303 de la
Constitución, que tienen que ver con el modelo económico y de propiedad
privada.
Estos son los dos temas que
tienen mayor cobertura en los medios digitales, acompañados por la presentación
de las propuestas de la juventud en octubre del año 2017[7].
Por su parte, Hermann Escarrá
ha insistido en incluir en la Constitución el tema de la traición a la patria
ante las acciones sistemáticas de sectores de la derecha de aupar
intervenciones militares foráneas en Venezuela y ha anunciado que el tema
educativo también está en la agenda de la reforma con la finalidad de reforzar
en el orden histórico y geográfico.
Así mismo, Escarrá ha
propuesto, en primer lugar, recuperar la figura del Senado[8], pero
en el marco del modelo de Estado Comunal. En segundo lugar, sobre la necesidad
de perfeccionar y mejorar la figura del Consejo de
Estado como figura permanente de consulta al más alto
nivel, en materias estratégicas como la seguridad, defensa de la nación y
finanzas internacionales.
Los desafios que tenemos que
enfrentar como sociedad están allí y el debate político electoral queda corto,
la necesidad de construir niveles de cohesión social básicos para enfrentar
esos desafíos está condicionada a la posibilidad de concretar un acuerdo
político entre la dirigencia política, que les permita asumir el rol de ser
orientadores de la opinión pública en momentos tan confusos y complejos.
La sociedad civil no puede
seguir invirtiendo tiempo, energía y emociones en organizarse, sin una hoja de
ruta que oriente ese esfuerzo y sin un liderazgo que asuma su rol de dirigentes
de una sociedad, entendiendo los sacrificios y riesgos que ello supone cuando
no hay democracia.
El autor es abogado
(Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho
Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado del área Políticas Institucionales.
[1]18 de
enero 2018.
[2]Panorama.
Escarrá: ANC avanza en documentos previos al anteproyecto de la
Constitución. 25 de marzo 2018.
[4] 23
de marzo de 2018.
[5]3 de
abril 2018.
[6] 23
de abril 2018.
[7]10 de
octubre de 2018.
08-05-18
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