Por Froilán Barrios
El oficialismo mantiene su
estrategia de ir despojando a cuentagotas a los venezolanos de sus derechos,
sus bienes, en definitiva de su libertad, todo justificado por una revolución
que empobrece, maltrata a todos los sectores de la población, por tanto nada ni
nadie se salva, bien sean trabajadores, empleadores, sindicatos, contratos
colectivos, empresas, toda la ciudadanía en general, de la cadena de tropelías
gubernamentales.
Con su anuncio del domingo
pasado de pagar las pensiones y jubilaciones a través del carnet de la patria
perpetra la más grande estafa contra el trabajador, como es apropiarse del
trabajo realizado durante toda una vida, sometiéndolo a una política
gubernamental que utiliza el carnet de la patria como instrumento de
implantación de un apartheid, donde quedará excluido quien no se someta al
control del Estado.
¿De dónde provienen las
pensiones y jubilaciones? En primer lugar, las pensiones de
vejez, incapacidad, sobrevivientes reconocidas en la Constitución en el
artículo 86, provienen de la Ley del Seguro Social vigente desde
1966, en la que se establece el derecho de obtenerla a partir de un mínimo de
750 cotizaciones semanales con un aporte del 4% del salario del trabajador y
del aporte patronal del 7% al 9% del salario.
En segundo lugar, las
jubilaciones se originan de los acuerdos alcanzados entre sindicatos y
empleadores, tanto del sector público como el privado, de otorgar un ingreso al
trabajador adicional a la pensión del IVSS, por el tiempo de servicios a la
institución pública o a la empresa privada. En el sector público nace el
derecho a partir de 25 años y en el sector privado acorde con el convenio
colectivo respectivo.
Es de hacer notar que en el
sector privado, donde las tasas de sindicalización son bajas en comparación con
las del sector público, pocas empresas han convenido planes de jubilación en
sus contratos colectivos; entre tanto, en el sector público la totalidad de
instituciones ha convenido planes de jubilación con sus trabajadores, incluso
estableciendo la mayoría de esos convenios el otorgamiento a sus jubilados de
los beneficios de los trabajadores activos.
Pues bien, esta condición
que homologa a los jubilados del sector público a los beneficios de los
trabajadores activos desapareció por iniciativa del actual presidente Nicolás
Maduro, quien mediante Ley Habilitante en 2014 excluyó a los jubilados
de los beneficios de los activos, imponiéndoles como pago mensual entre 60% y
80% de su último salario, condenándoles a jubilaciones miserables solo
equiparables al salario mínimo por mandato constitucional.
Por lo explicado, ambos
derechos, pensiones y jubilaciones, provienen de la relación de trabajo y del
tiempo de servicio prestado, en ningún caso de la decisión bondadosa del
presidente de turno para su disfrute. De allí que pretender condicionarlo a la
inscripción del carnet de la patria es una expropiación del salario, del
esfuerzo autónomo del trabajador en su vida laboral y condicionarlo a la
voluntad del dictador de otorgarlo.
Esta decisión del gobierno
constituye un alerta para todos los trabajadores, activos y jubilados, pues
preparan otras acciones como pretender igualar el tabulador de las empresas
públicas al salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, decretado con la
reconversión monetaria, que ha significado una megadevaluación criminal contra
la condición de vida de la población.
29-08-18
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