Omar Barboza
Gutiérrez abril de 2015
Cuando
escribo este artículo está por iniciarse la Cumbre de Las Américas con un tema
central para la consideración de los Jefes de Estado de todo el continente
americano: Prosperidad con Equidad. Hacemos votos para que la coyuntura no se
imponga sobre lo trascendente, tal como lo es, la necesidad de acuerdos serios
para lograr esos objetivos en beneficio de los pueblos allí representados.
Tiene
gran importancia la presencia por primera vez de Cuba en esa Cumbre, lo que
puede significar la incorporación cubana a la integración continental en el
marco de los acuerdos que viene discutiendo con los Estados Unidos, que deben
significar rectificaciones y compromisos de ambas partes; así como los Estados
Unidos rectifica su política de bloqueo, Cuba debe comprometerse con la
apertura democrática real y con el respeto a los derechos humanos.
En
cuanto a las últimas diferencias entre Venezuela y los Estados Unidos, deben
haber rectificaciones y compromisos para superarlas: el gobierno norteamericano
debe retirar la calificación de amenaza para su seguridad nacional por no ser
cierta, y el gobierno de Maduro debe comprometerse con el respeto a los
derechos humanos y a la libertad de pensamiento junto al cese de la persecución
política de sus adversarios, conducta a la que está obligado de acuerdo a todos
los tratados internacionales firmados por Venezuela.
Pero
ambos casos, el de Cuba y el de Venezuela, deben ser tratados en el marco de
las relaciones bilaterales que existan o puedan existir entre los Estados
Unidos y esos dos países. Sería un atentado en contra de la esperanza y de los
derechos de los pueblos representados en esa Cumbre, que esas diferencias sean
las protagonistas de tan importante reunión, en vez de respetar el tratamiento
entre todos los participantes de las vías más eficientes para lograr el
propósito central de esa gran reunión, para avanzar hacia el logro de la
prosperidad con equidad, para enfrentar los retos de la pobreza y de la
desigualdad que hoy impera en la mayoría de los países participantes. Desviar
ese objetivo solo contribuirá al aplazamiento de los esfuerzos para lograr esas
metas, con perjuicios para todos.
En
todo caso, aprovechamos el planteamiento de este tema en la Cumbre para
expresar desde Un Nuevo Tiempo (UNT) y dentro de la visión de la Democracia Social
que impulsamos para Venezuela y Latinoamérica, nuestra propuesta de que ese
tema central de Prosperidad con Equidad evolucione para precisar mejor su
objetivo, hacia la propuesta de Crecimiento Económico con Justicia Social,
buscando que la prosperidad sea para todos y en todos los sentidos. Lo cual
surge del convencimiento de que el crecimiento económico por si solo puede
generar bienestar o prosperidad para unos pocos, sin resolver el problema de la
pobreza y la falta de acceso a bienes y servicios que hoy afecta a la gran
mayoría de los pueblos latinoamericanos.
Y
cuando unimos el crecimiento económico a la justicia social, le demos a esta
última una connotación que no se limita a la redistribución simple, aunque
importante, del ingreso, en materia de subsidios, becas, pensiones, o aportes
económicos directos. La concebimos en el sentido más amplio, de la igualdad de
oportunidades, la cual debe comenzar por la posibilidad de acceso a la
educación como instrumento fundamental de superación para los sectores más
desfavorecidos, lo que implica que aun cuando se den facilidades para la
contribución de la educación privada con este proceso, el Estado asuma el
compromiso de que la educación pública sea de primera, superior a la privada, y
que respete los valores de la libertad de pensamiento y la pluralidad, y que en
consecuencia, importantice al educador como protagonista del cambio cultural
necesario para superar el tiempo perdido.
Igualmente,
la justicia social a la que nos referimos genera el compromiso para el Estado,
de estimular y reconocer el esfuerzo de la medicina privada, pero acompañada
del compromiso de que la atención a la salud pública sea de primera calidad,
junto a un sistema de seguridad social que por lo menos asegure a todos los
ciudadanos el derecho a la jubilación o a la pensión, además de servicios públicos
eficientes, y la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
Todo
ello dentro del marco de la igualdad ante la ley, es decir, la vigencia del
estado de derecho, junto al derecho a trabajar y producir ejerciendo las
libertades económicas previstas en la Constitución.
Si
la Cumbre se dedica a estos temas, debemos aplaudirla.
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