Por Mario Villegas, 03/03/2013
Columna de Puño Y Letra
El 14 de mayo de 2008, siendo yo un modesto periodista al servicio de la
administración pública, fui víctima de una arbitraria medida del
Superintendente del SENIAT, José Cabello Rondón, en virtud de la cual se me trasladaba
sin mi consentimiento (indispensable, según el estatuto del SENIAT) a la aduana
de Santa Elena de Uairén, situada a 1.400 kilómetros de mi residencia en
Caracas y me obligaba a separarme de mi familia, especialmente de mis dos hijos
menores, cuyos derechos constitucionales están considerados de interés superior
y prevalecen frente a otros derechos. Se trataba de una clara retaliación
política destinada a castigarme por dos delitos: primero, mantener una columna
de opinión crítica en un diario capitalino y, segundo, negarme rotundamente a
vestir franela y gorra rojas en mis actividades laborales.
A mi hermano Vladimir, siendo para entonces un importante cuadro del
chavismo, le exigí no realizar ninguna gestión en mi favor. No obstante, el 20
de mayo, bajo el título “Un Gulag en el SENIAT”, condenó desde su columna
semanal en El Nacional lo que calificó como una medida “apestosa a estalinismo”
que de ninguna manera doblegaría mi posición política. Mi otro hermano,
Ernesto, también por propia iniciativa, se pronunció el mismo día en su
programa de Venezolana de Televisión contra lo que consideró una factura
política. “Ojalá el gobierno tuviera mil Mario Villegas, que independientemente
de su postura política cumplan con su trabajo. Hay muchos que se ponen una
gorra roja o una franela roja y no lo cumplen, o en realidad son aprovechados
oportunistas que se las dan de revolucionarios”, dijo con notoria indignación
entre muchos otros argumentos. Tres días más tarde, el 23 de mayo, Ernesto
dedicó también al caso su columna del semanario Quinto Día, la cual tituló para
la ocasión “El autogol”.
Además del rechazo público de mis hermanos, aquella decisión motivó un
sinnúmero de publicaciones periodísticas, opiniones de diversos colegas,
chavistas y no chavistas, además de pronunciamientos de varios organismos
gremiales de los periodistas y de organizaciones defensoras de los derechos
humanos.
Meses más tarde, en enero de 2009, se consumó mi destitución, bajo el
argumento de que con todo lo que había aparecido en la prensa yo había
lesionado la imagen del SENIAT, cuando en verdad se trataba de publicaciones
espontáneas de los medios, como el caso de mi recurso de reconsideración obtenido
y divulgado por el semanario Quinto Día bajo su propia responsabilidad, así
como de reacciones condenatorias a la arbitrariedad de Cabello, las cuales fueron
claramente asumidas por sus autores individuales o institucionales.
En demanda de justicia, hice uso de los recursos que me otorgan la
Constitución y las leyes de la República. Y cuatro años más tarde, curiosa e
insólitamente, la Jueza Superior Novena en lo Civil y Contencioso
Administrativo, Geraldine López Blanco, acaba de dictar una sentencia en la que
santifica la absurda tesis de que yo no evité que se generase “una matriz de
opinión contraria a la institución”, cosa que correspondía exclusivamente a las
autoridades del SENIT con el ejercicio de su derecho a réplica o con la sola
suspensión de mi arbitrario traslado.
Si nos atenemos al dictamen de la jueza, habría que concluir que lo que
hace daño a las instituciones del estado no es que los jerarcas públicos
pisoteen la Constitución y las leyes, atropellen y vulneren los derechos de los
trabajadores o cometan toda suerte de irregularidades, sino que todo eso llegue
al conocimiento de los medios de comunicación y de la sociedad. Mientras todo
quede en silencio, bienvenidos los desafueros y las corruptelas.
Si el presidente Hugo Chávez tuvo la osadía de calificar de “plasta” una
célebre sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobradas razones tengo para
tildar con el mismo adjetivo la deposición de esta jueza, cuyo dictamen pone en
evidencia una vez más el pésimo momento que atraviesa la justicia en Venezuela.
Pero no me rindo. Apelaré de esta decisión ante la Corte de lo
Contencioso y agotaré todos los recursos legales que en el ámbito nacional y planetario
me confieren mi condición de trabajador venezolano y de honrado ciudadano del
mundo.
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