Humberto García Larralde 18 de agosto de 2018
Las
medidas anunciadas la noche del 17 de agosto podrían hacer creer que, ¡¡al
fin!!, Maduro reconoce la necesidad de rectificar sus políticas. Habla de
“anclar” el bolívar, de “disciplina fiscal” y de “eliminar definitivamente la
emisión de dinero no orgánico”. No se escudó en ninguna “guerra económica” para
echarle la culpa a los demás. ¡Albricias! Pero Maduro escucha campanas sin
saber de dónde vienen. Vamos por partes:
Anclar
una moneda en una variable real –como pretende al relacionar el bolívar
(soberano) con el barril de petróleo–, es siempre una apuesta riesgosa. La
variable clave es la confianza, es decir, la credibilidad de que pueda
sostenerse. De no existir, se generan expectativas adversas que terminan dando
al traste con la medida: la gente acudirá masivamente a “cobrar” la paridad
anunciada mientras dure, convencida de que el gobierno no tiene cómo sostenerla
en el tiempo. Al forzarse la devaluación, se despilfarra esta “bala de plata”
–única–, precipitando más desconfianza y mayor deterioro económico.
Además,
con la torpeza que lo distingue, Maduro interpone como eslabón en tal anclaje
al “petro”, moneda inexistente y ficticia que, de entrada, socava toda seriedad
en su propuesta. Y al anunciar que el valor de este esperpento será de un
barril de exportación de petróleo venezolano y equivaldrá 3.600 BsS., indica un
tipo de cambio implícito que se acercaría a unos 60 BsS/USD[1], o sea,
6.000.000 de los Bs (“fuerte”) moribundos. Algunos dirán que ello es realista
–por ahí se aproxima el dólar paralelo–, pero lo cierto es que no es sostenible
por los impactos de las demás medidas anunciadas.
Elevar
el salario mínimo 60 veces, de BsS. 30 a 1.800 (¡medio palo, que digo, petro!),
significará, de golpe y porrazo, la destrucción de la empresa privada, salvo
que pueda resarcir este incremento en sus costos aumentando los precios de los
bienes o servicios que producen. Simplemente, el cierre de empresas y la
desaparición de empleos y fuentes de ingresos. La debacle total. Por otro lado,
habrá de multiplicarse por similar proporción la masa salarial que saldrá a la
calle buscando reponer el nivel de consumo perdido. ¿De dónde saldrá esa “bola
de billetes”? Junto al aumento exponencial de la nómina pública, el estado
habrá de subvencionar –dice Maduro– el diferencial de sueldo de la pequeña y
mediana industria durante los próximos tres meses. ¿Con qué ingresos?
El
incremento en el precio de la gasolina –cuya magnitud todavía no se
conoce—podrá aportar algo a las arcas públicas, pero Maduro insiste en que
seguirá subsidiada para todo el que tenga “Carnet de la Patria”. Muy poco,
entonces, se obtendrá por esta vía. Por demás, de aproximar el precio del
combustible a su valor de exportación (costo de oportunidad), ¿de qué vivirán
los que se benefician –fundamentalmente militares—de su reventa internacional?
Un malabarismo imposible de sostener.
De la
supuesta sinceración del tipo de cambio no esperemos nada, pues con la caída en
la exportación de crudo y los compromisos externos del sector público –servicio
de deuda, pago de gasolina, de solventes importados, etc.— sus cuentas externas
resultan deficitarias, es decir, la devaluación aumentará más sus gastos en
bolívares que sus ingresos… a menos que se posponga el pago de deuda externa.
¿Será que Maduro escogió esta opción por la vía del default? Porque en absoluto
ha hecho referencia a negociar de manera creíble con la banca la
restructuración de sus pagos de deuda.
Aumentar
el IVA en cuatro puntos podría contribuir con mayores ingresos, pero con el
colapso de la actividad económica que sufrimos, no será mucho. Por otro lado,
una inflación de más de 100% mensual destruye el valor real de lo recaudado en
muy poco tiempo.
De
manera que subsisten todos los ingredientes para que se perpetúe un enorme
déficit público, cuya única posibilidad de financiamiento previsible será, como
siempre, la “maquinita” del BCV. Cierto que el nuevo tipo de cambio habrá de
absorber liquidez, atemperando el impacto inflacionario, pero la mezcla
anunciada de un precio implícito del dólar en BsS 60 y la permanencia de las
subastas del DICOM hace prever que, en vez de avanzar hacia la unificación
cambiaria, seguirán existiendo, por el contrario, varias cotizaciones. Ello, de
paso, es para las mafias atrincheradas en el poder la razón de ser del control
de cambio, pues les ofrece oportunidades inusitadas de lucro a través del
arbitraje entre éstas. ¿A dónde apunta el gobierno, entonces, con su política
cambiaria? ¿Cuál será su efecto sobre los precios?
De
manera que la confianza, fundamento de toda viabilidad de medidas como las
anunciadas, está todo menos que garantizada. Si el dólar paralelo ha aumentado
más de 35 veces en lo que va del año, empujado por un incremento de la liquidez
en proporción parecida, ¿Las medidas de Maduro estarán en capacidad de quebrar
las expectativas hiperinflacionarias y atajar el derrumbe económico? ¿Con
empresas que, además, están condenadas al cierre por no poder cubrir sus costos
salariales?
Lo que
no se le escuchó decir a Maduro y nunca se le escuchará, es que sus acciones
buscan aumentar la productividad. No hay manera de sostener un incremento del
salario –real—, por más loable que sea, si no mejora la productividad. Y no
estamos hablando de propiciar la inversión productiva y la innovación
tecnológica. No le pidamos peras al olmo. Se trata, simplemente, de propiciar
un mayor aprovechamiento de las capacidades de producción de las firmas,
actualmente utilizadas en sólo un 30%. ¿De dónde se obtendrán las divisas con
las cuales importar los insumos y repuestos requeridos? ¿Acaso se negocian para
ello créditos –que tienen que ser masivos— con los organismos multilaterales?
¿Qué demanda sostendrá este aumento de la producción con las distorsiones
macroeconómicas y la hiperinflación que mantienen sus medidas? ¿Los servicios
públicos –electricidad, agua, seguridad—están en capacidad de sustentar tal
incremento? ¿Y la mano de obra especializada que Maduro ahuyentó a países que
ofrecen remuneraciones dignas? ¿Dónde están las garantías jurídicas a la
propiedad y procesales, la libertad de competir y de desarrollar la iniciativa
privada, para incentivar una mayor producción?
Con
las medidas anunciadas, la oligarquía militar y civil busca posponer el colapso
inevitable del desastre que han engendrado, incluso aventurándose a desechar de
sus gríngolas ideológicas. Pero, como diría Maduro en sus enredos, “el que nace
escaso … ¡ni que lo fajen chiquito!”. ¿Quién se va a comer el cuento de que van
a desmantelar el sistema de controles y restituir al Estado de Derecho y las
potestades de una Asamblea Nacional independiente para ofrecer un entorno
económico de confianza que permita abatir la inflación y reactivar la
producción? ¿Y sus “negocios”?
Es
obvio que el régimen, en su huida hacia adelante para intentar evitar su caída
y eventual enjuiciamiento, se colocó más allá del punto de retorno. Sólo es
capaz de instrumentar medidas que destruyen aún más el país. El deber patriota
es cómo acelerar su partida para rescatar las posibilidades de vida y
recuperación de los venezolanos.
[1] El
precio del barril de crudo se encuentra en torno a los USD 65, actualmente.
Tomado
de: https://www.lapatilla.com/2018/08/18/humberto-garcia-larralde-oye-campanas-pero-no-sabe-donde/
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