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miércoles, 29 de agosto de 2018

Trabajadores del sector salud exigen 10 sueldos mínimos para salvar poder adquisitivo por @CronicaUno



Por Julio Materano


A juicio del sindicato de la salud, el aumento de 1800 bolívares soberanos, una medida que complementa la reconversión monetaria, es el anticipo de una crisis que se agrava y que empobrecerá aún más a la población si el Gobierno no contiene la corrupción, los vicios y el alud de artimañas que son la norma en una economía cuyos bienes y servicios se acomodan en el mercado negro para eludir el control oficial.

No solo los hospitales de puertas cerradas necesitan saneamiento, también la economía del país, cuyas farmacias y centros de salud están desprovistos de medicinas. Con un diagnóstico sobrio de la crisis sanitaria expuesto por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), y una lectura del conflicto totalmente política en el terreno del Ejecutivo, los trabajadores del sector no cesan de presionar al Gobierno para capitalizar la mayor de sus exigencias: un salario que les permita comer, trasladarse hasta sus lugares de trabajo y procurarse los bienes y servicios básicos.

Es, en medio de todo el desorden de país, el mayor anhelo de un sector que reclama equipos, especialistas, medicamentos y seguridad para una población que se sabe desvalida: los pacientes crónicos que penden del sistema público de salud.

Con un aumento de antesala que desvirtúa cualquier pretensión de tabulador salarial, el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, formula un llamado al Ejecutivo para que se respete la contratación colectiva vigente, con más de seis cláusulas estelares. Entre ellas, la prima por hijos, que se ubica en 50 % del salario, la antigüedad que oscila entre 10 y 60 %, en caso de tener más de 20 años de ejercicio; la profesionalización que suma una recarga de entre 20 y 60 % sobre el sueldo devengado y la cláusula de exclusividad que se sitúa en 70 %.

Se trata de los beneficios que compensan el salario de un gremio frente al desprecio de un Gobierno que lo niega todo: las muertes por los cierres técnicos que inhabilitan los hospitales, las epidemias causadas por enfermedades emergentes y la migración de quienes se van del país para preservar la vida. A propósito de los recientes anuncios económicos, Zambrano pide anclar el nuevo salario mínimo a la contratación colectiva que, según dijo, arropa a médicos, enfermeras, personal técnico y obrero de la red pública.



Marcha del sector salud que se dirigía al Palacio de Miraflores.

A juicio del sindicato de la salud, el aumento de 1800 bolívares soberanos, una medida que complementa la reconversión monetaria, es el anticipo de una crisis que se agrava y que empobrecerá aún más a los trabajadores si el Gobierno no contiene la corrupción, los vicios y el alud de artimañas que son la norma en una economía cuyos bienes y servicios se acomodan en el mercado negro para eludir el control oficial.

Para contener la inflación que galopa, de momento la Federación aspira 10 sueldos mínimos para sus agremiados, lo que ubicaría en 18.000 bolívares soberanos los ingresos mensuales de los trabajadores. Pero todo ello no deja de ser el anhelo de un gremio que se dice olvidado por el Ministerio de Salud y las instituciones rectoras del servicio sanitario. Zambrano asegura que no solo deben lidiar con la escasez de medicamentos que la Federación Farmacéutica Venezolana ubica en 85 %, puertas afuera también batallan contra la inflación más encarnizada de la historia del país. Según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la variación anualizada de precios se ubicó en 10.664 % en julio. Solo ese mes los precios aumentaron en 125 %.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), en julio la Canasta Alimentaria, que contiene 60 productos de consumo básico, subió a 2958 bolívares soberanos (295,8 millones del cono anterior), lo cual supone un aumento de 80,2 % si se compara con el mes pasado. Se trata de la variación más alta registrada en lo que va de 2018.


Marcha del sector salud que se dirigía al Palacio de Miraflores.

“Si el Gobierno no implementa una política seria de saneamiento, entonces continuaremos en lo mismo”, sostiene Zambrano, quien cuestiona el hermetismo y la tozudez con la que avanza Nicolás Maduro en la elección de sus políticas económicas. Desde el sector salud resienten el aumento del IVA, que pasó de 14 a 16 % y entrará en vigencia el 1° de septiembre, al igual que el incremento de la gasolina, cuyo precio se desconoce aún. “No hemos visto una acción del Gobierno más allá de su reacción política”, se lamenta Zambrano y cuestiona que el pago del mes en curso se realice el 7 de septiembre.

Para abordar la cuestión salarial y la crisis de gobernabilidad, voceros de este y otros sectores tienen previsto hacer un encuentro en el que también pretenden abordar la respuesta del Gobierno a sus exigencias. De momento, admiten los voceros del sector salud, la lucha quedará en manos de la figura intergremial de salud, una instancia conformada por profesionales de cada hospital quienes son los encargados de elevar las peticiones de sus colegas.

“Nosotros queremos trabajar, pedimos soluciones de fondo a los problemas cruciales del país, pero el Gobierno disfraza las respuestas, no se doblega”, aduce la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Salud. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha girado las instrucciones para el cálculo de los sueldo de los empleados públicos del área. Lo que sí queda claro para los afectados es la escalada en la represión contra quienes denuncian, el control y la escasez que asedia a la población.


Protesta del sector salud

Las estimaciones de quienes encaran los reclamos desde el sector es poco alentador, pues aseguran que la situación empeorará con la entrada en vigencia del aumento de la gasolina. En un contexto de incertidumbre, el sector salud tiene previsto redireccionar su lucha, pero hasta ahora no manejan con claridad las claves de una “batalla” que no se ha dado por zanjada. Hasta ahora se sabe que los trabajadores se mantienen en protesta permanente, una medida que se traduce en la suspensión de las consultas externas, cirugías electivas y en la atención de estrictas emergencias.

“Queremos redimensionar la acción de calle. No solo pedimos el reivindicar los salarios, sino el derecho a la vida de los pacientes”, dice Zambrano. Este próximo jueves los médicos y personal de salud tienen previsto reunirse en una asamblea hospitalaria en Lídice.

En el ínterin, el Gobierno propone un congreso constituyente de trabajadores para debatir un programa de recuperación económica, que excluye la lectura del gremio salud.


Fotos: Archivo Crónica.Uno

28-08-18




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