Por Luis Pedro España y María
Gabriela Ponce
“Todos los animales son
iguales, pero algunos son más iguales que otros”.
George Orwell
Si un visitante desprevenido
no se aleja de ciertos circuitos citadinos, puede pensar que la crisis
humanitaria que leyó en la prensa internacional antes de llegar a Venezuela es
sencillamente una exageración.
Podría pasar por alto el
hecho de que está en un país donde los niveles de pobreza de ingresos son de
los más altos de Suramérica, que padece la recesión económica más espantosa y
jamás vista por ningún otro país de América Latina, y donde la escasez, los
racionamientos eléctricos y las calles desiertas le harían recordar las
historias sobre la Cuba del Periodo Especial, empeorado en nuestro caso a
consecuencia de la violencia y la inseguridad.
En el país donde la miseria
toca la puerta de la inmensa mayoría de sus habitantes, nuestro despistado
visitante podría comprar exquisiteces culinarias en varios y selectos
establecimientos comerciales, degustar comidas y buenos tragos, así como
visitar paraísos naturales, cuyas imágenes serán la envidia de sus amistades, y
todo ello a precios convenientemente accesibles en divisas a cambio paralelo.
Para nuestro visitante imaginario pasarán desapercibidas las escenas de quienes
comen de la basura, de los que padecen el caos de los servicios públicos, de
las madres y padres que no tienen cómo enviar a sus hijos a la escuela, de los
enfermos que no consiguen los tratamientos, en definitiva, de los hogares que
no saben si alguna vez terminará esta crisis.
Claramente, quien no salga
de la cúpula de la Venezuela minoritaria que vive en dólares no conocerá la
otra que sobrevive en bolívares. Esta situación no sólo acompaña nuestro
presente, sino que, lo más importante, no va a cambiar tras las medidas
económicas anunciadas recientemente.
¿Cómo es posible que en el
país de las desgracias convivan dos realidades tan diferentes? ¿De qué tamaño
es esa desigualdad? ¿Por qué la crisis de unos pareciera ser el beneficio de
otros? ¿Cuáles fueron los factores que convirtieron a Venezuela en un lugar de
contrastes y diferencias tan vulgares? ¿Qué podemos esperar que ocurra con la
desigualdad social después de los anuncios del 17 de agosto?
Hay varias formas de
responder a estas preguntas. Se puede apelar a la historia de los países que
han vivido socialismos totalitarios, como el nuestro, y allí veremos cómo los
sistemas de controles y privilegios asociados a las economías estatizadas van
generando estamentos sociales (no es posible definirlas como clases, porque son
impenetrables), cuyos estilos de vida, acceso a bienes y placeres distan mucho
de parecerse al promedio cotidiano de las mayorías, por lo general,
empobrecidas. Adicionalmente, en estos países difícilmente ocurren cambios
económicos importantes sin que medien cambios políticos; en otras palabras,
para estos gobiernos refractarios a las críticas y represivos de la oposición
les resulta casi imposible enmendar y, cuando lo hacen, lo hacen mal o a
medias.
Otra forma es ampararse en
la teoría social y económica para darnos cuenta de cómo, casi con independencia
de los contextos históricos, la supresión de la libertad en nombre de la
igualdad termina generando sociedades serviles, muy desiguales entre los
favorecidos y los empobrecidos, aunque igualadas por la pobreza de la mayoría.
Son sociedades que, por el
tipo de relación Estado-sociedad, se asemejan o reproducen sistemas
pseudofeudales, donde la desigualdad entre las “cúpulas” y los “pobres” se
justifica por las relaciones de protección que se desprenden a partir de políticas
públicas o sistemas distributivos (cupos de consumo o subsidios de precios)
que, en nuestro país, y para entendernos, se llamarían “cajas CLAP” o ventajas
asociadas al “Carnet de la Patria”.
De esta situación es poco
probable salir sin una medicación política. La relación neoservil no es más que
un modo de control social y permanencia en el poder, sesgo que ha acompañado a
todas las políticas públicas del gobierno de Nicolás Maduro y que, como
veremos, tampoco le es ajena a los anuncios del pasado viernes 17 de agosto.
Para el caso del presente
trabajo, vamos a dimensionar el problema de la “nueva desigualdad” social en
Venezuela apelando a la evidencia empírica que nos aporta el sistemático
levantamiento de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) que, desde 2014,
han realizado un conjunto de universidades del país y que, por ahora, es la
única fuente de información que permite conocer de manera cuantitativa la
situación social de Venezuela[1].
El artículo lo hemos
ordenado en cuatro partes. Una primera donde daremos cuenta del aumento de la
desigualdad en el país y su comparación con otros países de la región. Para
ello presentaremos los cálculos del coeficiente de desigualdad de ingresos de
Gini entre 2014 y 2017, índice que por razones pedagógicas, por ser el más
conocido, lo escogimos frente a otros indicadores de concentración (como el de
Theil o el Atkinson, etc.), ciñéndonos a las diferencias de ingresos
únicamente, sin abordar otras dimensiones de la desigualdad, como lo son las de
género, urbano-rural o territorial, generacional, educativa y, en general,
cualquier otra que tenga por origen el acceso diferenciado a las oportunidades
sociales.
En segundo lugar, vamos a
discutir sobre las causas de esta desigualdad reciente en Venezuela. Allí
veremos cómo la desigualdad que padecemos no es un infortunio ni algo que no se
pudo evitar o que no se puede resolver, sino que la misma es consustancial al
sistema político e ideológico que se nos han impuesto.
En tercer lugar,
describiremos cómo opera un “país dual”[2],
uno que vive en dólares y otro que vive en bolívares, la oportunidad de
consolidarse y de qué manera las políticas recientemente anunciadas no parecen
sino hacerlas más distantes e irreconocibles entre sí.
Por último, abordaremos
brevemente el contrasentido sociocultural que esta realidad de “país dual”
produce en el imaginario igualitario del venezolano, el cual, además de tener
un “origen” histórico, forma parte de una aspiración y de un valor. Con esta
discusión final queremos preguntarnos qué puede pasar con la desigualdad social
después de los anuncios del 17 de agosto y, lo que nos parece aún más
relevante, si este agravamiento de las diferencias sociales en Venezuela que,
como veremos, tiene una raíz no sólo económica sino también sociopolítica, es
sostenible en el tiempo sin que ella produzca algún tipo de condición material
que sea el anticipo de un cambio de naturaleza política.
1. La medición de la
desigualdad social
Existen varios índices
estadísticos para medir la desigualdad de ingresos. El índice de Gini, que será
utilizado en este trabajo, es una medida de desigualdad a partir de la forma
como se realiza la distribución del ingreso total de una población. Su
estimación parte de la Curva de Lorenz, que es una representación gráfica de la
desigualdad en el reparto de la renta existente en un determinado territorio.
Cada punto representa la distribución acumulativa de los ingresos de la
población, en la que partes porcentuales acumuladas de los perceptores de
ingresos (per cápita de los hogares) reciben porciones acumuladas del ingreso
total.
El índice calcula la
distancia entre los perceptores de ingresos agrupados en deciles[3],
y el porcentaje acumulado del ingreso total que cada decil tiene (Curva
de Lorenz) con respecto a la diagonal. Esta diagonal representa la igualdad
absoluta en donde cada 10% de los perceptores de ingreso reciben el 10% del
ingreso acumulado total (Gráfico 1).
G= A/(A+B)
Donde A es el área entre la
diagonal y la distribución del ingreso analizada, es decir, qué tanto se aleja
la distribución representada en la curva de Lorenz de la igualdad perfecta,
divida entre el área total (A+B) que constituye toda el área de fluctuación posible
hasta llegar a la máxima desigualdad, en la que el último perceptor de ingresos
se quedaría con el 100% del ingreso total.
Esta forma de construcción
hace que el índice fluctúe entre 0, que representa una distribución totalmente
igualitaria en la que todos en la práctica tienen los mismos ingresos
(equivalente a la diagonal), y 1, perfecta desigualdad. Esto hace que el
índice de Gini sea de fácil interpretación y divulgación, permitiendo, a
su vez, comparaciones entre países, áreas territoriales o subgrupos de
población.
En Venezuela, de acuerdo a
los datos resultantes de la ENCOVI, el índice de Gini sufrió un aumento
considerable en los últimos años, pasando de 0,407[4] en
2014 a 0,681 en 2017. La gráfica a continuación muestra el tamaño de la
diferencia entre ambos años y la forma como en el 2017 la distribución del
ingreso del país se aleja de la diagonal que representa la igualdad perfecta.
Así mismo, la excesiva concentración en el origen y la dispersión al final de
la curva en el año 2017 indica una mayor aglutinación de hogares en los tramos
de menores ingresos acumulados y una menor concentración de hogares en la zona
de mayores ingresos.
Este incremento de la
desigualdad se hace evidente cuando se comparan los porcentajes del ingreso
total que captan los deciles poblacionales y las brechas entre los extremos
(decil 1 y decil 10), que corresponden al 10% de los hogares de menor y mayor
ingreso, respectivamente.
Para 2014, el 10% de los
hogares más pobres captaba el 2,1% del ingreso total, mientras que el decil más
rico concentraba el 30%, porcentaje de ingreso equivalente a la participación
agregada en el total de ingresos de los deciles 1 al 6.
Para 2017, el decil más
pobre reduce su participación a menos de la mitad, captando sólo el 0,7% del
ingreso total, mientras que el decil más rico duplica su participación al
concentrar el 61% del ingreso de todos los hogares. Este porcentaje supera la
participación agregada de los deciles inferiores (1 al 9), dado que su
participación en el ingreso total es de 38,9% (Gráfico 3).
En el año 2016, última
información disponible para la mayoría de los países de América Latina[7],
el índice de Gini se situaba en 0,467[8],
con una reducción promedio anual de 0,2%[9].
En ese año, de acuerdo a los cálculos realizados sobre la ENCOVI, el
Coeficiente de Gini para Venezuela se ubicaba en 0,462, con una aumento de 5,5
puntos porcentuales respecto al 2014, lo cual lo asemeja al coeficiente general
de la región y nos alejaba de los valores de los países menos desiguales, como
Uruguay y Argentina, que permanecieron estables; pero, aún nos encontrábamos
muy lejos de los países más desiguales, como Guatemala, Colombia, Panamá,
Brasil y México, cuyos coeficientes de Gini se ubican entre 0,535, para el caso
guatemalteco, y 0,504, en el caso mexicano (CEPAL, 2017).
Los resultados para
Venezuela del año 2017, con un Gini de 0,681, nos ubica, sin duda alguna, como
el más desigual de la región[10],
por encima de Haití[11],
en el continente reconocido como uno de los más desiguales del mundo, un
fenómeno sin precedentes, tanto en el país como en América Latina en las
últimas dos décadas.
2. Los factores que pueden
explicar el aumento de la desigualdad
¿Qué ha pasado en los
últimos cuatro años, y especialmente en los últimos dos, para que la
desigualdad del país sea la más altas del continente?
Lo primero que tenemos
señalar es que este aumento de la desigualdad ha ocurrido en muy corto tiempo.
Por lo tanto, debe tener por causa factores distintos a los que normalmente
asociamos a la desigualdad, es decir, cambios en las condiciones sociales que
alteran el acceso a las oportunidades.
La desigualdad de ingresos
suele tener una base estructural: el acceso diferencial a las oportunidades.
Educación suficiente y de buena calidad, alimentación adecuada y servicios de
salud, especialmente de atención primaria y preventiva de enfermedades
infectocontagiosas, son parte de los principales componentes que explican la
desigualdad de tipo estructural. Estos son factores de relativa poca
variabilidad en el tiempo, para sociedades con los niveles de ingresos que tuvo
Venezuela, y por lo tanto no siendo nuestro caso el de sociedades con bajos
niveles de desarrollo donde campañas alfabetizadoras, masificación de la
educación primaria y control de enfermedades endémicas o altamente prevenibles,
pueden generar cambios importantes en los niveles de desigualdad en corto
tiempo; nuestra desigualdad reciente se debe a fenómenos distributivos
asociados a las políticas públicas del actual gobierno, su impacto en el
mercado laboral y en la forma como se distribuyen los ingresos, en especial el
que proviene de la renta del petróleo.
El manido discurso del
gobierno sobre su intención de distribuir la riqueza a favor del pueblo, y cuya
“supuesta realización” terminó desatando las iras conspirativas de las clases
ricas del país, se hace trizas precisamente cuando los datos indican que la
desigualdad ha aumentado gracias al conjunto de factores regresivos presentes
en las políticas públicas, las cuales, junto a la crisis de ingresos de los
últimos años, terminó derivado en que seamos el país más desigual de la región.
El germen de la fuerte
regresión en la distribución del ingreso que hemos evidenciado han sido las
políticas de privilegios y controles implementados desde la presidencia de
Chávez. Desde los procedimientos de asignación de las divisas preferenciales
hasta las políticas sociales de fuerte sesgo regresivo, en el contexto actual
de hiperinflación, han terminado convirtiéndonos en una sociedad mucho más
desigual de lo que habíamos sido.
Desde el punto de vista de
la política social, en los últimos 20 años no se distinguió entre los beneficiarios
por su condición material y, como lo igual entre desiguales termina siendo
injusto, hoy más que nunca se hizo verdad aquella denuncia de quienes hoy están
en el poder: “los ricos son más ricos, y los pobres son más pobres”.
El empobrecimiento masivo de
la población ha sido el resultado de una mezcla entre la destrucción
sistemática del aparato productivo (de manera expresa por medio de
expropiaciones o confiscaciones de activos productivos en manos del sector
privado o, indirectamente, por el cese de las operaciones dadas las condiciones
macroeconómicas adversas), junto con la reducción del ingreso petrolero y su
distribución regresiva. La drástica reducción del ingreso petrolero fue, en
primer lugar, por la caída de los precios, y luego, por la destrucción de PDVSA
y el consecuente desplome de la producción, lo que ha significado el estallido
de todos los desequilibrios económicos e ineficiencias estatales arrastradas
por años, convirtiéndonos, en meses, de ser un país con inflación crónica y
severa escasez, a terminar siendo una economía hiperinflacionaria, gravemente
desabastecida y, adicionalmente, al borde del colapso por la crisis de los
servicios públicos.
La inflación en Venezuela
genera desigualdad porque los ciudadanos tienen mecanismos diferenciados para
defenderse de ella. La inflación, también denominada el “impuesto a la
pobreza”, distingue entre los que tienen y los que no tienen porque estos
últimos están expuestos a los precios directamente. Lo que ganan es para
comprar alimentos, su única protección es gastar el dinero lo más rápido que
puedan. Eso también ocurre en el caso de cualquier otra economía sometida a
condiciones similares, pero en nuestro caso, el hecho de que la hiperinflación
tenga lugar en un contexto de controles y privilegios hace que los mecanismos
de defensa ya no sólo tienen que ver con aquellos puramente económicos, sino
que intervienen otros de naturaleza política, fuera del mercado, y que se crean
desde las propias políticas públicas.
Estos mecanismos
extra-mercado son dos. En primer lugar, el acceso diferenciado a las divisas
controladas o de tipo preferencial, así como otros beneficios selectivos
propios de una economía intervenida (acceso a créditos públicos, permisos de
operación, licencias, ventajas regulatorias, etc.) y, en segundo lugar, al
sesgo de las políticas sociales a favor de los sectores sociales políticamente
más activos, con mayor capacidad de demanda y con más poder de generar costo
político, lo cual es la resultante de un gobierno cuya principal prioridad es
la permanencia en el poder.
El sesgo político de la
política social, es decir de la política redistributiva, no sólo tienen que ver
con favorecer a los partidarios del gobierno, sino también de aquellos que
tienen más poder de voz, pero sin llegar a ser parte de las élites. En otras
palabras (y casi con independencia de la preferencia política), los que viven
en las principales ciudades, los que tienen acceso a la información o son
percibidos por el gobierno como posibles activadores de demandas ante las
burocracias gubernamentales. Nos referimos a los grupos medios de los sectores
populares (donde ciertamente milita parte de quienes apoyan al gobierno, pero
no todos), así como los habitantes de las principales ciudades quienes son los
que en mayor medida son beneficiarios de los programas sociales.
Sobre el primer factor que
ha agudizado la desigualdad en Venezuela, es decir, el acceso al subsidio al
tipo de cambio y otras prebendas económicas, existe alguna documentación al
respecto y precisamente por ser este factor el principal causante de las nuevas
y exorbitantes fortunas en Venezuela, han sido objeto de otros trabajos de
investigación, los cuales, y sólo para resumir, estiman que producto del
favoritismo cambiario, fueron miles de millones de dólares los que alimentaron
las nuevas fortunas en Venezuela.
El segundo factor, el
componente regresivo de la política social del gobierno, es sobre el que
quisiéramos profundizar.
De “Robin Hood” a “Hood
Robin”
La política social que
inauguró el chavismo (y que continuó casi que con mayor perversidad el
madurismo), se basa en pretender no distinguir entre los beneficiarios. El
supuesto universalismo de la entonces nueva política social se oponía al
principio de focalización o de selección entre los beneficiarios. Es
ampliamente reconocido que una política social que no distinga entre
beneficiarios, tiene similares efectos regresivos que las políticas de
subsidios indirectos. Quienes tienen más capacidades de hacerse con los
subsidios (información, recursos económicos, acceso a lobbys, etc.)
definitivamente lo harán, incrementando la desigualdad social. Adicionalmente
es imposible hacer política social progresiva si no se distingue entre la
población vulnerable o en estado de necesidad, de aquella que no lo está.
La política social de los
últimos años en Venezuela no hizo esa diferencia y, lo que es peor, pretende
seguir sin hacerla. Tras los anuncios del 17 de agostos, el gobierno se propone
adelantar un programa económico de ajuste sin atender las diferencias sociales,
o peor aún, tratará de compensar a los sectores sociales más favorecidos, es
decir, los empleados formales con un aumento del salario mínimo a 30$ al mes
(aproximadamente)[12] y
a los propietarios de vehículos particulares, que claramente se concentran en
el tercer tercio de venezolanos con mayores ingresos.
La política social convenientemente
propagandeada como Misiones Sociales concentraron sus beneficios (pocos o
muchos según las disponibilidades presupuestarias), en los hogares no pobres y
en las zonas más urbanas del país. Hoy cuando la política social se reduce en
el mejor de los casos a una caja mensual o trimestral de algunos productos
alimenticios[13],
este sesgo distributivo se mantiene.
Pero, probablemente, el
problema mayor ocurrirá en los próximos días. Los anuncios de sinceración de
tarifas, en primer lugar la de los combustibles (al cual le seguirán del gas y
otros servicios púbicos), junto al aumento de los salarios mínimos del sector
formal (que aún con el aumento sigue siendo el más bajo de la región) deja a su
suerte a los más vulnerables. A los que trabajan en el sector informal, a los
desempleados, y ni que decir de los empleados en sectores poco productivos
(sector servicios en general o de uso intensivo de mano de obra) cuyos
establecimientos seguramente se verán obligados a cerrar sus puertas por la
imposibilidad de enfrentar el nuevo costo laboral.
¿Qué pretendió el gobierno
con esto? Es difícil imaginárselo por completo, pero al menos esta medida
regresiva está en sintonía con el sesgo distributivo del gobierno que proviene
de sus erróneas concepciones de política social. Quizás lo que pretende, al
menos en el corto plazo y seguramente a costa de la destrucción de muchos
empleos, es desactivar la ola de huelgas y protestas laborales que ya habían
comenzado (como las del sector salud) y otras que, a partir de los próximos
meses, activarían otros gremios vinculados a la educación, los servicios
públicos e incluso la propia administración pública y algunas empresas del
Estado.
Ante la inminencia de lo que
era un improrrogable ajuste económico, aplazado por años con despilfarro del
ingreso petrolero, lo que debió ser una política social progresiva que no
ampliara aún más las brechas sociales del país, era haber instaurado un sistema
de transferencias monetarias para los hogares más pobres (en vez del aumento
del 3.500% del salario mínimo) y, para el caso de la gasolina, además de la
necesaria progresividad en el aumento, una transferencia directa con el monto
del subsidio fiscalmente sostenible, privilegiando los sectores del transporte
de carga, para aliviar el impacto en el precio de los productos y en el
servicio de transporte público. Pero este tipo de compensaciones, si bien son
mucho más justas, no aportan el rédito político de “compensar” a los grupos
asalariados organizados, los gremios y sindicatos, cuyos asociados no son
precisamente de los sectores sociales más pobres.
Pero lo peor es que todo
este sufrimiento resultará en vano. No estamos en presencia de un ajuste, dado que
el principal desequilibrio (el déficit fiscal) no se ha atendido. Incluso es
probable que aumente la brecha entre ingreso y gasto del Estado y, por lo
tanto, los problemas de hiperinflación y escasez continuarán. En consecuencia
tenemos las mismas causas de la desigualdad intactas.
3. Hacia un país dual
Las políticas económicas y
sociales en Venezuela han generado una desigualdad social tan grande que
estamos en presencia de un país dual. Para decirlo en términos sencillos,
tenemos un país que “vive en dólares” y otro que “vive en bolívares”. Unos
bolívares que sin importar su apellido, tanto hoy, como mañana no mantendrán su
poder de compra.
Los hogares que tienen
acceso a divisas los tienen por varias vías, que no necesariamente son
excluyentes. Además de los beneficiarios del sistema de privilegios políticos y
cambiarios, se encuentran los hogares que tienen parte o todo su patrimonio en
el exterior. Fueron hogares que viven en el país y con alguna regularidad van
cambiando divisas acumuladas en el pasado y, cuando se trata de patrimonios
importantes cuyos dueños (que por alguna razón siguen viviendo en Venezuela),
también van usando sus ahorros en el exterior, pero sin que necesariamente ello
merme su patrimonio gracias a las rentas o dividendos que producen.
A este grupo de la
“Venezuela que vive en dólares” también pertenecen quienes por su actividad en
el país reciben parte (o la totalidad) de sus ingresos en divisas. Un tercer
grupo estaría constituido por aquellos hogares receptores de remesas provenientes
del exterior, las cuales, según algunas estimaciones, basadas en el cálculo de
venezolanos que viven en el exterior, arrojan una cifra próxima a los 2.000
millones de dólares para 2017[14].
Calcular el tamaño de estos
grupos, saber el número de hogares impactados favorablemente porque una parte
de sus ingresos este constituida por divisas, es una tarea pendiente y no son
muchas las estimaciones confiables que están disponibles. Pero con
independencia de sus tamaños es evidente que los mecanismos económicos y de
políticas públicas que han permitido esta “economía del dólar” en Venezuela ha
sido uno de los responsables del aumento de la desigualdad.
Una forma de aproximarnos al
tamaño de estas dos poblaciones es a partir de los deciles ya trabajados. En el
2014 el 45,4% del ingreso se concentraba en los dos deciles más ricos (que
representan el 20% de los hogares del país). En 2017 ese mismo 20% de los
hogares concentra el 70,6% de los ingresos. Si suponemos entonces que es en
estos dos últimos deciles donde se ubican los hogares receptores de divisas,
por cualquiera de los mecanismos señalados, en el mejor de los casos solo el
20% de los hogares venezolanos formaría parte de la “Venezuela en dólares”.
Adicionalmente según los datos de la ENCOVI 2017, el 35% de los hogares que
reportaron la migración de uno o alguno de sus miembros se ubica en los deciles
9 y 10. Esta sobrerrepresentación proporcional de los hogares con
miembros que han salido a vivir al exterior en los deciles que más concentran
ingresos, refuerza el hecho de que incluso el mecanismo de las remesas se
estaría concentrando en los deciles más altos.
De esta forma el 80% de los
hogares restantes, que no parecieran pertenece a la Venezuela Dual del dólar,
vive bajo unas condiciones de precariedad inmensas. Esa es la parte de la
población que depende de las cajas CLAP para “comer un poco mejor cuando
llega”, o es la candidata a ser dependiente del Estado bajo las condiciones de
sumisión implícitas a esta dependencia actual y las que puedan generarse en el
fututo dada la práctica politizada de la política social del gobierno.
¿Qué significa pertenecer a
una u otra Venezuela? La diferencia es abismal. Pongamos por cierta que lo que
necesita una familia de cinco miembros para alimentarse adecuadamente[15],
a precios de mercado, es de unos 300 millones de bolívares (3.000 de los
soberanos), eso representa según el cambio más ventajoso que se podría obtener
en el paralelo para la fecha del cálculo de la canasta, unos 75 dólares al mes.
Una remesa promedio de 150 dólares (que pudiera no ser tan exagerada si tenemos
en cuenta que las remesas familiares en El Salvador se calcularon en 2017 a un
promedio de 250$ por transacción[16]),
le permitiría a un hogar en Venezuela vivir con relativa holgura a pesar del
caos. Si se dispone de alguna remesa, de una remuneración parcial o total en
divisa o se tienen ahorros en el exterior, esos hogares estarían resguardados
frente a imprevistos con relación a la reparación o renovación de equipos,
problemas o emergencias de salud e incluso permitirse algunas actividades
recreativas que para un venezolano de la “otra Venezuela” sencillamente le son
prohibidos.
La diferencia entre tener
acceso a alguna cantidad a divisas o no tenerla, hace una diferencia gigantesca
y permite ciertas “seguridades o tranquilidades”, que no las tiene el hogar de
la Venezuela en bolívares. Para esta última es probable que su única protección
sean las promesas del gobierno, el contacto con algún funcionario, la
pertenencia a alguna estructura del partido político en el poder, la
posibilidad de presión como funcionario o burócrata de la administración
pública o de alguna de las empresas del Estado, en suma, su único posible
protector es el Estado o, como toda persona en la Venezuela actual, acudir al
“rebusque”, no solo de ingresos sino también de precios, o a la red de
solidaridad social primaria o familiar a la que pertenezca.
Las implicaciones
sociopolíticas de esto son importantes. Lógicamente esta inmensa Venezuela “no
dolarizada” tiene variabilidades importantes y difícilmente toda ella dependa
en su consumo de las políticas distributivas del Estado. Pero aun así, el
gobierno podría tener la fantasía de pretender consolidarse políticamente por
medio del control social de la “Venezuela en bolívares” y confiar que la
“Venezuela en dólares” tendrá cómo mantener cierto nivel de vida que desactive
o reste motivos a su descontento o potencial oposición activa. En todo caso, de
fallar los mecanismos de contención política que aplica en cada una de las
Venezuelas descritas, siempre tendrá a la mano un piquete de la Guardia
Nacional para controlar a los que se desvíen.
Llegados a este punto la
pregunta es si este plan de control social, basado en la nueva dualidad de la
sociedad venezolana, puede o no equilibrar al gobierno. La respuesta va a estar
muy condicionada por lo que ocurra en el corto plazo. En otras palabras, si en
lo que queda de este año y el próximo ocurre cierta estabilización económica
que permita que la Venezuela no asistida por ingresos en divisas pueda
satisfacer sus necesidades sin el sobresalto de la hiperinflación y la escasez,
entonces el precario equilibrio resultante podría estabilizar el descontento.
Independientemente de lo que
ocurra con el plan económico y su remota posibilidad de equilibrar la economía
nacional, para que sea posible este plan de control social basado en la
dualidad de Venezuela, el Estado tiene que disponer de una maquinaria de
compensación que hasta ahora no ha demostrado. Además, necesitaría que la parte
de la economía liberalizada (o que maniobra en condiciones de modernidad)
efectivamente cuente con las normas y garantías de operación que, de igual
forma, hasta ahora tampoco ha tenido y, por último, necesitaría que las
sanciones y cierres económicos se relajen, o al menos no sigan aumentando, de
forma tal que los márgenes de acción ya precarios (tanto para el sector público
como para el sector privado que actúa en este contexto) no se sigan reduciendo.
A este respecto el Gobierno
de Venezuela no es el único gobierno sancionado en el mundo, existen otros (no
solamente Cuba) con los cuales los jerarcas del diseño de esta nueva
estabilización se están asesorando. Está por verse si sus enseñanzas les
servirán para estabilizar nuestra maltrecha economía.
4. El futuro de la desigualdad
social en Venezuela
Supongamos por un momento, y
por razones analíticas, que el Gobierno logra algún equilibrio, aunque
precario, en el corto plazo. ¿Sería éste posible de mantener en el largo plazo?
Para responder a esta última
pregunta vamos a prescindir de argumentos económicos o políticos y vamos a
echar mano de explicaciones de tipo socioculturales. A fin de cuentas, uno de
los factores que hace que el 80% del país siga aspirando un cambio de rumbo y
de conducción gubernamental tiene que ver con la creencia del pueblo venezolano
en la necesidad de la libertad y su aspiración por volver a ser un país
democrático y de movilidad social.
Creencias éstas que finalmente llevan mucho tiempo convertidas en valores y que, a pesar de 20 años de intentos por cambiarlos, pareciera mantenerse incólumes en la sociedad venezolana. Por fortuna, el propio Chávez no pudo hacerlo en el pasado teniendo recursos económicos y liderazgo mesiánico para ello y, de hecho, alguna parte de su discurso terminó abonando estas creencias, lo que puede ser una garantía de que tampoco podrán cambiarlos quienes no sólo no tienen carisma, sino tampoco dinero.
Creencias éstas que finalmente llevan mucho tiempo convertidas en valores y que, a pesar de 20 años de intentos por cambiarlos, pareciera mantenerse incólumes en la sociedad venezolana. Por fortuna, el propio Chávez no pudo hacerlo en el pasado teniendo recursos económicos y liderazgo mesiánico para ello y, de hecho, alguna parte de su discurso terminó abonando estas creencias, lo que puede ser una garantía de que tampoco podrán cambiarlos quienes no sólo no tienen carisma, sino tampoco dinero.
Uno de esos valores que
lleva el venezolano entre pecho y espalda es el de la igualdad. Fue el deseo de
una sociedad igualitaria lo que nos llevó a las fauces del autoritarismo, pero
probablemente también sea el que nos saque de ellas. Démosle una mirada a
nuestro imaginario sobre la igualdad para ver si allí encontramos la clave de
nuestro desenlace.
El igualitarismo en Venezuela
tiene una línea conductora en lo que probablemente es o fue su génesis, a
saber, el mestizaje. Al menos el 80% de población es y se reconoce como mestiza[17].
Ello genera una base fenotípica de igualdad nada despreciable y, aunque muchos
sostengan la idea de que el mestizaje ha sido el encubridor de otras
desigualdades, lo cierto es que éste es un primer rasgo que alimenta nuestro
imaginario igualitarista.
El segundo factor que no
pocos autores señalan como alimentadores de este imaginario fue la Guerra
Federal y su supuesto contenido social distributivo de la tierra. Elemento éste
que, con independencia de su verosimilitud, durante mucho tiempo fue otro
componente que sustentó el imaginario igualitarista del país.
El tercer factor es a
nuestro juicio el más importante. Se trata del proceso de movilidad social
ascendente producto de la explotación del petróleo en la Venezuela de
principios del siglo XX y la captación de una renta internacional del suelo por
parte del Estado venezolano con fines distributivos y transformadores del país
rural al país urbano.
Por último, el cuarto factor
fue la conquista democrática y la posibilidad de llevar la lucha igualitaria al
terreno político, convertirlo en legislación constitucional, en políticas
públicas y, finalmente, poner o quitar gobiernos por medio del voto y tener
como argumento para las preferencias electorales el saldo social, la igualdad
alcanzada, el acceso al progreso y la justicia social.
Chávez alcanzó precisamente
la presidencia de la República sobre ese argumento. Luego de 20 años de crisis
económica (1982-1999), capitalizó el descontento de la desigualdad e instauró
un nuevo orden político y económico bajo la promesa del igualitarismo.
No es éste el lugar para
hacer balances al respecto. Todo lo expuesto hasta acá es la prueba de su
fracaso. Pero ello no significa que el imaginario igualitario se haya roto, que
haya desaparecido. Por el contrario, frente a los actuales contrastes, puede
que el descontento sea mayor precisamente por este aumento de la desigualdad.
El imaginario está allí,
listo para ser tomado nuevamente por una nueva promesa de progreso y bienestar.
Esperemos que esta oportunidad sea sobre la base de un liderazgo auténticamente
democrático y verdaderamente responsable con lo que deben ser las políticas
públicas para la Venezuela del futuro.
***
[1] Desde el año 2014, la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela
(UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) vienen llevando adelante la Encuesta
de Condiciones de Vida, conocida por sus siglas ENCOVI. Este esfuerzo responde
a la sistemática opacidad y carencia de información oficial que permita conocer
el impacto de la profunda crisis que se manifiesta en todos los ámbitos de la
vida nacional en las condiciones de vida de los venezolanos. Desde entonces,
ENCOVI se ha convertido en una investigación periódica que año a año reporta un
diagnóstico de la situación social especialmente en materia de pobreza, salud,
educación, alimentación, empleo y protección social y seguridad ciudadana. La
tendencia a lo largo de los cuatro años para los que se ha realizado la ENCOVI
devela un importante deterioro en prácticamente todas las áreas que abarca la
investigación. Esta información puede ser consultada en el sitio web:
https://encovi.ucab.edu.ve/
[2] El concepto de economía dual fue
creado originalmente por Julius Herman Boeke para describir la presencia
simultánea de dos sectores: uno más avanzado (en ascenso) y otro
subdesarrollado (en declive) en economías coloniales. Posteriormente el término
fue popularizado por Arthur Lewis (premio nobel de economía en 1979) quien
distinguió en las economías de los países subdesarrollados un sector de bajos
ingresos y rural, dedicado a la subsistencia y con exceso de población y oferta
de mano de obra, de un sector urbano capitalista, (el industrial) desarrollado
tanto tecnológica como económicamente, debido al uso intensivo de capital, e
inserto en el mercado global mundial. En todas las acepciones se trata de
dinámicas económicas profundas que generan desigualdades.
[3] Los deciles son medidas
estadísticas de posición. Distribuyen la variable analizada en 10 grupos de
igual tamaño de forma ascendente.
[4] De acuerdo a las cifras
oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el índice
de Gini para el año 2014 se ubicaba en 0,380.
[5] Promedio simple de 18 países:
(Argentina 2014, Bolivia (Estado Plurinacional de) 2013, Brasil 2014, Chile
2013, Colombia 2014, Costa Rica 2014, Ecuador 2014, El Salvador 2014, Guatemala
2014, Honduras 2013, México 2014, Nicaragua 2009, Panamá 2014, Perú 2014,
Paraguay 2014, República Dominicana 2014, Uruguay 2014 y Venezuela (República
Bolivariana de) 2013).
[6] El Coeficiente de Gini de Uruguay
y Argentina se ubicó en 0.392 y 0.391 respectivamente. CEPAL (2017). Panorama
Social de América Latina 2017. Santiago de Chile: Naciones Unidas
[8] Es necesario aclarar que esta
comparación es a título ilustrativo. En la publicación de la CEPAL utilizada
como referencia la unidad de análisis es a población en nuestros cálculos el hogar.
En esta nueva publicación CEPAL además incluyó los hogares con ingreso 0 los
cuales fueron excluidos de nuestros cálculos. Dado que los hogares pobres en
general son más numerosos y a la inclusión de los hogares sin ingresos que
abultan los deciles más pobres, es posible que la estimación de CEPAL sea aún
mayor a la expuesta para el caso venezolano en este trabajo.
[10] Una
reversión tan abrupta de la distribución del ingreso no es usual en los países
y tampoco existen indicios para considerar que ello esté ocurriendo en otras
latitudes de nuestra región. Las series históricas y en partículas de los años
recientes muestran variaciones anuales del Coeficiente de Gini para América
Latina muy por debajo de la diferencia que este coeficiente arroja en el caso
venezolano entre los años 2016 y 2017.
[11] El
coeficiente de Gini de Haití es de 0,608. Extraído de la base de datos del
PNUD. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HTI
[12] Nivel
que nos sigue ubicando como el país con menor sueldo mínimo. El promedio de los
salarios mínimos en la región supera los 300 dólares del mes.
[13] Sobre
la periodicidad de distribución de las cajas CLAP según el nivel de
urbanización y desarrollo de las localidades del país puede consultarse a
España, L. y Ponce, MG. (2018) Pobreza. Encuesta sobre Condiciones de
Vida. ENCOVI 2017. Disponible en;
https://encovi.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ucv-ucab-usb-encovi-pobreza-2017.pdf
[14] De
acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (antigua CAF), en 2017
ingresaron al país $2 mil millones por concepto de remesas y se estima que en
2018 el monto podría alcanzar los $6.000 millones. La firma
Ecoanalítica calculó que en 2017 ingresaron US$1.500 millones en remesas, lo que
es apenas el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Trabajadores
(CENDA), la Canasta Alimentaria Familiar, contentiva de 60 productos para una
familia de 5 miembros, ascendió a BS. 295.821.795,32 para el mes de julio de
este año.
Disponible
en; http://cenda.org.ve/noticia.asp?id=173
[16] https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Cuanto-recibio-El-Salvador-en-remesas-familiares-en-2017-20180112-0057.htm
[17] Según
el censo de 2011, que incorporó el tema de “la raza” en un país donde eso no
pareciera haber formado parte de las preocupaciones de la agenda pública.
22-08-18
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