Por Victor Álvarez R.
En este artículo vamos a
analizar los anuncios del presidente Nicolás Maduro para derrotar la
hiperinflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. Lo haremos
examinando la coherencia de las medidas aprobadas con los objetivos que se
persiguen, y destacaremos lo que faltó en los anuncios gubernamentales
El presidente prometió
disciplina fiscal, cero déficit y no más emisión de dinero inorgánico para
financiar unas empresas públicas que no generan recursos ni para pagar sus
nóminas. Sin embargo, las medidas anunciadas agravan el déficit fiscal al
reducir los ingresos y aumentar los gastos, lo que pone en entredicho su
propuesta para frenar el alza de los precios. Una estrategia antiinflacionaria
viable y creíble incluye al menos las siguientes acciones:
Reactivar la producción:
Como el producto más caro es
el que no se consigue, hay que comenzar por una política de reactivación
agrícola e industrial que ayude a generar una creciente oferta de los productos
que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de
la vida cotidiana y de la producción.
Esta política de reactivación
productiva debe contemplar la eliminación de los rígidos controles de cambio y
de precios que estrangulan la producción, garantizar la seguridad jurídica y el
respeto a los derechos de propiedad, también el financiamiento al capital de
trabajo, incentivos fiscales a las nuevas inversiones, suministro de insumos
básicos al sector transformador e, incluso, un programa de incentivos para la
repatriación de profesionales, técnicos y gerentes que se fueron a trabajar a
otros países. Pero nada de eso se dijo.
Disciplina fiscal
Para sofocar la
hiperinflación es clave una reforma fiscal bien pensada, con las medidas
adecuadas, aplicadas en la secuencia lógica. En una economía que se ha
contraído 50% en los últimos cinco años, y donde la hiperinflación ha devorado
el poder de compra, resulta contraproducente cargar sobre el sector privado, ya
sean personas o empresas, las maniobras para cerrar la brecha fiscal.
Aumentar el IVA, aplicar
nuevos impuestos a las transacciones financieras o acelerar la frecuencia con
la que se recaudará el ISLR son medidas inocuas porque se aplican sobre una
población empobrecida y sobre una base imponible cada vez más exhausta y
pequeña. Esta recaudación no va a compensar lo que el fisco dejó de percibir al
exonerar de pago del ISLR a Pdvsa, sus filiales y las empresas mixtas y, por el
contrario, contraerá aún más la demanda agregada y la producción.
Lo correcto sería comenzar
por eliminar las exenciones y exoneraciones innecesarias, reducir el gasto
público superfluo -entre ellos el gasto militar-, eliminar los ruinosos
subsidios como el de la gasolina, y sustituir los ineficientes subsidios
indirectos a los bienes y servicios por subsidios directos a las familias
pobres para que estas puedan pagar el ajuste que luego se haría de las tarifas
de electricidad, agua, gas, etc. De esta forma, las empresas públicas que
prestan estos servicios podrían generar ingresos que al menos les permita pagar
la nómina y cubrir los costos de mantenimiento. De lo contrario, vamos al
colapso total de los servicios públicos y dentro de poco no habrá más apagones
sino prendones.
Erradicar financiamiento
monetario
El financiamiento monetario
del déficit de Pdvsa, Corpoelec, Hidros, Metro y demás empresas públicas,
significa inyectar a la circulación doméstica un torrente de dinero que no
tiene su correspondiente respaldo en un aumento de la producción y, por lo
tanto, atiza cada vez más la hiperinflación.
En una economía contraída
que cada vez produce menos, poner a circular mucha plata que sale a comprar
bienes escasos se traduce en un alza de los precios. Así, cualquier ciudadano
de a pie sabe que el nuevo cono monetario de bolívares soberanos rápidamente
irá perdiendo su poder adquisitivo y no generará ninguna confianza como reserva
de valor. La gente tratará de deshacerse cuando antes de unos billetes que la
semana que viene comprarán mucho menos, y este aumento en la velocidad de
circulación del dinero ejerce una presión en los precios tan brutal como la que
ejerce la emisión monetaria.
Vincular el aumento salarial
al aumento de la productividad
Nicolás Maduro fijó el
salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. En bolívares viejos esto significa
un aumento de 5,2 millones a 180 mil millones de bolívares. ¿Con qué recursos
va a pagar un gobierno deficitario el aumento salarial y el bono de
reconversión monetaria a tres millones de empleados públicos? Seguramente los
pagará con nuevas emisiones de petros y soberanos. Pero surge otra
pregunta: ¿Con qué fondos los van a pagar las empresas privadas?
El gobierno ha ofrecido
asumir por 90 días el diferencial salarial de la pequeña y mediana industria,
pero no incluyó al sector comercio, servicios, construcción, etc. En una
economía que se ha contraído 50 % en los últimos cinco años, las pequeñas,
medianas y grandes empresas han sufrido un desplome de sus ventas y sus
márgenes de ganancia y rentabilidad, cada vez son más las que terminan el mes
con pérdidas y actualmente están resistiendo para no cerrar. Estos aumentos
alteran la estructura de costos e inevitablemente tienen que trasladarse a los
precios. Si los rígidos controles de precios no lo permiten, entonces se
causarán pérdidas, la actividad económica se hace inviable, quiebran las
empresas, cae la producción, se agrava la escasez y vuelven a subir los precios.
Así, las familias que viven de un ingreso fijo, nominalmente ganarán más dinero
pero realmente podrán comprar menos bienes y, al final, quedarán en una
situación mucho peor.
Este círculo vicioso se
agrava cada vez que se decreta un aumento salarial que no está respaldado por
aumentos en la productividad. Si la mejora en la capacidad adquisitiva no tiene
su contrapartida en una mejora en la producción, este desequilibrio ejercerá
una presión al alza de los precios que crecerán en un porcentaje mayor al aumento
de los salarios. Tales aumentos son pura ilusión monetaria, pan para hoy y
hambre para mañana. Si los precios se desquician después de cada aumento
salarial y los hogares quedan en una situación peor, es preferible que el
gobierno no suba más el sueldo y más bien se dedique a diseñar una estrategia
antiinflacionaria, con las medidas correctas, aplicadas en su secuencia lógica
y al ritmo adecuado para así poder sofocar la hiperinflación.
El gobierno reconoce el
valor del dólar en el mercado negro
Cada petro tiene como
respaldo un barril de petróleo y su valor se moverá al ritmo que fluctúe el
precio del crudo. La tasa de cambio se fijó en 3.600 bolívares por petros y se
calculó el precio del petróleo en 60 $/b. Dividan 3.600 entre 60 y obtendrán
una tasa de cambio implícita de 60 BsS/$. Como nadie tiene petros en su
bolsillo para comprar dólares, 60 Bs.S será lo que habrá que pagar por cada
dólar. Como la tasa de cambio de bolívares soberanos por petros se
presume fija en 3.600, a medida que suba el precio del barril, menor será la
tasa de cambio de BsS/$. Por ejemplo, si el petróleo sube de 60 a 70 $/b, al
dividir 3.600 Bs.S/70$ la tasa de cambio implícita baja de 60 a 51.42 BsS/$.
Pero si el petróleo se hunde y cae a 25 $/b, el precio implícito del dólar
subirá de 60 a 144 BsS.
Veamos esto en los bolívares
viejos (BsF). Si al valor del petro en bolívares soberanos (que es 3.600) le
agregamos los cinco ceros que se le quitaron al Bs.F, resulta una cifra de
360.000.000 Bs.F. Y si esta cantidad la dividimos entre 60 dólares -que es más
o menos el precio estimado del petro en dólares-, entonces 360.000.000 BsF/60$
nos da una tasa de cambio de 6.000.000 de BsF/$. Esto quiere decir que el
gobierno dio tremenda vuelta para finalmente reconocer la tasa de cambio del
mercado negro fijada por su archienemigo, el portal Dólar Today.
En comparación con la tasa
de cambio derivada de la última subasta Dicom que fue de 248.382 BsF/$, estos
6.000.000 BsF/$ resultan ser una tasa de cambio mucho más atractiva para
estimular el ingreso en divisas a través de la inversión extranjera,
repatriación de capitales, exportaciones privadas, turismo internacional y
remesas. Incluso, es más alta que la tasa oficial fijada para las remesas que,
al momento de hacer estos cálculos, había quedado en 4.000.000 BsF/$.
Esta medida significará un
alivio para las finanzas de la deteriorada Pdvsa que por años se vio obligada a
rematar su menguado ingreso en divisas a las bajas tasas que arbitrariamente le
impuso el gobierno. Al obtener 24 veces más bolívares por cada petrodólar podrá
pagar una nómina de 144 mil trabajadores y ponerse al día con proveedores y
contratistas sin tener que endeudarse nuevamente con el Banco Central de
Venezuela que le inyecta recursos a través de emisiones de dinero sin respaldo,
práctica que se mantendrá para financiar el déficit de las demás empresas
públicas que no facturan en dólares sino en moneda nacional, y además están
sometidas a cobrar bajas tarifas y precios que no les permiten levantar
recursos para pagar la nómina y mucho menos para financiar los gastos de
mantenimiento.
El anclaje del bolívar
soberano al petro
En cuanto al anclaje del
bolívar soberano al petro, la única relación que hasta ahora podemos analizar
es la que se deriva de establecer una tasa de cambio fija de 3.600 BsS/P. Si el
Bs.S se hubiese anclado a una divisa sólida como el dólar o el euro, la tasa de
cambio no estaría sometida a las profundas fluctuaciones del precio del
petróleo y esto preservaría de mejor forma el poder adquisitivo del nuevo signo
monetario nacional.
Adicionalmente, la medida de
anclar el BsS al petro requiere un compromiso creíble y verificable de no
emitir moneda nacional para financiar el déficit de las empresas públicas. Si
se tiene en cuenta que las medidas del gobierno agravan el déficit fiscal, toda
vez que disminuyen los ingresos y aumentan los gastos, la promesa del anclaje
es poco creíble. El saldo neto de exonerar del pago de ISLR a Pdvsa, filiales y
empresas mixtas y, simultáneamente, aumentar salarios y otorgar un bono de
reconversión a tres millones de empleados públicos, es negativo y mantendrá la
inercia de emitir dinero inorgánico para poder cubrirlo.
Según la experiencia
internacional, la clave del éxito de cualquier anclaje monetario depende de la
fortaleza del ancla y de la disciplina fiscal. Si estas condiciones no se
cumplen, la marea deficitaria terminará arrastrando un ancla de poco peso como
el petro, y el gobierno retomará en breve la práctica de cubrir su creciente
déficit con nuevas emisiones de bolívares soberanos de mayor denominación y, en
cuestión de meses, veremos otra vez billetes de 10 mil, 20 mil, 50 mil y hasta
100 mil Bs.S, tal como pasó con el bolívar fuerte.
Coexistirán dos unidades de
cuenta para medir los precios
En cuanto a la coexistencia
de dos sistemas contables, esto sugiere que habrá dos listas de precios: una en
petros que se mantendrá más o menos estable y otra en su equivalente en Bs.S.
que aumentará al ritmo que aumente la emisión de Bs.S. para financiar el
déficit de las empresas públicas.
Dicho de otra forma, el
petro funcionará como una especie de unidad de cuenta para anclar los precios.
Es como si se fijaran simultáneamente los precios en Unidades Tributarias (UT)
que se mantienen constantes -que en este caso serían los precios en petros-,
pero estos precios se pagan en su equivalente en Bs.S que si cambian
frecuentemente.
Como el precio en UT se
mantiene constante y lo que cambia es su expresión en bolívares, se crea
entonces la impresión de que los precios en petros no suben, aunque si suban en
bolívares. Como las monedas y billetes rápidamente pierden su poder de compra,
las personas y empresas van a preferir que se les pague en petros, cuyo poder
de compra perciben más estable. Esto generará una creciente demanda de petros
que, a la larga, dará origen a una nueva reforma monetaria.
Si no se reactiva la
producción agrícola e industrial, si no se implanta una rigurosa disciplina
fiscal, y si no se erradica la emisión de dinero para financiar el déficit de
las empresas públicas, el nuevo bolívar soberano tiene los días contados y, en
menos de un año, será sustituido por una nueva familia de monedas y billetes
denominada Petros.
El aumento de la gasolina
Los subsidios tienen por
objeto mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables y
requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación agrave
la desigualdad. Pero en Venezuela, los subsidios son parte de una cultura
rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo. Cuando
los subsidios benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia
redistributiva ya que los más pudientes no necesitan que se les subsidie nada.
Esto exactamente es lo que
pasa con el subsidio a la gasolina que, al aplicarse de manera indiscriminada,
termina privilegiando a grupos sociales que no lo necesitan, mientras que
los que no tienen carro y nunca van a una estación de servicio a llenar un
tanque, no se benefician para nada de la gasolina barata. Por el contrario, están
condenados a sufrir un sistema de transporte público que es una calamidad.
El ciudadano de a pie está
cada vez más consciente de que el bajo precio de la gasolina beneficia sobre
todo a los contrabandistas que han llegado a sacar más de 100 mil barriles
diarios de combustible, según la información suministrada por el propio
Ministerio de Petróleo y Pdvsa. Si cada barril contiene 159 litros y cada litro
tiene un precio de al menos 1 dólar en el marcado internacional, esto equivale
a 15 millones 900 mil dólares que se pierden diariamente por el contrabando.
Anualmente, la pérdida acumulada supera los 5 mil millones de dólares.
Erradicar el contrabando de
extracción pasa por ajustar el precio de la gasolina a los niveles
internacionales, siempre y cuando un porcentaje de las ganancias sea destinado
a modernizar y ampliar el sistema de transporte público en todos y cada uno de
los 335 municipios del país. Así, el aumento de la gasolina, en vez de
perjudicar a la población más vulnerable, más bien sería la fuente de recursos
para mejorar y dignificar sus condiciones de transporte. Eso si sería una
verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que el costo lo pagarían
los contrabandistas y, en el peor de los casos, las empresas y familias que
tienen varios carros. El resto de las ganancias deberían destinarse a financiar
un esquema de subsidios directos a los hogares pobres para que con este dinero
puedan pagar luego la sinceración tanto del precio de los combustibles como de
las tarifas de servicios públicos de electricidad, agua y gas que están a punto
de colapsar porque con las tarifas actuales no generan recursos ni siquiera
para pagar la nómina.
Sincerar el precio de la
gasolina ayudaría a aliviar las deterioradas finanzas de Pdvsa y a corregir su
descomunal déficit que, como ya lo hemos dicho, se financia con emisiones de
dinero inflacionario por parte del Banco Central de Venezuela, propagando la
voraz hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones
venezolanas. Un precio internacional erradicaría el contrabando de extracción,
le permitiría a Pdvsa cubrir los costos y generar una creciente ganancia que
sería invertida en la modernización del sistema de transporte público y en el
financiamiento de los subsidios directos a la población más vulnerable.
Sin embargo, el gobierno
piensa distribuir la gasolina subsidiada a través del Carnet de la Patria y
quienes no se sometan a este instrumento de control social y dominación
política tendrán que comprarla más cara por otras vías. Si se mantiene un
precio altamente subsidiado se prolongarán los incentivos perversos para
especular (bachaquear) la gasolina barata en el mercado interno y para seguir
sacándola de contrabando hacia los países vecinos, alimentando así las mafias
que han hecho del contrabando de gasolina un negocio más rentable que el
narcotráfico.
Foto: El Estímulo
21-08-18
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