Por Marino J. González R.
Si algún rasgo caracteriza
el desarrollo de Venezuela en el último siglo, es la amplia creencia, tanto del
liderazgo político como de la población en general, que el Estado es el agente
fundamental que genera el bienestar. Esta concepción ha sido fortalecida en la
medida que el petróleo ha sido la base productiva de la sociedad venezolana.
Son justamente los países en los cuales el petróleo tiene tal
importancia, también llamados Petroestados, los que tienen una mayor
tendencia a darle mayor preeminencia al Estatismo.
Entre 1998 y 2010, se
triplicó el porcentaje de la población que opinaba que el Estado es capaz de
solucionar todos los problemas (de 16% a 47%). En el año 2017, a pesar de los
evidentes efectos negativos del auge del Estatismo iniciado en 1999, todavía
uno de cada cuatro venezolanos sostenía que el Estado puede solucionar todos
los problemas de la sociedad.
Ahora bien, esta creencia en
el Estado Omnipotente, expresada en políticas implementadas especialmente en
los últimos cincuenta años, ha configurado una manera de entender los límites
entre el rol de lo público y lo que le corresponde a la sociedad. Así, los
gobiernos suspendían garantías económicas, aprobaban regulaciones incompatibles
con la flexibilidad requerida, o llegaban al extremo de expropiar empresas o
crear cientos de ellas con simples decretos. Podríamos decir que se fue
constituyendo un Estado Omnipotente capaz de intervenir en los mínimos
detalles de la vida social y económica del país.
Los anuncios sobre las
medidas económicas informados el pasado viernes 17 de agosto, configuran una
nueva tendencia del Estado Omnipotente. Se trata ahora de un Estado tan
Omnipotente que pretende influir en los intangibles. Se pueden indicar una
muestra de esos intangibles.
El primero de ellos es asignar
valor a una medida como el Petro, a sabiendas de que su demanda no se encuentra
contabilizada. El supuesto es el valor que puede representar el petróleo que se
encuentra en el subsuelo, sin considerar que tal referencia no está
condicionada por aquellos que quieran adquirir ese bien.
Otro ejemplo es la intención
de intervenir en las expectativas de los sectores de la economía. Se aumenta el
salario mínimo 35 veces y se ofrece que se pagará por la diferencia por un
período de tres meses, y al mismo tiempo se establece que este aumento no puede
afectar la fijación de precios. Es decir, se elimina toda posibilidad de
que las empresas compensen los aumentos derivados de los salarios que tienen
que pagar.
De la misma manera, el
aumento de impuestos no debe repercutir en variaciones de los precios. Y que
esa medida se tome en una economía en recesión desde hace cinco años tampoco
tiene mayor relevancia. Y por si fuera poco, aumentar los gastos públicos
en menor proporción que los ingresos, traerá supuestamente una reducción del
déficit fiscal a 0% (estimado en 20% en la actualidad).
Las medidas económicas del
17 de agosto están concebidas para el mundo de las ilusiones. No tienen
mayor asidero en la realidad, lo cual no es de extrañar. Están diseñadas para otras
dimensiones, diferentes a la vida concreta de las personas, las que tienen que
sobrevivir en una economía de agresiones y sufrimientos.
Es por ello que contribuirán
más bien para que la hiperinflación sea más dura, dividiendo en dos la historia
de los venezolanos y dejando más visibles las terribles consecuencias de
profesar la omnipotencia del Estado
22-08-18
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