Por Marta de la Vega
Hoy, en 2018, brilla la
justicia después del crimen cometido hace 45 años, el 16 de septiembre de 1973,
en el primer campo de concentración de la dictadura militar de Pinochet que fue
el Estadio Chile, de Santiago, contra el gran cantante, valiosa figura de la
cultura popular, profesor universitario y guitarrista, Víctor Jara. Fue
trasladado junto con profesores, estudiantes y personal de la Universidad
Tecnológica de Chile al emblemático lugar que hoy lleva su nombre. Al ser
reconocido, Víctor Jara fue brutalmente golpeado; sus verdugos le destrozaron
las manos y lo asesinaron con 44 impactos de bala, por ser un emblema de las
luchas sociales progresistas, muy querido y respetado a través de su música no
solo en su país sino en toda América Latina. La crueldad y ensañamiento con los
cuales fue torturado mostró el importante impacto que tenía el artista, pero
también que pudiera servir de ejemplo a quienes presenciaron el hecho para
paralizar cualquier protesta e implantar el terror como mecanismo de
dominación.
Dos logros significativos de
esta sentencia histórica son, uno, que ha sido vencida la impunidad y dos, que
los crímenes de lesa humanidad, aunque tarde, van a ser siempre juzgados. Esta
victoria constituye hoy en Chile un ejemplo de aplicación del derecho a favor
de la justicia como instrumento objetivo, transparente, imparcial,
independiente y universal, en una sociedad civilizada y regida por principios
democráticos, para reparar a las víctimas del terrorismo de Estado y de la
violación de derechos fundamentales.
La sentencia en contra de los
9 militares del ejército, hoy retirados, muestra que no fue en vano luchar a
pesar del tiempo transcurrido; que el poder judicial, entonces distorsionado y
subordinado a Pinochet, se había convertido en un arma funcional de la
dictadura y hoy, retomadas sus funciones y metas institucionales,
despliega a plenitud legalidad y legitimidad.
Aunque menos conocido que el
cantor Jara, también hoy la justicia chilena condena el crimen contra el joven
abogado de 33 años en ese trágico momento, Littre Quiroga, defensor de derechos
humanos, de trayectoria intachable como director del servicio de prisiones,
quien, a pesar de estar en reposo médico el 11 de septiembre de 1973, al saber
que era buscado por los carabineros, se presentó voluntariamente. Fue
martirizado hasta la muerte, acusado de haber maltratado a un General; llevado
al estadio, golpeado y torturado, se le asesinó en el sitio con 23 impactos de
bala.
Con horror el mundo civilizado
ha presenciado la violenta y brutal violación de derechos humanos
fundamentales, persistente y sistemática en Venezuela”.
Primero, durante las protestas
a partir del 12 de febrero de 2014, jornada marcada por el asesinato vil de los
jóvenes Basil Da Costa, en la manifestación pacífica frente a la sede de la
Fiscalía por un funcionario de la policía política, Robert Redman, asesinado
por un sujeto no identificado de un colectivo paramilitar motorizado protegido
del régimen, que le disparó y mató en el sitio, al final de esa tarde en una
concentración cívica en plena avenida Francisco de Miranda; y un dirigente
colectivo del barrio 23 de enero y antiguo policía, este último muerto por uno
de sus propios compañeros en la concentración a la que habían llegado
supuestamente a defender al gobierno. Luego, en las protestas por la ruptura
del hilo constitucional que se produjo con dos sentencias inicuas del TSJ que
marcaron el inicio de protestas pacíficas, el 30 de marzo de 2017, despiadada y
sanguinariamente reprimidas por el gobierno, responsable de los 130
muertos, homicidios que son crímenes de lesa humanidad, al igual que los 43
muertos del 2014 asesinados en el lapso de protestas.
Hoy Nicaragua, un país de casi
6 millones de habitantes, se desangra por la represión asesina, sistemática y
delincuencial del ejército, policía y bandas paramilitares del gobierno
tiránico de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van más de 300 muertos y ataques
vandálicos contra iglesias, sus prelados y objetos sagrados de fe religiosa de
un pueblo mayoritariamente católico. Pero serán identificados todos los
responsables en la cadena de mando, juzgados y condenados por crímenes de lesa
humanidad, que no prescriben.
23-07-18
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