lunes, 9 de julio de 2018

Venezuela: el Parlamento E pide ayuda urgente de la UE para los que huyen del país.



Parlamento Europeo 06 de julio de 2018

El Parlamento Europeo reclama que Venezuela permita la entrada de ayuda humanitaria e insta a la UE a liberar más fondos para asistir a los venezolanos que huyen del país.

En una resolución aprobada con 455 votos a favor, 100 en contra y 29 abstenciones, los eurodiputados destacan su “consternación y alarma” ante la crisis humanitaria que vive Venezuela, que ha dado lugar a numerosas muertes y una afluencia sin precedentes de refugiados y migrantes a otros países. Lamentablemente, añaden, “el Gobierno venezolano se obstina en negar el problema”.

El texto pide a Venezuela que evite un agravamiento de la situación autorizando de manera urgente la entrada de ayuda humanitaria. Un grupo de eurodiputados viajó la semana pasada a las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela, donde constataron la emergencia sanitaria, educativa y alimentaria generada por la afluencia de venezolanos,

El Parlamento agradece a Colombia, Brasil y otros países por su ayuda y solidaridad mostrada con los huidos venezolanos. También pide a los estados miembros de la UE “que den una respuesta inmediata de protección” a los migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de visados humanitarios.

La Cámara valora la ayuda humanitaria comprometida por la UE hasta la fecha, pero anima a incrementarla, a través de los fondos de emergencia, para responder al rápido incremento de las necesidades de las personas afectadas por la crisis venezolana en los países vecinos.

Petición de nuevas elecciones

Los eurodiputados recuerdan que la crisis humanitaria en Venezuela se deriva de una crisis política y reiteran su llamamiento a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, que respeten las normas democráticas reconocidas internacionalmente y el ordenamiento constitucional venezolano, en un marco transparente, equitativo y justo, sin limitaciones en cuanto a partidos políticos o candidatos y con pleno respeto de los derechos políticos de todos los venezolanos.

Los comicios del pasado 20 de mayo no cumplieron las normas mínimas internacionales de un proceso creíble y tampoco respetaron el pluralismo político, la democracia, la transparencia ni el Estado de derecho, dificultando aún más la resolución de la crisis política, señala la resolución parlamentaria.

El PE subraya que el gobierno legítimo que surja de estas elecciones deberá abordar con la mayor urgencia la actual crisis económica y social de Venezuela y trabajar en pro de la reconciliación nacional.

Contexto

Más de dos millones de personas han dejado Venezuela en los últimos años debido a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes. Gran parte de la población venezolana no puede acceder a alimentos, agua potable, servicios médicos y medicinas.

Colombia acoge al grueso de la diáspora venezolana, con más de 800.000 personas, mientras que en Brasil, de seguir el ritmo actual de llegadas, habrá 60.000 venezolanos al final de año.

Los países europeos a los que han llegado más venezolanos son España, Portugal e Italia.

El 7 de junio de 2018, la Comisión anunció 35,1 millones de euros en ayuda de emergencia y para el desarrollo para apoyar a los venezolanos y a los países vecinos afectados por la crisis, que se suman a los 37 millones ya comprometidos por la UE a tareas humanitarias y proyectos de cooperación en el país.

Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil (2018/2770(RSP)

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), y de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de 8 de febrero de 2018,

–  Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, de 31 de marzo de 2017,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», de 22 de junio de 2018,

–  Vista la declaración conjunta de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, de 28 de abril de 2017,

–  Vista la declaración de los líderes del G-7, de 23 de mayo de 2018,

–  Vistas las declaraciones del Grupo de Lima de 23 de enero de 2018, 14 de febrero de 2018, 21 de mayo de 2018, 2 de junio de 2018 y 15 de junio de 2018,

–  Vista la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela, de 20 de abril de 2018,

–  Visto el informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de los crímenes contra la humanidad en Venezuela, de 29 de mayo de 2018,

–  Visto el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de febrero de 2018, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela», así como la Resolución de la CIDH de 14 de marzo de 2018,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, de 26 de enero de 2018, de 19 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de los días 13 de noviembre de 2017, 22 de enero de 2018, 28 de mayo de 2018 y 25 de junio de 2018,

–  Vista la declaración del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, sobre la misión oficial a Colombia de marzo de 2018,

–  Vista la declaración del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, de 23 de abril de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela continúa deteriorándose; que Venezuela se enfrenta a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes, caracterizada por la inseguridad, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho, falta de medicamentos y de servicios sociales, pérdida de ingresos y unos crecientes índices de pobreza, que está provocando un número creciente de muertes, refugiados y migrantes;

B.  Considerando que cada vez son más las personas en Venezuela, en particular los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las personas enfermas, que padecen desnutrición como consecuencia del limitado acceso a servicios sanitarios de calidad, medicamentos, alimentos y agua; que el 87 % de la población venezolana se ve afectada por la pobreza, con un nivel de pobreza extrema que alcanza el 61,2 %; que la mortalidad materna ha aumentado un 60 % y la mortalidad infantil, un 30 %; que, en 2017, los casos de malaria aumentaron un 69 % en comparación con el año anterior, lo cual representa el mayor incremento a escala mundial, y que otras enfermedades como la tuberculosis y el sarampión están a punto de convertirse en epidemias;

C.  que, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional, lamentablemente el Gobierno venezolano se obstina en negar el problema y rehúsa recibir abiertamente ayuda humanitaria internacional y facilitar su distribución;

D.  Considerando que la situación económica ha empeorado significativamente; que, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación se disparará en Venezuela en 2018 hasta el 13 000 %, desde el 2 400 % estimado para 2017, lo que se traduciría, por término medio, en una subida de precios cercana al 1,5 % por hora;

E.  Considerando que un informe del ACNUDH publicado el 22 de junio de 2018 destaca que las autoridades venezolanas no reclamaron responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas; que la impunidad en favor de agentes de seguridad sospechosos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes también parece generalizada;

F.  Considerando que, según el informe presentado el 29 de mayo de 2018 por el Panel de Expertos Internacionales Independientes designados por la OEA, se han cometido en Venezuela siete crímenes de lesa humanidad, que se remontan al menos a febrero de 2014, y el propio Gobierno es responsable de la actual crisis humanitaria en la región; que la fiscal de la CPI ha anunciado la apertura de una investigación preliminar sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017;

G.  Considerando que las elecciones celebradas el 20 de mayo de 2018 se desarrollaron sin que se cumplieran las normas mínimas internacionales de un proceso digno de crédito y sin que se respetaran el pluralismo político, la democracia, la transparencia ni el Estado de Derecho; que ello hace aún más difíciles los esfuerzos por resolver la crisis política; que la Unión Europea, junto con otros organismos democráticos, no reconoce las elecciones ni las autoridades surgidas de este proceso ilegítimo;

H.  Considerando que la actual crisis pluridimensional de Venezuela está ocasionando el mayor desplazamiento de población en la región; que, según el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que ha abandonado el país ha aumentado espectacularmente, de 437 000 en 2005 a más de 1,6 millones en 2017; que cerca de 945 000 venezolanos salieron del país entre 2015 y 2017; que, en 2018, el número total de personas que han abandonado el país desde 2014 ha superado los dos millones; que se ha producido un incremento del 2 000 % en el número de ciudadanos venezolanos solicitantes de asilo en todo el mundo desde 2014, superando a mediados de junio de 2018 los 280 000;

I.  que 520 000 venezolanos que residen en la región han accedido a formas alternativas de estancia legal; que en todo el mundo son más de 280 000 los venezolanos que han solicitado el estatuto de refugiado; que el número de solicitantes venezolanos de protección internacional en la Unión aumentó en más del 3 500 % entre 2014 y 2017; que se estima que más del 60 % de los venezolanos continúa en situación irregular;

J.  Considerando que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), Colombia alberga el mayor número de personas desplazadas, con más de 820 000 venezolanos que viven en su territorio; que Cúcuta y Boa Vista, situadas en la frontera con Venezuela, están recibiendo una importante afluencia de personas que a menudo se encuentran en unas condiciones de salud y desnutrición dramáticas; que Perú, Chile, Argentina, Panamá, Brasil, Ecuador, México, la República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Paraguay también se enfrentan a una afluencia de grandes números de refugiados y migrantes; que las rutas marítimas son cada vez más importantes, sobre todo las que llevan a las islas caribeñas de Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad y Tobago y Guyana; que los países europeos, en particular España, Portugal e Italia también se ven cada vez más afectados; que es cada vez mayor la presión a la que se ven sometidos los países de acogida a causa de la asistencia a los recién llegados;

K.  Considerando que las autoridades nacionales y locales de Colombia están trabajando encomiablemente para permitir a quienes huyen de Venezuela, independientemente de su estatuto, el disfrute de derechos humanos básicos como la educación primaria y los servicios sanitarios básicos; que en Colombia, las comunidades locales, las instituciones religiosas y los ciudadanos corrientes acogen todos ellos fraternalmente a los migrantes venezolanos, demostrando una gran resiliencia y solidaridad;

L.  Considerando que, el 7 de junio de 2018, la Comisión anunció un paquete de 35,1 millones de euros de ayuda de emergencia y asistencia para el desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y a los países vecinos afectados por esta crisis; que esta contribución financiera se añadirá a los 37 millones de euros que la Unión ya se ha comprometido a invertir en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en el país; que a 13 de junio de 2018 se registraba un déficit de financiación del 56 % en relación con la petición adicional del ACNUR de 46,1 millones;

M.  Considerando que cada mes más de 12 000 venezolanos entran en el Estado brasileño de Roraima y aproximadamente 2 700 de ellos se quedan en la ciudad de Boa Vista; que los venezolanos ya representan más del 7 % de la población de esta ciudad y, de seguir con el ritmo actual, habrá más de 60 000 venezolanos viviendo allí antes de que acabe el año; que esta afluencia demográfica está ejerciendo una enorme presión sobre los servicios públicos de la ciudad, en especial sobre la salud pública y la educación; que Roraima es uno de los estados más pobres de Brasil y presenta un mercado laboral muy limitado y una economía débil, lo cual obstaculiza también la integración de los migrantes y los refugiados;

N.  Considerando que el Parlamento envío una delegación ad hoc a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil del 25 al 30 de junio de 2018 a fin de evaluar la repercusión de la crisis sobre el terreno;

1.  Expresa su profunda consternación y su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, que ha dado lugar a numerosas muertes y una afluencia sin precedentes de refugiados y migrantes a los países vecinos y a países más alejados; manifiesta su solidaridad con todos los venezolanos que se han visto forzados a huir de su país por carecer de las más elementales condiciones materiales para la vida, como el acceso a alimentos, servicios sanitarios y medicamentos;

2.  Insta a las autoridades venezolanas a que admitan la crisis humanitaria actual, eviten que siga agravándose y promuevan soluciones políticas y económicas para garantizar la seguridad de todos los civiles y la estabilidad del país y la región;

3.  Exige que las autoridades venezolanas permitan con carácter de urgencia el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria al país para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública y en particular la reaparición de enfermedades como el sarampión, la malaria, la difteria y la fiebre aftosa, y que concedan un acceso sin restricciones a las organizaciones internacionales que desean prestar asistencia a sectores afectados de la sociedad; solicita que se ponga rápidamente en práctica una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas enfermas; manifiesta su extrema preocupación por el considerable número de menores no acompañados que cruzan las fronteras;

4.  Alaba al Gobierno colombiano por su rápida reacción y por el apoyo que presta a todos los venezolanos que llegan; encomia asimismo la actitud de Brasil y otros países de la región, en particular Perú, y de organizaciones regionales e internacionales, entidades privadas y públicas, la Iglesia católica y ciudadanos particulares del conjunto de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes venezolanos y les han demostrado su solidaridad; pide a los Estados miembros que den una respuesta inmediata de protección a los migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de visados humanitarios, disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales, con las correspondientes garantías de protección; pide a las autoridades venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y la renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero;

5.  Pide a la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, que establezca una respuesta coordinada, completa y regional a la crisis y que intensifique su asistencia financiera y material a los países beneficiarios, cumpliendo así sus compromisos; acoge con satisfacción la ayuda humanitaria de la Unión asignada hasta la fecha y pide que se libere urgentemente ayuda humanitaria adicional a través de los fondos de emergencia, a fin de hacer frente al rápido incremento de las necesidades de las personas afectadas por la crisis venezolana en los países vecinos;

6.  Reitera que la actual crisis humanitaria es producto de una crisis política; insta a las autoridades venezolanas a que velen por que se ponga fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas contra civiles, y por que se respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión; insta a las autoridades venezolanas a que respeten todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberen a todos los presos políticos y defiendan los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que haga cuanto esté en su mano para facilitar la labor de mediación internacional necesaria a fin de abrir espacios para el desarrollo de una solución viable a la actual crisis humanitaria y política;

7.  Pide que se celebren nuevas elecciones presidenciales conformes con las normas democráticas reconocidas internacionalmente y con el ordenamiento constitucional venezolano, en un marco transparente, equitativo y justo, bajo observación internacional, sin limitaciones en cuanto a partidos políticos o candidatos y con pleno respeto de los derechos políticos de todos los venezolanos; destaca que el gobierno legítimo que surja de estas elecciones deberá abordar con la mayor urgencia la actual crisis económica y social de Venezuela y trabajar en pro de la reconciliación nacional;

8.  Recuerda que todas las sanciones que adopte la comunidad internacional deben ser selectivas y reversibles y no perjudicar en modo alguno a la población venezolana; acoge con satisfacción la rápida adopción de nuevas sanciones específicas y reversibles, así como el embargo de armamento impuesto en noviembre de 2017; recuerda que estas sanciones se han impuesto a altos funcionarios por violaciones graves de los derechos humanos, por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y por organizar las elecciones ilegítimas del 20 de mayo de 2018, que no merecieron ningún reconocimiento internacional y se celebraron sin un acuerdo sobre la fecha o las condiciones y en unas circunstancias que no permitían la participación de todos los partidos políticos en pie de igualdad; recuerda la posibilidad, de conformidad con sus resoluciones anteriores, de extender estas sanciones a los responsables de la creciente crisis política, social, económica y humanitaria, en particular al presidente Nicolás Maduro;

9.  Reitera que deben pedirse responsabilidades a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos; brinda su total apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los múltiples crímenes y actos de represión perpetrados por el régimen venezolano, y pide a la Unión Europea que desempeñe un papel activo en este sentido; apoya plenamente la petición del Panel de Expertos Internacionales Independientes designados por el secretario general de la OEA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que se establezca una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela y de que se profundice la investigación de la CPI;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de la República de Colombia, la República de Brasil y la República del Perú, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima.
  
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DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.
DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.
DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0200.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

Tomado de: http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06815/venezuela-el-parlamento-pide-ayuda-urgente-de-la-ue-para-los-que-huyen-del-pais