 |
| Maikel Moreno, en la Corte Penal Internacional |
HÉCTOR E. SCHAMIS 19 de agosto de 2018
Ya es
redundante decir que vivimos una época de exacerbación de las viejas
ideologías. Sin embargo, no hemos reconocido lo suficiente que el precio a
pagar es la erosión de la arquitectura normativa del sistema internacional,
estructura de principios y valores que no se derivan de, ni son reducibles a,
ideología alguna.
Ello
ha causado que el sistema internacional no solo esté plagado de doble
estándares, aceptables dentro de ciertos parámetros, sino que se halle en
proceso franco de erosión. El test de Litmus de esta desafortunada realidad
vuelve a ser Venezuela. El caso verifica las acciones contradictorias de las
organizaciones cuya misión es proteger, hacer cumplir y promover los derechos
humanos, tanto como reparar a las víctimas.
De
hecho, mientras la OEA no se acobarda ante ningún hierro caliente —Venezuela,
pero también Nicaragua y Cuba— desde organizaciones extra regionales llegan
mensajes de otro tipo, los cuales unas veces confunden, otras rebelan y casi
siempre perturban. El siguiente ejemplo ilustra el punto.
En
julio pasado se celebró el vigésimo aniversario de la firma del Estatuto de
Roma, documento que creó la Corte Penal Internacional. El acto tuvo lugar en su
sede en La Haya. Como Estado parte del sistema, Venezuela asistió a los actos
conmemorativos. Es de protocolo invitar a todos los miembros, con lo cual la
presencia de dicho país no fue necesariamente una sorpresa.
Lo
inesperado fue quién representó a Venezuela: Maikel Moreno, presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, corte colonizada por apparatchiks del partido
gobernante que jamás emitió una sentencia adversa al Ejecutivo. Moreno está
sancionado por la Unión Europea junto con otros altos funcionarios del régimen
por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su presencia en La Haya
requirió una autorización especial del gobierno holandés a solicitud de la
Corte Penal.
Se
deriva de ello que los Países Bajos están dispuestos a hacer excepciones al principio
jurídico de igualdad ante la ley. Que además esa sea la política del tribunal
encargado de juzgar y castigar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de
genocidio transformó el evento en algo deshonroso.
O tal
vez aún peor cuando se lee que Moreno aseguró allí que "el Poder Judicial
venezolano garantiza el respeto por los derechos humanos del pueblo venezolano,
así como la institucionalidad democrática en la nación". Lo dijo sin
importarle que la Corte Penal tenga el caso de Venezuela bajo la categoría de
"Examen Preliminar", lo cual tampoco pareció preocupar a los propios
funcionarios de la Corte.
A ese
punto el evento adquirió ribetes de burla, a las víctimas de los crímenes, a
sus familiares y a la comunidad internacional. El 31 de mayo Luis Almagro le
hizo llegar a la Fiscal General Fatou Basouda el informe del panel de juristas
que examinaron la evidencia presentada en la OEA durante audiencias celebradas
en 2017. Nombran a Maikel Moreno, por sus antecedentes criminales antes de
convertirse en el juez más importante de Venezuela, y al TSJ, por ser
instrumental a los abusos allí documentados. Concluye dicho informe que existe
más que razonable evidencia acerca de la comisión de crímenes de lesa
humanidad.
El 22
de junio, a su vez, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, emitió un informe sobre Venezuela. Afirma que "dado
que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los
responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas
razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional
en esta materia".
No
queda claro, entonces, la renuencia de la Fiscal Basouda a transformar dicho
examen preliminar en investigación plena, de eso habla el Alto Comisionado al
considerar "una mayor implicación de la Corte Penal en esta materia".
Y menos claro es, desde luego, que a pesar de toda evidencia, uno de los
responsables de tales violaciones sea invitado por la propia Corte.
En
Venezuela no solo se han cometido crímenes de lesa humanidad sino que se siguen
cometiendo, es un delito continuo. Si la Fiscal Basouda hubiera actuado, tal
vez podría haberle evitado la detención ilegal, violación del debido proceso y
torturas al diputado Juan Requesens, hecho ocurrido el día 7 de agosto. La foto
del diputado, semidesnudo y con visibles signos de haber sido sometido a tratos
crueles y degradantes, fue circulada por sus carceleros pero la Fiscal piensa
que no hay suficiente evidencia.
La
Corte Penal Internacional no aplica el principio de igualdad ante la ley. Los
crímenes de los que se ocupa se seleccionan arbitrariamente antes de ser
considerados. Tal vez el filtro que se usa es la ideología de quienes están en
el poder, la geografía del abuso o la cantidad de víctimas en cuestión. Son
hipótesis acerca de un doble estándar flagrante y cuyo resultado es la
reproducción de una injusticia.
Además
de doble estándar la Corte también tiene mal gusto. Obligar a los asistentes a
un evento sobre derechos humanos a tolerar la presencia y las palabras de
Maikel Moreno es un insulto a su inteligencia, a sus principios y al propio
ideal de justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico