EFE 03 de junio de 2019
La
Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador continúo este domingo la
investigación contra la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal Petróleos
de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero.
El
Ministerio Público informó, a través de su cuenta de Twitter, de que
especialistas de la Unidad Contra la Impunidad de la FGR “han continuado este
fin de semana con un exhaustivo análisis de la información documental y digital
que se ha ubicado en las empresas que integran la sociedad Alba Petróleos de El
Salvador”.
La
fuente indicó que “las evidencias serán de utilidad en la investigación que se
desarrolla por actividades relativas al lavado de dinero”.
El
pasado viernes, la FGR allanó la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero.
Germán
Arriaza, director Anticorrupción y Contra la Impunidad de la FGR, explicó ese
día a periodistas que los allanamientos se realizaron también en las empresas
ALBA Alimentos de El Salvador, ALBA Gas y en otras 24 relacionadas a dicha
sociedad.
De
acuerdo con Arriaza, la orden de registro fue autorizada por el Juzgado Cuarto
de Paz de San Salvador y el procedimiento tiene como finalidad “incautar
documentación, equipo informático y todos los elementos que nos pueda servir
para la investigación que estamos realizando por lavado de dinero”.
ALBA
Petróleos fue formada en el 2006 por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.
(Pdvsa) y alcaldías del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), instituto político que gobernó en los últimos 10 años.
La
empresa mixta maneja una terminal y una cadena de distribución de combustibles
en El Salvador, y ha ampliado sus negocios hacia otros sectores económicos.
Desde
el 2012, ALBA Petróleos también opera ALBA Alimentos, que otorga créditos a campesinos
y pequeños productores agropecuarios, cuyos productos distribuye en el mercado
local.
El
responsable de liderar la millonaria inversión de la estatal Petróleos de
Venezuela (Pdvsa) en ALBA Petróleos de El Salvador fue el político salvadoreño
José Luis Merino, a quien Estados Unidos pidió investigar por supuestos nexos
criminales.
En
julio del 2016, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) reveló que
Merino era investigado desde 2el 014 por supuestamente traficar drogas y armas
con la guerrilla colombiana FARC.
En
octubre de ese mismo año, meses después de la información dada por Meléndez, el
ex presidente Salvador Sánchez Cerén juramentó a Merino como viceministro de
Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo en la Cancillería, con
lo que le otorgó fuero político.
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