AFP 14 de mayo de 2019
Las prácticas de represión contra la
población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir
crímenes de lesa humanidad, alertó este martes Amnistía Internacional (AI) en
un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus
investigaciones sobre el país suramericano.
Ejecuciones
extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias
y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional
reportadas en su informe “Hambre de justicia: crímenes de lesa
humanidad en Venezuela”, presentado en Ciudad de México.
Esos
procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar
parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de
personas consideradas disidentes”, ejecutada por “agentes estatales
o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento” de
funcionarios, dijo la organización con sede en Londres.
El
informe se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna por el
poder en la que están inmersos el presidente Nicolás Maduro y líder opositor
Juan Guaidó, que el 23 de enero pronunció un discurso en el que se asumió como
presidente interino.
Guaidó
es reconocido como presidente interino por más de 50 países, encabezados por
Estados Unidos.
El
informe destaca las manifestaciones que ocurrieron justo del 21 al 25 de enero
de 2019.
Sólo
en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en
el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”.
Y al
menos 39 de estas personas “murieron a manos de las fuerzas de
seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante
las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos
humanos.
En
medio de las protestas de esos días, añadió AI, “más de 900 personas
fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron
niños y adolescentes”.
Algunos
de ellos “fueron torturados previamente a su muerte”, añade al
señalar que “el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas
de Acciones Especiales (FAES)”.
En el
informe, recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo
desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de “determinar
la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel”.
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