Carlos Romero Mendoza 4 de junio de 2015
@carome31
Iniciativa Ciudadana Europea, es el nombre del programa que la Unión
Europea desarrolla en el marco del Tratado de Lisboa, con la finalidad de
incluir al ciudadano europeo en la elaboración de políticas públicas. Su
desarrollo normativo está registrado en el Reglamento No 211/2011 del 16 de
febrero 2011[1].
A través de ese programa, 1.884.790
ciudadanos europeos respaldaron, con sus firmas, la exhortación a la Comisión
Europa de promover una propuesta legislativa orientada a implementar en todos
los países de Europa el principio del derecho humano al agua y al saneamiento,
reconocido por la ONU, e hicieron un llamado a que esa propuesta contribuya a
promover la garantía del suministro de agua y saneamiento como servicio público
esencial para todos los europeos.
Como respuesta a esa iniciativa
ciudadana, la Comisión Europea impulsó una consulta que permitió a los
ciudadanos opinar sobre la calidad del agua potable. Desde el 23 de
junio y hasta el 23 de septiembre 2014, esa consulta se realizó y logró la
participación de unos 5.968 ciudadanos europeos, 60% de los cuales, pertenecen
a sectores urbanos y un 35% a los sectores rurales.
La consulta, procesada de manera
preliminar, produjo un primer resultado en enero 2015[2], y allí se percibe que para un 58% de los
consultados hay satisfacción en la información que reciben sobre la calidad del
agua potable, mientras que para un 23% no hay tal satisfacción.
En este mismo sentido, un 81,8% de los
encuestados, reconocen que residen en zonas donde hay acceso a agua potable
salubre y limpia. Resulta interesante, que un 56 % de los consultados afirman
que siempre beben agua potable, sin hervirla y sin filtrarla; mientras que un
18% afirman hacerlo, pero no siempre.
Por otro lado, los ciudadanos tienen una
serie de expectativas. En tal sentido, un 80,9% de los consultados sostienen
que el monitoreo sobre la calidad del agua debe ser transparente y en tal
sentido sus resultados deben estar disponible al público vía online, sólo un 5%
opina lo contrario; como complemento, un 54% de los consultados, aspiran tener
parámetros de medición específicos sobre la calidad del agua, que permitan
medir por cada uno de ellos su cumplimiento normativo.
Un 79,2% reclama más acciones
preventivas en materia de agua potable, antes que remedios aplicados por fallas
en el servicio. Sobre los canales de información, vale la pena señalar, que un
70,6% de los consultados aspiran a tener información actualizada y fácilmente
ubicable vía online y el 82% exige notificación oportuna a los usuarios ante
cualquier eventualidad a través de las herramientas tecnológicas modernas.
En este sentido, resulta oportuno
destacar brevemente la experiencia de la Red de Organizaciones Vecinales del
Municipio Baruta, a través su programa voluntario de contraloría ambiental, que
durante éstos últimos meses han dedicado tiempo y esfuerzo a monitorear el tema
de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio
Baruta. Entre sus acciones, se acordó diseñar una encuesta online para
consultar a los vecinos que integran la Red su percepción sobre la prestación
del servicio de agua potable en el Municipio.
La consulta realizada entre el 11 al 26
de mayo 2015, advierte la desinformación general sobre el racionamiento del
agua en el sector en un 64% de los consultados; por otra parte, la consulta
informó que para el 85% de los consultados el agua que reciben en casa, tiene un
color turbio y en otros casos un color marrón; así mismo, para un 57% de los
participantes de la encuesta el agua se recibe con mal olor.
Esta consulta, que permite levantar la
percepción de un pequeño grupo de vecinos del Municipio Baruta, ha sido un
primer experimento útil, mejorable, que permitido alimentar con información
sistematizada, las reuniones de trabajo que la Red de Organizaciones Vecinales
de Baruta ha logrado sostener con Hidrocapital.
Si en Venezuela, alguien asumiera el
reto de elaborar una consulta mucho más amplia y con una rigurosidad científica
mayor que la iniciativa de la sociedad civil en Baruta, la tarea le
correspondería a la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento, pues en principio, la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de
Agua Potable y Saneamiento, responsabiliza a esta instancia de garantizar un
sistema público de información y estadística en materia de prestación y calidad
de servicio de agua potable.
La Ley mencionada delega en esa
Superintendencia la responsabilidad de realizar la evaluación y el control de
la calidad del agua potable distribuida, y además, le obliga a que en
coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en materia de
salud y desarrollo social publique sus evaluaciones y proporcione toda la
información disponible a los interesados.
En Venezuela el acceso al agua ya es reconocida
como un derecho fundamental humano y como un bien público en nuestro
ordenamiento jurídico. La información,
según la Ley del Agua, es precisamente la herramienta a través del cual el
Estado debe promover y facilitar la participación de los ciudadanos en los
problemas del agua y sus soluciones. En consecuencia sin información, no hay
participación.
Por otro lado, la Superintendencia de
Agua, se convierte además, en un actor importante en cuanto a la participación
de los ciudadanos en materia de prestación del servicio de agua potable y
saneamiento, pues tiene el mandato legal de abrir espacios para encontrarse,
dialogar y debatir con las comunidades sobre los problemas relacionados a esta
materia, a través de una figura llamada Audiencia Pública.
Es importante señalar, que la misma Ley
Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, identifica
la Superintendencia como una instancia a la cual los suscriptores pueden acudir
ante cualquier reclamo que quieran hacer.
La debilidad institucional que presenta
la gestión integral del agua en Venezuela, se une a las condiciones climáticas
e impacta negativamente la calidad en el servicio de agua potable y
saneamiento. Así mismo, el ejercicio ciudadano del derecho a involucrarse en
los problemas y soluciones en materia del agua potable, queda peligrosamente
restringido, al condicionarse a la existencia de una institucionalidad
centralizada que no termina de desarrollarse, pues sólo a esa institucionalidad
le corresponde dar respuestas integrales y efectivas a las necesidades de sus
usuarios y suscriptores.
[1] Comisión Europea. Iniciativa
Ciudadana Europea. Recuperado el 02 de junio de 2015. Online en: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es
[2] El Agua es un Derecho Humano. Expert
Group Drinking Water Directive. 29 de enero 2015. Online http://www.right2water.eu/es/news/expert-group-drinking-water-directive
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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