Fernando Camino Peñalver 04 de junio de 2019
@fernandocaminop
La
Cumbre Mundial de la alimentación, promovida por la Organización de las
Naciones Unidas en 1996 estableció el concepto de Seguridad Alimentaria:
“existe seguridad alimentaria, cuando todas las personas de una nación tienen
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para
satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a
alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa”.
En
nuestro país, el noventa por ciento de la población no tiene posibilidades
económicas para poder alimentar a su familia debido al alto costo de los
alimentos y a sus bajos ingresos. Por otra parte, aquellos alimentos que se
podrían adquirir por su bajo costo se encuentran desaparecidos de los anaqueles
y solo se consiguen en el “mercado negro” y a un precio incomprable.
Durante
estos veinte años, el régimen se dedicó destruir al sector de la producción de
alimentos. El hostigamiento al sector productivo, fue el inicio del progresivo
deterioro de la calidad de vida de nuestra población. Mediante la aprobación de
decenas de leyes, donde se violan principios constitucionales, el régimen fue
acabando con la estructura productiva de todo el circuito de la producción
agroalimentaria.
La
bonanza petrolera y el absurdo endeudamiento del gobierno, lograron sustituir
la producción nacional por alimentos importados. Pero la caída de los precios del
petróleo y la debacle de la producción de crudo dieron inicio a la crisis
humanitaria, hoy convertida en emergencia humanitaria compleja.
El
desequilibrio de las variables macroeconómicas, agudizada por la falta de
independencia del BCV, el control sobre nuestras divisas, la caída progresiva
de la inversión y de la producción interna de bienes y servicios, configuraron
un cuadro propicio para que se desatara una espiral hiperinflacionaria como
pocas en el mundo. La caída de la producción y la imposibilidad de disponer de
divisas para realizar las importaciones, ha generado una dramática escasez de
bienes y servicios. El régimen, ante la imposibilidad de cubrir el déficit
fiscal debido a la caída del PBI y del consumo, acude al peor de los recursos:
la emisión de dinero inorgánico. Lógicamente, esto es echar combustible al
fuego de la inflación.
Debido
a lo antes señalado, el nivel de pobreza de nuestra población medido por la
línea de ingreso, según la ONU, se sitúa en un 93%. A pesar de todos los aumentos
del ingreso mínimo mensual decretados por el régimen, en abril de este año,
según la última medición del Cendas, se necesitaron 64.142 bolívares diarios y
48,10 salarios mínimos mensuales, para poder pagar el costo de los alimentos de
una familia de cinco personas. Hemos retrocedido más de noventa años en la
capacidad del ingreso del venezolano, en el año 1935 el salario mínimo mensual
era el equivalente a 15 dólares y se consideraba un salario de hambre.
La
política de abastecimiento del régimen, ha degenerado en el reparto de cajas de
comida cuyo contenido no guarda ningún tipo de balance nutricional y su
inocuidad es cuestionable, con el agravante de que este reparto es manejado
como un mecanismo de control social, utilizado para mantener una camarilla
inepta y corrupta usurpando el poder. Además, la escasez y el alto costo,
impiden al consumidor satisfacer sus necesidades alimentarias con productos de
su preferencia como lo señalan los principios del concepto de Seguridad
Alimentaria.
Cuando
afirmamos que existe en nuestro país una emergencia humanitaria compleja, es
porque la escasez y la carestía de los alimentos se agravan por la manipulación
con fines políticos que ejerce el régimen en la distribución de los alimentos y
en los subsidios económicos que aplica. El deterioro de los servicios públicos
como la falta de electricidad, de agua potable y gas doméstico, impide tanto a
productores como a consumidores la normalidad tanto de la oferta como del
consumo. Toda esta problemática no ha sido causada por una catástrofe natural
ni por un enfrentamiento bélico, todo lo contrario, ha sido generado por la
ineptitud y la corrupción de un régimen decadente, de allí la calificación de
emergencia humanitaria compleja.
La
propuesta del Plan País Agroalimentario, plantea en líneas generales el
crecimiento de la oferta de alimentos mediante el estímulo a la producción
privada y al consumo de la población. Eso significa garantizar la seguridad
jurídica tanto a productores como a consumidores, el respeto a la propiedad
privada y la generación de servicios públicos eficientes. En este nuevo marco
económico, es fundamental la rentabilidad del sector productivo y el subsidio
directo a la población más vulnerable de nuestro país para asegurar el consumo
normal de ésta. Estamos trabajando para que muy pronto los venezolanos no
tengan en lo absoluto esa preocupación en sus vidas, y puedan dedicarse
enteramente a su bienestar familiar y a ayudar en la reconstrucción del país
que todos deseamos.
Fernando
Camino Peñalver
@fernandocaminop
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