Anabella Abadi M. y Richard Obuchi 24 de agosto de 2018
@Janabadi
y @RichardObuchi
El
pasado viernes 17 de agosto de 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció el
—hasta ahora— más agresivo conjunto de medidas en el ámbito económico,
incluyendo temas que habían sido temidos por el gobierno como el aumento de
gasolina a precios internacionales, un incremento de 2.311% en el tipo de
cambio oficial y aumentos de los impuestos. Las medidas incluyeron la
introducción de un complejo sistema con dos monedas como unidad de cuenta —el
bolívar soberano y el petro—, la reconversión de la moneda para la eliminación
de 5 ceros, un incremento de 5.900% en el salario mínimo y un plan de control
de precios. Sin embargo, es poco probable que estas medidas en su versión
actual contribuyan a resolver los problemas de hiperinflación y deterioro
económico por profundos problemas de diseño, contradicciones e insuficiencia de
las mismas. De hecho, de insistirse en este curso de acción sin correcciones o
ajustes, tales acciones pueden generar un crecimiento explosivo de la
inflación, incremento de la escasez y un mayor debilitamiento del aparato
productivo.
Una
guía para entender las medidas
En
palabras del presidente Maduro el pasado 17 de agosto de 2018: “el programa de
recuperación económica apunta, de manera directa, a sustituir y a acabar el
dólar criminal y el sistema de fijación y dolarización de precios; y recuperar
el salario y la capacidad de compra del pueblo de Venezuela, es el eje central
de todo el programa de recuperación económica, restablecer equilibrios,
establecer equilibrios nuevos, corrijo, establecer equilibrios nuevos,
macroeconómicos que marquen definitivamente lo que tiene que ser el proceso de
crecimiento económico, tiene que ser el proceso de fijación de salarios
permanente y tiene que ser el proceso de fijación, con precios máximos de venta
al público de todos los bienes y servicios del país, poniendo el acento en los
bienes prioritarios del Plan 50; ahí va el objetivo central del programa de
recuperación económica”.
Un
primer conjunto de medidas está vinculado con la política fiscal. “Vamos a
entrar en una etapa muy importante con una meta de déficit fiscal cero”, dijo por primera vez Maduro. Indicando además que toca
“eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico”.
A
pesar del reconocimiento de estos problemas, las medidas anunciadas parecen
aumentar más que reducir el déficit fiscal con base en el impacto del
incremento e indexación del salario mínimo al petro en el sector público y
anuncio de bonos y subsidios temporales a la pequeña y mediana empresa. Las
acciones de políticas públicas en el área fiscal hasta la fecha comprenden las
siguientes medidas:
- Aumento del precio de la gasolina
acompañado por un subsidio directo. La meta declarada es
que la gasolina alcance el precio internacional, y tanto los ajustes del
precio como la asignación del subsidio directo se harán de manera
progresiva, comenzando por los estados fronterizos. No se ha indicado la
fecha de entrada en vigencia del nuevo precio ni la magnitud del primer
aumento del precio. Tan sólo se ha dicho que se va a iniciar el proceso de
instalación de dispositivos para la implementación del subsidio y que
durante el mes de septiembre se informará la manera en que funcionará el
pago del subsidio. Para 2017, según Haiman El Troudi el consumo interno de
combustibles líquidos fue de 516 millones de barriles diarios (MBD) y
estimamos que el nivel de consumo de combustibles esté cerca de los 400
MBD en los actuales momentos, por los niveles más bajos de actividad
económica y otras restricciones. Si el gobierno cumpliera la meta de
alcanzar precios internacionales, una posible referencia sería el valor
del precio de la gasolina en Cúcuta, el cual se encuentra en US$/lt 0,63
(en el resto de Colombia el valor es de US$/lt 0,79). Al tipo de cambio
oficial al 21 de agosto de 2018 (60 BsS/US$), el valor del litro de
gasolina sería BsS/lt 37,8 (BsF 3.780.000), con lo que llenar un tanque es
equivalente a BsS. 1.512 (BsF 151.200.000 o US$ 25,2). En todo caso, más
allá de la factibilidad de lograr en el corto plazo un ajuste de esta
magnitud, el gobierno ha indicado que todo aquel que se registre en el
censo automotor va a gozar de un subsidio por un tiempo y magnitud
desconocido. Según el gobierno, el censo que servirá de base para el
subsidio, alcanza a la fecha más de la mitad del parque automotor. Esta
medida puede tener un alto impacto fiscal y en las finanzas de PDVSA, pero
solo en la medida en que se concrete de forma eficaz.
- Aumento de la alícuota del IVA de 12 a
16%. De acuerdo con el Decreto Presidencial N°
3.584 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.395 del 17 de
agosto de 2018, “la alícuota impositiva general [del Impuesto al valor
Agregado, IVA] a aplicarse en el ejercicio fiscal restante del 2018 y todo
el ejercicio fiscal 2019, se fija en dieciséis por ciento (16%)” (artículo
1) a partir del 1 de septiembre (artículo 3). Según
aclaró el ministro El Aissami, quedarán exentos del pago de IVA “la
comida, la medicina, la electricidad, la telefonía, agua potable, otros
servicios como el gas”. Según cifras oficiales del Seniat, entre 1999 y
2017, el IVA representó 55% en promedio de las recaudaciones tributarias
no petroleras, por lo que su aumento tendrá un importante impacto en las
recaudaciones. Sin embargo, dado el ya amplio y desordenado gasto fiscal y
los aumentos del mismo que se anunciaron vía aumentos del salario mínimo,
bonos e incluso del subsidio directo de la gasolina, nada parece indicar
que tal aumento de la alícuota del IVA sea suficiente para cerrar el
actual déficit fiscal.
- Otras reformas tributarias (ISLR e IGTF).
En su propuesta ante la ANC el martes 21 de agosto (que sería aprobada por
unanimidad), el ministro El Aissami precisó que la declaración
del impuesto al fisco cambiaría su periodicidad de quincenal a semanal y
el pago se realizará con base en el impuesto declarado semanalmente. En
cuanto al Impuesto Sobre La Renta (ISLR), aclaró que se establecería el
pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes
especiales, con excepción del sector financiero y asegurador que será del
2%. Por último, “en materia de impuestos a las grandes transacciones
financieras [IGTF] (…) se propone incrementar la alícuota en 0,25 puntos
porcentuales para ubicarla en 1% estableciendo un rango entre 0 y 2%”,
exceptuando al sector industrial por ser “necesario para dinamizar la
actividad productiva nacional”. Al igual que en el caso del IVA, mientras
que estos aumentos mejorarán los niveles de recaudación, nada parece
indicar ayudarán a cerrar el actual déficit fiscal.
- Bono de BsS 600 (BsF
60 millones) para al menos 10 millones de hogares (incluyendo los 6
millones de Hogares de la Patria). Esto implica una erogación total de BsS
6 millardos (BsF 600 billones), equivalente al 15% de la liquidez
monetaria (M2) de mediados de agosto 2018.
- Aumento salario mínimo de
BsF 3 millones a BsF 180 millones (BsS 1.800 o 0,5 petros), lo que
representa un aumento de 5.900%. El aumento entrará en vigencia el 01 de
septiembre. Según informó el Vicepresidente Sectorial del Área Económica,
Tareck El Aissami, el gobierno central subsidiará el aumento por un máximo
de 90 días “toda la población económicamente activa” (lo que
incluye al sector informal). Para abril de 2016 (último dato oficial
disponible), la población económicamente activa (PEA) era de 14.124.319
venezolanos. Suponiendo que el subsidio se asigne a 50% de la PEA, esto
implicaría una erogación de más de BsS 12,7 millardos (BsF 1.271
billones), lo que equivaldría a casi un tercio de la liquidez monetaria
(M2) de mediados de agosto 2018. Vale decir, dicho subsidio no es
incondicional:
- Para recibir el subsidio, las empresas
deben registrar sus nóminas en el Sistema Tiuna del IVSS y estar al día
con sus compromisos tributarios con el Seniat y solventes con el IVSS.
Los trabajadores se pueden inscribir por cuenta propia si trabajan por cuenta
propia o si sus empleados no están solventes.
- En un documento oficial con los elementos
más resaltantes de los anuncios, se precisó que “para evitar la excusa de
la incidencia del incremento salarial en la estructura de costos,
asumimos el incremento en el sector privado; como prestación, recibiremos
el equivalente en producción que servirá para nutrir los CLAP y los
aportes de alimentos y bienes al pueblo a precios justos”.
- Aumento de las pensiones de
BsF 3 millones a BsF 180 millones (BsS 1.800 o 0,5 petros), tal y como
informó la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez. En
septiembre se pagará de forma fraccionada los días 7, 14 y 30 del mes. A
marzo de 2018, había casi 3,5 millones de pensionados registrados en
Venezuela. Este aumento implicará una erogación mensual de más de BsS 6
millardos (más de BsF 600 billones), lo que equivaldría a cerca de 15% de
la liquidez monetaria (M2) de mediados de agosto 2018
- Aunque no se han dado mayores detalles, el
Constituyente Andrés Eloy Méndez afirmó que “se viene una
sorpresa con la fijación del ticket de alimentación”.
Otro
conjunto de medidas está vinculado con el ámbito monetario y cambiario,
destacando el inicio del proceso de reconversión y la introducción del petro
como unidad de cuenta. Estas acciones parecieran tener por objetivo intentar
corregir el problema de funcionamiento del sector externo y corregir el nivel
de precios de la economía, incluyendo las remuneraciones. Sin embargo, los
problemas de diseño e implementación de las medidas auguran que terminarán
agravando estos problemas y añadiendo algunos nuevos.
- El petro como unidad de cuenta.
El uso del petro como unidad de cuenta -pareciendo abandonar su uso como
criptomoneda o mecanismo de financiamiento- da la sensación de intentar
emular el Plan Real de Brasil (tal y como detalló Leonardo Vera en esta piezapara Prodavinci), el cual fue implementado
en 1994 en el gobierno de Itamar Franco, para atacar el problema de
hiperinflación. En este plan, se creó una moneda como unidad de cuenta
-la Unidade Real de Valor (“URV”)- que era equivalente a
un dólar. La URV era a su vez equivalente a una cantidad de cruzeiro real,
la moneda en circulación efectivamente usada para las transacciones, según
un tipo de cambio entre URV y cruzeiros reales que se actualizaba
diariamente según la inflación. Los precios se expresaban en URV y los
pagos se realizaban en cruzeiros; en la medida en que el tipo de cambio
entre URV y cruzeiros reflejaba la inflación, había incentivos para usar
la URV como referencia estable de precios. Esta medida fue precedida por
un programa de ajuste fiscal y posteriormente por un cambio de moneda.
- El petro y su vinculación con el tipo de
cambio. Según Maduro: “Ha sido fijado su valor
en dólares, en monto oscilante de 60 dólares o más; es el precio del
barril petrolero. Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar
soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares [soberanos]”.
Según el gobierno, el objetivo es “anclar” y expresar los precios de
bienes y servicios y el salario mínimo en petros. Maduro indicó que el
tipo de cambio sería único y fluctuante y se publicará diariamente por el
BCV. El 21 de agosto se oficializó en la página del BCV un tipo de cambio
inicial de BsS/US$ 60 (BsF/US$ 6 millones), lo que implicó una devaluación
de 96% (respecto a la tasa Dicom de BsF 248.832 por dólar, vigente hasta
el 20 de agosto). Si el tipo de cambio entre petros y BsS se llegase a
ajustar según el tipo de cambio de mercado, entonces fijar precios en
petros sería equivalente a dolarizar los precios. Queda por ver si
efectivamente el gobierno tiene la disposición de realizar el ajuste del
tipo de cambio a valores de mercado.
- Nuevo régimen cambiario.
Desde hace varias semanas, el gobierno ha indicado que vendría un nueva
etapa del régimen cambiario, proceso que se inició con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios (Gaceta
Oficial N° 41.452 del 2 de agosto de 2018). Según lo anunciado por el
Presidente Maduro, se celebrarán 3 subastas (los días lunes, miércoles y viernes) por los próximos
60 días, para luego comenzar a celebrar 5 veces por semana. Tal vez el
aspecto más relevante es que el gobierno central precisó que el sector
público no va a ofertar divisas a través de DICOM, sino que —en palabras de Andrés Eloy Méndez, presidente de la
Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)— “el
papel del Estado será ver el origen, el uso y el destino de las divisas”.
Además se activarán 300 casas de cambio en todo el país (posiblemente
para recepción de remesas). No queda claro que en este sistema vaya a
existir libre convertibilidad o que el tipo de cambio efectivamente sea
formado de manera competitiva. Un tipo de cambio único y más alto
aliviaría las cuentas de la industria petrolera, pero en la medida en que
no sea acompañado por la eliminación del control de cambio, entonces va a
repetir las distorsiones de los controles anteriores. En todo caso, el
gobierno tiene elementos muy en contra para estabilizar el valor del tipo
de cambio por el bajo flujo de divisas, la ausencia de reservas en moneda
dura para participar en el mercado, tasas de interés reales negativas, así
como el efecto de las expectativas negativas en el mercado cambiario.
Además, la persistencia del déficit fiscal y el enorme crecimiento de la
liquidez, conducen a una fuerte presión de demanda de divisas.
El
tercer conjunto de medidas tiene que ver con las políticas de control directo
de las actividades económicas. Por un parte, se establece un incremento del
salario mínimo de 5.900% vinculado al valor del petro. Así, se establecen
nuevos controles de precios en niveles también vinculados con el petro, pero no
necesariamente vinculados con las nuestras estructuras de costos. Por lo
pronto, el gobierno también ha dado indicaciones de que va a actuar con fuerza
en materia de fiscalización independiente de la situación económica de las
empresas. Las reformas no establecen un espacio donde se construyan las
condiciones para un mejor ambiente de funcionamiento de las empresas, o donde
se apunte a una mayor flexibilización en el funcionamiento de la economía, con
lo cual hay pocos incentivos para incrementar la inversión y la oferta.
- Plan 50. Anunciado
originalmente en enero de 2016, hasta la fecha no ha logrado ser
implementado de manera eficaz. El ministro El Aissami, en su discurso ante la ANC el
martes 21 de agosto, precisó que se habían acordado los precios de 25
bienes básicos por un lapso de 90 días. Estos precios fueron publicados en
la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.397 del mismo 21 de agosto. Dado
que, según los datos de inflación calculados por la Asamblea Nacional, los
precios se duplican cada 26 días (a razón de una inflación de 125% mensual
para julio 2018), cuesta creer que los acuerdos sean sostenibles. Más aún,
es importante recordar que los controles de precios, además de
desincentivar la producción, generan fuertes incentivos para la formación
de mercados negros e incluso para la corrupción.
- Fiscalización.
En su discurso del 17 de agosto, el Presidente Maduro precisó que se
implementaría “un nuevo sistema de vigilancia y aplicación del precio
máximo de venta”. Al igual que en el pasado, esto se traduce en la
proliferación de campañas masivas de fiscalización e intervención directa
a comercios y empresas, siendo la primeras grandes víctimas Smurfit Kappa y Farmatodo. Recordemos, por ejemplo,
que en 2014 se registraron más de 26.000 fiscalizaciones.
- Censo Automotor.
Al viernes 17 de agosto, el Presidente Maduro afirmó que ya se habían
registrado 2,4 millones de vehículos, poco más de la mitad del parque
automotor del país el cual alcanza 4,5 millones de vehículos según El Troudi. Además, precisó que el Censo se
extenderá hasta el 30 de agosto y, acto seguido, se comenzará una campaña
para informar a la ciudadanía (por 20 días) sobre la implementación de la
política de subsidio directo a la gasolina. El Censo es el paso previo para
establecer el mecanismo de subsidio que a su vez requerirá, según el
propio gobierno, la instalación de dispositivos especiales en más de 8 mil
estaciones de servicio en todo el país.
¿Cuáles
son los principales problemas?
Las
medidas anunciadas tienen graves problemas de credibilidad. Por
una parte, se asegura que un objetivo clave es corregir el déficit fiscal y el
financiamiento monetario. Pero las medidas de aumentos de salarios y subsidios
indican todo lo contrario: un incremento del déficit fiscal y un aumento de la
liquidez en magnitudes sin precedentes. En tanto la medida que potencialmente
podría contribuir más con el financiamiento del déficit, el aumento de la
gasolina, no se conocen mayores detalles y no va a entrar en vigencia hasta por
lo menos el mes de octubre. A la vez, se intenta corregir el ingreso de los
trabajadores, pero no se permiten correcciones en las estructuras de costos de
las empresas. El gobierno pone mano dura sobre los productores y comerciantes
locales para que no aumenten los precios, pero obliga a aumentar salarios, lo
que limita la sostenibilidad financiera de las empresas. Además, se establece
un tipo de cambio fijo, en condiciones donde el gobierno no cuenta con los
recursos para mantenerlo estable, lo cual puede conducir a que el precio de las
divisas aumente por expectativas negativas sin ajustes en el petro, con lo que
perdería credibilidad su uso como unidad de cuenta.
Medidas
generan incertidumbre. Para implementar cualquier
plan de recuperación, son puntos clave la claridad y la confianza. Un plan de
reforma integral de la economía pasa por el concurso y apoyo de todos los
actores. Hacen falta no solo medidas fiscales y monetarias, sino también
acciones concretas que permitan incrementar la oferta, la producción, el
abastecimiento y el crecimiento de la economía. Esto implica dar señales de
cambio profundo en la orientación del modelo de gestión de políticas públicas,
un modelo en donde se establezcan las bases para una economía mucho más libre.
Además, estas acciones pasan por el reconocimiento de los gravísimos problemas de gestión de los servicios públicos y
del funcionamiento del propio gobierno. Nada de esto es parte de los anuncios.
Cuando hay incertidumbre, la reacción natural es intentar protegerse. Esto
implica que muchos comercios e industrias pueden optar por no vender hasta
entender la nueva realidad; o vender hasta agotar los inventarios o con precios
que ofrezcan suficiente cobertura. La manera en que se realizaron los anuncios
ha alimentado la incertidumbre, creando confusión y nuevos costos.
No hay
financiamiento externo. Las medidas tienen la debilidad
estructural de que no mejoran la posibilidad de acceder a financiamiento
externo. Venezuela se encuentra en una situación de impago de deuda externa, la
principal industria exportadora se encuentra en una situación precaria y
persisten las sanciones económicas establecidas por el gobierno de los EEUU.
Los socios comerciales de Venezuela, e incluso sus aliados geopolíticos, tienen
pocos incentivos para proveer recursos internacionales.
No hay
corrección precios relativos. Uno de los más graves
problemas de funcionamiento de la economía venezolana son las profundas
distorsiones en los procesos de formación de precios de los bienes y servicios,
los salarios y el tipo de cambio. La intensa intervención gubernamental en el
funcionamiento de los mercados acompañado por una economía cada vez más débil,
impide que los precios den señales adecuadas para inversión, producción y
consumo de los agentes económicos. Sin embargo, no pareciera que estas medidas
apuntan a un ajuste eficiente de los precios a pesar del profundo impacto en la
estructura de costos de todos los agentes económicos del aumento del salario
mínimo y la devaluación del tipo de cambio oficial.
Medidas
pueden incrementar inflación, escasez y recesión. En
ausencia de cambios, las medidas anunciadas terminan por generar un profundo
ajuste de precios en la economía como consecuencia del cambio del salario
mínimo y el tipo de cambio oficial, en condiciones de fuertes restricciones y
alta incertidumbre. Esto puede conducir a una mayor demanda de bienes y
divisas, sin que haya una respuesta en la oferta, todo lo cual indica un
impacto inflacionario sin los beneficios de corrección o estabilización.
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