Parlamento Europeo 06 de julio de 2018
El Parlamento Europeo reclama que
Venezuela permita la entrada de ayuda humanitaria e insta a la UE a liberar más
fondos para asistir a los venezolanos que huyen del país.
En una
resolución aprobada con 455 votos a favor, 100 en contra y 29 abstenciones, los
eurodiputados destacan su “consternación y alarma” ante la crisis humanitaria
que vive Venezuela, que ha dado lugar a numerosas muertes y una afluencia sin
precedentes de refugiados y migrantes a otros países. Lamentablemente, añaden,
“el Gobierno venezolano se obstina en negar el problema”.
El
texto pide a Venezuela que evite un agravamiento de la situación autorizando de
manera urgente la entrada de ayuda humanitaria. Un grupo de eurodiputados viajó
la semana pasada a las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela, donde
constataron la emergencia sanitaria, educativa y alimentaria generada por la
afluencia de venezolanos,
El
Parlamento agradece a Colombia, Brasil y otros países por su ayuda y
solidaridad mostrada con los huidos venezolanos. También pide a los estados
miembros de la UE “que den una respuesta inmediata de protección” a los
migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de
visados humanitarios.
La
Cámara valora la ayuda humanitaria comprometida por la UE hasta la fecha, pero
anima a incrementarla, a través de los fondos de emergencia, para responder al
rápido incremento de las necesidades de las personas afectadas por la crisis
venezolana en los países vecinos.
Petición de nuevas elecciones
Los
eurodiputados recuerdan que la crisis humanitaria en Venezuela se deriva de una
crisis política y reiteran su llamamiento a la convocatoria de nuevas
elecciones presidenciales, que respeten las normas democráticas reconocidas
internacionalmente y el ordenamiento constitucional venezolano, en un marco
transparente, equitativo y justo, sin limitaciones en cuanto a partidos
políticos o candidatos y con pleno respeto de los derechos políticos de todos
los venezolanos.
Los
comicios del pasado 20 de mayo no cumplieron las normas mínimas internacionales
de un proceso creíble y tampoco respetaron el pluralismo político, la
democracia, la transparencia ni el Estado de derecho, dificultando aún más la
resolución de la crisis política, señala la resolución parlamentaria.
El PE
subraya que el gobierno legítimo que surja de estas elecciones deberá abordar
con la mayor urgencia la actual crisis económica y social de Venezuela y
trabajar en pro de la reconciliación nacional.
Contexto
Más de
dos millones de personas han dejado Venezuela en los últimos años debido a una crisis
política, social, económica y humanitaria sin precedentes. Gran parte de la
población venezolana no puede acceder a alimentos, agua potable, servicios
médicos y medicinas.
Colombia
acoge al grueso de la diáspora venezolana, con más de 800.000 personas,
mientras que en Brasil, de seguir el ritmo actual de llegadas, habrá 60.000
venezolanos al final de año.
Los
países europeos a los que han llegado más venezolanos son España, Portugal e
Italia.
El 7
de junio de 2018, la Comisión anunció 35,1 millones de euros en ayuda de
emergencia y para el desarrollo para apoyar a los venezolanos y a los países
vecinos afectados por la crisis, que se suman a los 37 millones ya
comprometidos por la UE a tareas humanitarias y proyectos de cooperación en el
país.
Resolución
del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en
Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil (2018/2770(RSP))
El Parlamento Europeo,
– Vistas
sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero
de 2014, sobre la situación en Venezuela(1),
de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en
Venezuela(2),
de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3),
de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4),
de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5),
de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6),
y de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7),
– Vista
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
– Visto
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
– Visto
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
– Vista
la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de
8 de febrero de 2018,
– Vista
la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre Venezuela, de 31 de marzo de 2017,
– Visto
el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) titulado «Violaciones de los derechos humanos en la
República Bolivariana de Venezuela», de 22 de junio de 2018,
– Vista
la declaración conjunta de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial de
las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre la Detención Arbitraria, de 28 de abril de 2017,
– Vista
la declaración de los líderes del G-7, de 23 de mayo de 2018,
– Vistas
las declaraciones del Grupo de Lima de 23 de enero de 2018, 14 de febrero de
2018, 21 de mayo de 2018, 2 de junio de 2018 y 15 de junio de 2018,
– Vista
la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el
agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela, de 20 de abril de 2018,
– Visto
el informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos
Internacionales Independientes sobre la posible comisión de los crímenes contra
la humanidad en Venezuela, de 29 de mayo de 2018,
– Visto
el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
el 12 de febrero de 2018, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de
Derecho y derechos humanos en Venezuela», así como la Resolución de la CIDH de
14 de marzo de 2018,
– Vistas
las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
(VP/AR) sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, de 26 de enero de 2018,
de 19 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018,
– Vistas
las conclusiones del Consejo de los días 13 de noviembre de 2017, 22 de enero
de 2018, 28 de mayo de 2018 y 25 de junio de 2018,
– Vista
la declaración del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos
Stylianides, sobre la misión oficial a Colombia de marzo de 2018,
– Vista
la declaración del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, de
23 de abril de 2018,
– Visto
el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,
A. Considerando
que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho
en Venezuela continúa deteriorándose; que Venezuela se enfrenta a una crisis
política, social, económica y humanitaria sin precedentes, caracterizada por la
inseguridad, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el
deterioro del Estado de Derecho, falta de medicamentos y de servicios sociales,
pérdida de ingresos y unos crecientes índices de pobreza, que está provocando
un número creciente de muertes, refugiados y migrantes;
B. Considerando que cada vez son más
las personas en Venezuela, en particular los grupos vulnerables como las
mujeres, los niños y las personas enfermas, que padecen desnutrición como
consecuencia del limitado acceso a servicios sanitarios de calidad,
medicamentos, alimentos y agua; que el 87 % de la población venezolana se
ve afectada por la pobreza, con un nivel de pobreza extrema que alcanza el
61,2 %; que la mortalidad materna ha aumentado un 60 % y la
mortalidad infantil, un 30 %; que, en 2017, los casos de malaria
aumentaron un 69 % en comparación con el año anterior, lo cual representa
el mayor incremento a escala mundial, y que otras enfermedades como la
tuberculosis y el sarampión están a punto de convertirse en epidemias;
C. que, a pesar de la buena
disposición de la comunidad internacional, lamentablemente el Gobierno
venezolano se obstina en negar el problema y rehúsa recibir abiertamente ayuda
humanitaria internacional y facilitar su distribución;
D. Considerando que la situación
económica ha empeorado significativamente; que, según las proyecciones del
Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación se disparará en Venezuela en
2018 hasta el 13 000 %, desde el 2 400 % estimado para
2017, lo que se traduciría, por término medio, en una subida de precios cercana
al 1,5 % por hora;
E. Considerando que un informe del
ACNUDH publicado el 22 de junio de 2018 destaca que las autoridades venezolanas
no reclamaron responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos
humanos, como homicidios, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes,
detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas; que la impunidad en favor de
agentes de seguridad sospechosos de ejecuciones extrajudiciales de
manifestantes también parece generalizada;
F. Considerando que, según el
informe presentado el 29 de mayo de 2018 por el Panel de Expertos
Internacionales Independientes designados por la OEA, se han cometido en
Venezuela siete crímenes de lesa humanidad, que se remontan al menos a febrero
de 2014, y el propio Gobierno es responsable de la actual crisis humanitaria en
la región; que la fiscal de la CPI ha anunciado la apertura de una
investigación preliminar sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela
desde abril de 2017;
G. Considerando que las elecciones
celebradas el 20 de mayo de 2018 se desarrollaron sin que se cumplieran las
normas mínimas internacionales de un proceso digno de crédito y sin que se
respetaran el pluralismo político, la democracia, la transparencia ni el Estado
de Derecho; que ello hace aún más difíciles los esfuerzos por resolver la
crisis política; que la Unión Europea, junto con otros organismos democráticos,
no reconoce las elecciones ni las autoridades surgidas de este proceso
ilegítimo;
H. Considerando que la actual crisis
pluridimensional de Venezuela está ocasionando el mayor desplazamiento de
población en la región; que, según el ACNUR y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que ha abandonado el país ha
aumentado espectacularmente, de 437 000 en 2005 a más de 1,6 millones en
2017; que cerca de 945 000 venezolanos salieron del país entre 2015 y
2017; que, en 2018, el número total de personas que han abandonado el país
desde 2014 ha superado los dos millones; que se ha producido un incremento del
2 000 % en el número de ciudadanos venezolanos solicitantes de asilo
en todo el mundo desde 2014, superando a mediados de junio de 2018 los
280 000;
I. que 520 000 venezolanos que
residen en la región han accedido a formas alternativas de estancia legal; que
en todo el mundo son más de 280 000 los venezolanos que han solicitado el
estatuto de refugiado; que el número de solicitantes venezolanos de protección
internacional en la Unión aumentó en más del 3 500 % entre 2014 y
2017; que se estima que más del 60 % de los venezolanos continúa en
situación irregular;
J. Considerando que, según la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH),
Colombia alberga el mayor número de personas desplazadas, con más de
820 000 venezolanos que viven en su territorio; que Cúcuta y Boa Vista,
situadas en la frontera con Venezuela, están recibiendo una importante
afluencia de personas que a menudo se encuentran en unas condiciones de salud y
desnutrición dramáticas; que Perú, Chile, Argentina, Panamá, Brasil, Ecuador,
México, la República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Paraguay
también se enfrentan a una afluencia de grandes números de refugiados y
migrantes; que las rutas marítimas son cada vez más importantes, sobre todo las
que llevan a las islas caribeñas de Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad y Tobago
y Guyana; que los países europeos, en particular España, Portugal e Italia
también se ven cada vez más afectados; que es cada vez mayor la presión a la
que se ven sometidos los países de acogida a causa de la asistencia a los
recién llegados;
K. Considerando que las autoridades
nacionales y locales de Colombia están trabajando encomiablemente para permitir
a quienes huyen de Venezuela, independientemente de su estatuto, el disfrute de
derechos humanos básicos como la educación primaria y los servicios sanitarios
básicos; que en Colombia, las comunidades locales, las instituciones religiosas
y los ciudadanos corrientes acogen todos ellos fraternalmente a los migrantes
venezolanos, demostrando una gran resiliencia y solidaridad;
L. Considerando que, el 7 de junio
de 2018, la Comisión anunció un paquete de 35,1 millones de euros de ayuda de
emergencia y asistencia para el desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y a
los países vecinos afectados por esta crisis; que esta contribución financiera
se añadirá a los 37 millones de euros que la Unión ya se ha comprometido a
invertir en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en el país; que a 13 de
junio de 2018 se registraba un déficit de financiación del 56 % en
relación con la petición adicional del ACNUR de 46,1 millones;
M. Considerando que cada mes más de
12 000 venezolanos entran en el Estado brasileño de Roraima y
aproximadamente 2 700 de ellos se quedan en la ciudad de Boa Vista; que
los venezolanos ya representan más del 7 % de la población de esta ciudad
y, de seguir con el ritmo actual, habrá más de 60 000 venezolanos
viviendo allí antes de que acabe el año; que esta afluencia demográfica está
ejerciendo una enorme presión sobre los servicios públicos de la ciudad, en
especial sobre la salud pública y la educación; que Roraima es uno de los
estados más pobres de Brasil y presenta un mercado laboral muy limitado y una
economía débil, lo cual obstaculiza también la integración de los migrantes y
los refugiados;
N. Considerando que el Parlamento
envío una delegación ad hoc a las fronteras de Venezuela con
Colombia y Brasil del 25 al 30 de junio de 2018 a fin de evaluar la repercusión
de la crisis sobre el terreno;
1. Expresa su profunda consternación
y su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, que ha dado
lugar a numerosas muertes y una afluencia sin precedentes de refugiados y
migrantes a los países vecinos y a países más alejados; manifiesta su
solidaridad con todos los venezolanos que se han visto forzados a huir de su
país por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida,
como el acceso a alimentos, servicios sanitarios y medicamentos;
2. Insta a las autoridades
venezolanas a que admitan la crisis humanitaria actual, eviten que siga
agravándose y promuevan soluciones políticas y económicas para garantizar la
seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país y la región;
3. Exige que las autoridades
venezolanas permitan con carácter de urgencia el acceso sin restricciones de
ayuda humanitaria al país para prevenir el agravamiento de la crisis
humanitaria y de salud pública y en particular la reaparición de enfermedades
como el sarampión, la malaria, la difteria y la fiebre aftosa, y que concedan
un acceso sin restricciones a las organizaciones internacionales que desean
prestar asistencia a sectores afectados de la sociedad; solicita que se ponga
rápidamente en práctica una respuesta a corto plazo para combatir la
desnutrición en los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y las
personas enfermas; manifiesta su extrema preocupación por el considerable
número de menores no acompañados que cruzan las fronteras;
4. Alaba al Gobierno colombiano por
su rápida reacción y por el apoyo que presta a todos los venezolanos que
llegan; encomia asimismo la actitud de Brasil y otros países de la región, en
particular Perú, y de organizaciones regionales e internacionales, entidades
privadas y públicas, la Iglesia católica y ciudadanos particulares del conjunto
de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes
venezolanos y les han demostrado su solidaridad; pide a los Estados miembros
que den una respuesta inmediata de protección a los migrantes o refugiados
venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de visados humanitarios,
disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales, con
las correspondientes garantías de protección; pide a las autoridades
venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y la renovación de
documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en
el extranjero;
5. Pide a la comunidad
internacional, incluida la Unión Europea, que establezca una respuesta
coordinada, completa y regional a la crisis y que intensifique su asistencia
financiera y material a los países beneficiarios, cumpliendo así sus
compromisos; acoge con satisfacción la ayuda humanitaria de la Unión asignada
hasta la fecha y pide que se libere urgentemente ayuda humanitaria adicional a
través de los fondos de emergencia, a fin de hacer frente al rápido incremento
de las necesidades de las personas afectadas por la crisis venezolana en los
países vecinos;
6. Reitera que la actual crisis
humanitaria es producto de una crisis política; insta a las autoridades
venezolanas a que velen por que se ponga fin de inmediato a todas las
violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas contra
civiles, y por que se respeten plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión, la libertad
de prensa y la libertad de reunión; insta a las autoridades venezolanas a que
respeten todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la
Asamblea Nacional, liberen a todos los presos políticos y defiendan los
principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos; pide al
Servicio Europeo de Acción Exterior que haga cuanto esté en su mano para
facilitar la labor de mediación internacional necesaria a fin de abrir espacios
para el desarrollo de una solución viable a la actual crisis humanitaria y
política;
7. Pide que se celebren nuevas
elecciones presidenciales conformes con las normas democráticas reconocidas internacionalmente
y con el ordenamiento constitucional venezolano, en un marco transparente,
equitativo y justo, bajo observación internacional, sin limitaciones en cuanto
a partidos políticos o candidatos y con pleno respeto de los derechos políticos
de todos los venezolanos; destaca que el gobierno legítimo que surja de estas
elecciones deberá abordar con la mayor urgencia la actual crisis económica y
social de Venezuela y trabajar en pro de la reconciliación nacional;
8. Recuerda que todas las sanciones
que adopte la comunidad internacional deben ser selectivas y reversibles y no
perjudicar en modo alguno a la población venezolana; acoge con satisfacción la
rápida adopción de nuevas sanciones específicas y reversibles, así como el
embargo de armamento impuesto en noviembre de 2017; recuerda que estas
sanciones se han impuesto a altos funcionarios por violaciones graves de los
derechos humanos, por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela
y por organizar las elecciones ilegítimas del 20 de mayo de 2018, que no
merecieron ningún reconocimiento internacional y se celebraron sin un acuerdo
sobre la fecha o las condiciones y en unas circunstancias que no permitían la
participación de todos los partidos políticos en pie de igualdad; recuerda la posibilidad,
de conformidad con sus resoluciones anteriores, de extender estas sanciones a
los responsables de la creciente crisis política, social, económica y
humanitaria, en particular al presidente Nicolás Maduro;
9. Reitera que deben pedirse
responsabilidades a los responsables de violaciones graves de los derechos
humanos; brinda su total apoyo a las investigaciones de la Corte Penal
Internacional (CPI) sobre los múltiples crímenes y actos de represión
perpetrados por el régimen venezolano, y pide a la Unión Europea que desempeñe
un papel activo en este sentido; apoya plenamente la petición del Panel de
Expertos Internacionales Independientes designados por el secretario general de
la OEA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
de que se establezca una comisión de investigación sobre la situación en
Venezuela y de que se profundice la investigación de la CPI;
10. Encarga a su presidente que
transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta
de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de la República de
Colombia, la República de Brasil y la República del Perú, a la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de la
Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima.
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