Miguel Méndez 11 de junio de 2019
Al
problema de las invasiones en Venezuela hay que ponerle coto en la nueva
gobernabilidad y reducirlo a cero, si aspiramos en el largo plazo convertirnos
en un país desarrollado; porque los sueños del futuro se alcanzan con acciones
concretas en el corto plazo. Las invasiones ponen en entredicho el sacrosanto
principio de la propiedad privada y ya sabemos que sin un respeto a ultranza de
la posesión no existe seguridad jurídica y en consecuencia no habrá inversión,
empleo, ni desarrollo. No es que solamente atacando el problema de la
corrupción, la impunidad, la inseguridad, la delincuencia, o el narcotráfico,
como vamos a desarrollarnos; es imprescindible brindarle seguridad al inversor
que su capital representado en bienes, derechos, acciones o dinero, no será
expropiado, conculcado, confiscado o invadido. Así lo han hecho los grandes
países, los del primer mundo y por ello han alcanzado las cotas de desarrollo
que disfrutan sus ciudadanos; aunque es cierto que esto también ha sido posible
por la existencia de un régimen de libertades, un respeto por los derechos
humanos y por una democracia efectiva.
La
práctica de las invasiones en este régimen se ha convertido en un hecho
cotidiano. Se han invadido terrenos, parcelas urbanas, casas, edificios,
urbanizaciones, hatos, fincas, empresas, bosques, zonas protegidas, cerros,
riveras de ríos, etc. Las invasiones en muchos casos son dirigidas por
profesionales de esta práctica que bajo la protección de mafias y la complacencia
del régimen, actúan con impunidad y libertad de acción. Me comentaba un amigo
propietario de un hato de ganado en el centro del país, que en su fundo se
metieron violentamente un grupo de invasores; tomaron posesión de un lote de
terreno y sembraron en él. El propietario hizo la denuncia antes las
autoridades competentes: policía y Guardia Nacional, sin que ninguno de estos
organismos hiciera nada al respecto. Luego interpuso los recursos judiciales
ante el juez de la circunscripción, sin que tampoco, con el paso de los años,
aconteciera el desalojo que procede por ley. Estos invasores utilizaron la
quema como método de limpieza de los terrenos que ocupaban para la siembra, con
el desafortunado resultado que hubo un incendio que se descontroló y se propagó
por todo el hato, quemando el 85% de la propiedad: pastizales, cercas,
animales, bosques, etc. ¡Una verdadera calamidad! Sin embargo, de tal acto de
efectos tan perjudiciales, no hubo investigación, ni se detuvo algún culpable.
En
la Reserva Forestal de Caparo, en el estado Barinas, unos invasores penetraron
en forma violenta a una zona asignada a la Universidad de Los Andes. Estos
usurpadores que aseguran ser campesinos pobres, practican la cacería de
animales como dantas, cochino de monte, venados, lapas y cachicamos. Esta
actividad diezma la fauna de la reserva. Además practican el abigeato de
becerros y búfalos, entre fincas alrededor de la reserva. Inicialmente los
invasores establecen conucos de maíz, yuca, plátano o frutales, para asegurar
su subsistencia; luego paulatinamente, durante aproximadamente 4 años, van
talando los árboles y quemando sus parcelas. Luego, como la quema mata la
fertilidad del suelo, las tierras se van haciendo aptas para la ganadería; pero
como esta actividad es de una inversión costosa, que los invasores no pueden
asumir, venden las tierras a otros que asumen una explotación ganadera de baja
productividad. Con lo cual un bosque que debemos preservar para asegurar el
agua, la biodiversidad y protegernos del cambio climático, se convierte en
sabanas de bajo aprovechamiento.
Aplicar
la ley en toda su rigurosidad, sin contemplaciones y sin complacencias, para
erradicar las invasiones, tiene que ser una prioridad y un tema de urgente
implementación, para rescatar la confianza y la seguridad en el estado de
derecho. El nuevo gobierno debe asumir el costo político de acabar con las
sinvergüenzuras del régimen, poner orden, sacar a los invasores y restablecer
los derechos de propiedad. Si no, la inversión y el desarrollo, serán una quimera.
Miguel
Méndez Rodulfo
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