Por Carolina Gómez-Ávila
Omitir los nombres de
Antonio Ledezma, Manuel Rosales, Carlos Ocariz y Pablo Pérez -señalados por
Euzenando Azevedo en la misma declaración en la que involucró a Henrique
Capriles- da al traste con las esperanzas que los venezolanos pusimos en el rol
político que, para la restitución de la República, pudo haber tenido ese
parapeto de TSJ que alardea de ser “legítimo” y que está instalado en el exilio
sobre bases de cartón piedra con el aval de un desconocido Luis Almagro -cada
día menos institucional y más actor político cercano en opinión, ataques y
apoyos a la novísima opositora Luisa Ortega Díaz, al recalcitrante Antonio
Ledezma y al club de expresidentes hispanoparlantes reunidos bajo el nombre de
Grupo IDEA, una agrupación fundada por el banquero Nelson Mezerhane, por lo que
cabe suponer que es su financista.
Cada vez que esas figuras se
pronuncian sobre el caso venezolano hacen coro a María Corina Machado, la única
de los extremistas que queda dentro de nuestras fronteras. Juntos son una
orquesta que toca siempre la misma pieza. Todos opinan igual, acusan siempre a
los mismos, se defienden entre ellos y exigen una revuelta popular. Está claro
que la mano que mece esa cuna no quedó saciada de sangre en 2014 ni en 2017
porque está pidiendo más.
Pero el escándalo que nos
ocupa este fin de semana es todo lo que se puede esperar cuando las noticias
llegan a un público que no cuenta con la información suficiente para comprender
su alcance y opinar responsablemente. Lo que vemos, es lo que pasa cuando la
prensa no se toma el tiempo y el trabajo de ofrecer el marco necesario para
facilitar la comprensión, bien por desestimar ese rol, bien porque son afines a
la parte que quiere estos resultados.
No se recuerda que recibir
dinero de particulares para la actividad política no sólo no es un delito
gracias a Chávez que prohibió, en el artículo 67 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el financiamiento del Estado a los partidos
políticos -entregándolos en bandeja de plata a los poderes fácticos- sino que
para hablar de corrupción tendría que haberse dado, a consecuencia, una acción
del funcionario que beneficiaria pecuniariamente al empresario.
¿Y si esto hubiera pasado?
Pues en este desastre de país nuestro no dudo que pase todos los días sin
importar actividad ni color político. No habría sorpresa en el hecho de que los
empresarios que se mantienen medianamente en pie, lo estén por haber transado
con el Gobierno (nacional, estadal o municipal) para sostenerse, ¿o no está
claro que en esta debacle no hay forma de producir o comerciar sin cometer
quién sabe qué cantidad y tipo de ilícitos y que ningún político de oposición
dispondrá de recursos para seguir en la lucha sin apoyo de ellos?
Un segmento ruidoso de la
población no entiende esto y, además, pretende que funcionarios y empresarios
exhiban “la pureza de la raza aria”; una ridiculez ajena del todo a la política
y a la obligada supervivencia en dictadura
Creo que cuesta entender que
el chavismo nos maleó a todos, sin excepción; que torció las leyes para que
cada venezolano tenga en su haber al menos una infracción legal cuya
penalización dependa de su oportuna docilidad. Cuesta más entender que el
secreto del control social en ciertos grupos no es el hambre sino la impunidad;
que circunstancialmente todos se ven obligados a violar el ordenamiento legal
para ser rentables y, a partir de allí, quedan atrapados en una espiral
descendente para no quebrar. Pero lo que más cuesta es ajustar las expectativas
y supeditar la ambición de poder a un objetivo previo: el retorno de la
democracia.
Para quienes abjuraron de la
ruta electoral, la lucha por ser Gobierno no excluye el canibalismo que esta
semana nos ha mostrado la cubanizada oposición “en el exilio” a través del “TSJ
legítimo”. ¿Qué otra cosa podemos sentir los opositores intramuros -los que de
verdad intentamos la resistencia por vías republicanas y democráticas- que una
náusea legítima?
25-08-18
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