Tulio Álvarez 28 de agosto de 2018
Punto de partida
Todo
análisis sobre la situación actual debe partir de la afirmación de la ruptura
irremediable del orden constitucional producto de las decisiones de la Sala
Constitucional identificadas como las sentencias 155-17 y 156-17, actos
arbitrarios que instauran una tiranía judicial.
La
inmediata consecuencia de los actos de usurpación, ejecutados tanto por el que
debería ser el máximo tribunal de Justicia de Venezuela así como el Ejecutivo
encabezado por Nicolás Maduro, fue el acto parlamentario aprobado por la
Asamblea Nacional, en fecha 9 de enero de 2017, mediante el cual se procedió a
la declaratoria de Abandono del Cargo de Presidente de la República.
Lejos
de una inmediata sustitución de Maduro se produjo un desconocimiento del
Acuerdo de la Asamblea Nacional. Eso convierte al “grupo estructurad que
detenta el poder en Venezuela y que ha actuado concertadamente en la comisión
de delitos contra la humanidad y los delitos tipificados con arreglo a la
Convención de Palermo, obteniendo beneficios económicos por la depredación de
los recursos nacionales” como un gobierno de facto sin reconocimiento
internacional.
Ese
mismo régimen produjo una insólita convocatoria a elecciones presidenciales que
derivó en una irrita proclamación del usurpador y un desconocimiento universal
de su legitimidad. Tal situación derivó en otro acuerdo de la Asamblea
Nacional, esta vez fechado el 22 de mayo pasado, mediante el cual se declaró el
fraude constitucional y electoral además de la inexistencia de la reelección
para el nuevo período presidencial que debería comenzar en enero de 2019.
Pero
no sólo existen estas declaratorias políticas del Parlamento, también se han
producido dos acuerdos fundamentales como pasos necesarios de procesos constitucionales
dirigidos al enjuiciamiento de Maduro.
Esos
actos fueron el Acuerdo del 5 de abril de 2017 que declara la existencia de
méritos para continuar el proceso judicial por hechos de corrupción
relacionados con la empresa Odebrecht y el reciente Acuerdo del 21 de agosto de
2018 que pretende encaminar un proceso de sustitución de quien ha sido
declarado culpable y condenado por un “tribunal híbrido”, designado por la
propia Asamblea Nacional y reconocido por la comunidad internacional.
Se
trata de circunstancias políticas objetivadas que tienen relevancia para el
régimen y todos los venezolanos. No pueden ser desconocidas. Precisamente, lo
que está pasando responde a esta realidad.
Despeje
de variables
Pero
surge de inmediato una pregunta, ¿cuál es el efecto práctico de estos acuerdos
de la Asamblea Nacional? Y yo la voy a responder con otra pregunta, simple por
demás, ¿a qué elementos obedece el ataque implacable que sufre la Asamblea
Nacional como institución? Si la pregunta es simple la respuesta también debe
serlo. Esa Asamblea Nacional, producto de una indubitable manifestación de
soberanía, es la única institución que sobrevive al holocausto constitucional
que ha ejecutado el conglomerado de intereses nacionales y transnacionales
representados en el Estado Forajido en el que se ha convertido Venezuela. No
existe otra instancia, tampoco otro recurso.
La
solución estará sustentada en la reunión de los representantes del pueblo de
Venezuela tomando decisiones para superar el vacío constitucional y la anarquía
implícita en este Estado, dominado por un grupo delincuencial fuera de todo
orden constitucional e internacional
El
restablecimiento de la democracia en Venezuela supone legitimidad, aunque falle
el liderazgo y la voluntad política. Estoy convencido que vamos a tener que
levantar las piedras de muchos sepulcros de ese cementerio en que han querido
convertir la legitimidad que ostenta el parlamento venezolano.
Toda
salida pasa por el aval de la Asamblea Nacional. Es por ello que este régimen siempre
ha tenido como prioridad la anulación de sus actos. Primero, bajo el alegato de
un desacato inexistente; luego, bajo la práctica de la persecución selectiva de
sus miembros y el desconocimiento de sus actos; finalmente, pasan al acto más
aberrante de todos, la convocatoria de una asamblea comunal constituyente que
sigue la línea de usurpación y de ruptura constitucional iniciada tantos años
atrás.
Es por
ello que considero un error estratégico el no diferenciar entre la institución
y algunos de sus integrantes que no han sabido honrar el compromiso que
adquirieron cuando inscribieron su candidatura como Diputados. Allá ellos y sus
consciencias, hasta que sean juzgados. Los demócratas debemos defender al
Parlamento porque hasta en las dictaduras existen resquicios de
institucionalidad.
Desesperación o plan
Para
asumir las decisiones idóneas, en el frente democrático que debe agrupar a los
venezolanos que resisten esta dictadura, hay que descifrar un problema central:
Los últimos acontecimientos, reflejan un plan preconcebido y perfecto,
planificado desde mucho tiempo atrás; o, simplemente, son apresuradas
decisiones típicas de regímenes desesperados porque vislumbran su fin a la
vuelta de la esquina.
Si nos
atenemos al pasado y a los hechos, tendríamos que concluir en la primera
opción. Es decir, estamos viviendo la fase final, el tránsito del estatismo
socialista al comunismo totalitario. Las recientes medidas económicas sólo
pretenden destruir lo poco que queda del sector privado, léase de las
libertades públicas. Constituyen una carga de profundidad, oferta engañosa, un
proyecto de control absoluto cuya consecuencia será el hambre y la miseria de
todo un pueblo. Pero, ¿realmente es así? ¿Estamos en presencia de un sector
unificado, con coherencia ideológica, intereses comunes y fortaleza popular?
No
dudo en afirmar que lo único que mantiene a este régimen nefasto, al frente del
Estado Forajido, es la necesidad de enfrentar a la comunidad internacional y a
los sectores mayoritarios del país, sus enemigos comunes. Ese es el único lazo
que une a las diferentes mafias que usufructúan el poder para depredar los
recursos nacionales, se trata de la vocación por la supervivencia.
Ellos
se saben acorralados, más débiles que nunca, por eso recurren a dos extremos
fundamentales de sus prácticas: El sometimiento de la sociedad mediante la
violencia y el terror; al tiempo, el control que ejerce una cúpula corrupta que
compone parte de la mafia, en las áreas más expuestas, sobre el sector militar.
Ese terreno al descampado son el narcotráfico y la depredación de las
Industrias básicas.
La
realidad es que en las medidas dictadas por Maduro se pueden constatar ambos
componentes. Se ve la secuencia de un plan pero también una improvisación
pasmosa e inédita que hace del hecho económico una suerte de práctica de
brujería; en el que no existe racionalidad alguna.
Todo
se presenta como un juego en el que ni siquiera hay la posibilidad de ensayo
error para corregir, una catástrofe que se materializará antes de los tres
meses que el histrión ha señalado como período de transición
¿En
dónde está la planificación? Por supuesto siguen las líneas del debilitamiento
de toda resistencia interna e impulsan la diáspora venezolana y la división de
los que nos quedamos aquí. El otro hecho común a todas la las ejecutoria
anteriores es la persistencia del control social mediante la diabólica práctica
depaupera et impera.
Venezuela
se convierte en un país de Miserables que son sometidos por sus propias
necesidades. Pero la improvisación es evidente también. A varios amigos
economistas les había advertido, semanas atrás, que toda reconversión monetaria
iba a encontrar un obstáculo brutal referido al sistema de salarios de los
trabajadores, por cuanto se iba a reflejar la dolarización de todos los
componentes de la vida diaria menos el referido a sus ingresos.
Por
ello me atreví a predecir, apenas se produjo el anuncio de quitarle cinco ceros
a la moneda, la realización de una cadena nacional en la que se anunciaría, en
víspera de la reconversión, que sólo se restarían cuatro ceros a los salarios
de los trabajadores
Todos
mis amigos economistas me indicaron que era una locura multiplicar por diez los
salarios. Y yo lo acepté así, aunque advirtiendo que, en el régimen de Maduro,
sólo se aceptaban enajenados y, en consecuencia, era más que factible mi
predicción. Pues me quedé corto. Multiplicaron por 30 la base de todo el
esquema salarial, me refiero al mínimo.
Para
ellos es muy sencillo inventar números y cifras para tratar de sostener lo que
queda de 2018. Pero en el sector privado sólo se trabaja con la realidad y
desde el mismo momento del anuncio se activaron todas las alarmas para tratar
de sobrevivir la agresión. La consecuencia, ante tanta incertidumbre,
materializará el cierre técnico del sector comercial y el aumento inusitado del
desempleo a niveles nunca vistos.
Los
sectores productivos que apenas sobrevivían se verán obligados a decidir, sin
dominar las variables indispensables para que su decisión sea la correcta. Los
trabajadores vivirán la incertidumbre y la angustia de perder su único medio de
subsistencia.
Los
empleados públicos quizá soporten un tiempo pero terminarán, igual a todos,
ante la falta de transporte y una carestía que nos hará añorar el año 2017.
Todo esto por orates como Jorge Rodríguez. Él sabe manipular la mente de los
seres humanos pero, como se observó, no sabe sumar o multiplicar, solo dividir.
Y ese es uno de los más preparados.
Tulio
Alvarez
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