Carmen Beatriz Fernández 02 de octubre de 2018
La
Venezuela de hoy ya está constituida por dos países: el de adentro y el de
afuera. Ambos países deben concebirse juntos, como parte de una unidad inseparable,
y cualquier esfuerzo político, y de políticas públicas debe considerarlo así.
Las cifras de FaceBook son contundentes y me las creo, pues no hay quién maneje
datos mejor que el gigante que creado por Zuckemberg. Hay hoy más de 3 millones
de recientes emigrados de Venezuela, cifra muy superior a la que reconoce
Naciones Unidas. La encuestadora Datincorp hizo una repregunta de ese fenómeno
en la encuesta sobre el exilio venezolano de Feb 2018. La respuesta hace
estimar una emigración cercana a los 7 millones de venezolanos. Cualquiera sea
la cifra real está entre ambos números, entre un 10 y un 20% del padrón
electoral, y cualquier propuesta para Venezuela debe incluir esos dos países…
Es un
éxodo, ciertamente. Y un éxodo que merma de manera importante las posibilidades
de desarrollo del país, puesto que despoja a Venezuela de su mejor fuerza
productiva. Un estudio reciente del Servicio Jesuita a Refugiados, evidencia
que un 74% de quienes emigran están en la mejor edad laboral, entre los 20 y
los 40 años, mientras que un 60% de los que se marchan tienen estudios
universitarios. Es esta emigración acelerada la que ha vuelto a poner al país
en los reflectores globales. Y las alertas de ese éxodo sobre los países
receptores lo que imprime el sentido de urgencia a una acción de presión
colectiva desde el exterior.
Ante
esta realidad, urge plantear desde la Asamblea Nacional una iniciativa
legislativa que garantice los derechos políticos de los venezolanos en el
extranjero. Pese a que la constitución nacional garantiza expresamente el
derecho a voto de los venezolanos, donde quiera que se encuentren, sabemos que
la realidad burocrática se tropieza duramente contra ese objetivo
constitucional. La iniciativa legislativa debe por ello poner énfasis en
garantizar el derecho a voto sólo con la cédula y el registro previo en el CNE,
independientemente del centro de votación.
Pero
además, garantizar los derechos políticos de los venezolanos en el extranjero
tambien implica proponer un rediseño institucional del parlamento para que
incluya representantes de la diáspora. Que al menos el 10% o 15% de los
parlamentarios sean escogidos por venezolanos en el exilio. Tener un bloque
parlamentario de unas 20 sillas en las que estén representantes de los
venezolano-colombianos, venezolano-españoles, venezolano-norteamericanos, etc…
Tal como ocurre en el parlamento francés o el italiano, y también en los
congresos de países hermanos como Colombia y Ecuador.
Trabajar
en torno a una propuesta de esta naturaleza permitiría también encontrar puntos
de conciliación entre las posturas de varios dirigentes políticos, los de fuera
y los de dentro, y trabajar por una agenda común en un tema que refuerza la
visibilidad del problema migratorio venezolano. Hay gran incertidumbre en estos
momentos y un sentido de impotencia desde parte de la dirigencia y de la gente,
en el sentido de que el desenlace de lo que ocurra en Venezuela no tiene que
ver con lo que podamos hacer o dejar de hacer. Por un lado se está a la espera
de lo que “pueda pasar” desde el exterior, y por otro lado se está expectante
ante una posible última estocada, una convocatoria a un referendum aprobatorio
de una nueva constitución express. Un proceso que ejercería la coacción y
coerción ad nauseam. Nada peor para la acción política que este sentimiento de
alienación. Un trabajo conjunto que apunte a garantizar los derechos políticos
de los venezolanos no sólo es imperioso, sino que escapa del encasillamiento
del manejo de la agenda pública con la que el régimen asfixia la discusión
nacional, y permitiría hallar puntos de encuentro que faciliten entenderse,
tanto a ciudadanos como a sus dirigentes.
Carmen
Beatriz Fernández
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