Edgar C. Otálvora 28 de septiembre de 2015
@ecotalvora
Se
están creando las condiciones para un innecesario incidente armado entre
Venezuela y Guyana. David Granger, presidente de Guyana, anunció el 21SEP15 que
llevará el caso del diferendo con Venezuela a una corte internacional. Dos días
después, el Gobierno Maduro movilizó tropas y equipos, incluyendo sistemas de
misiles antiaéreos Pechora, hacia el estado Bolívar próximo al territorio del
Esequibo bajo control guyanés. La movilización fue calificada por el Ministro
de Defensa de Maduro, general Vladimir Padrino, como un “ejercicio de
despliegue operacional”. El Gobierno de Guyana lo calificó como una inusual
concentración de tropas en la frontera y colocó sus pocos puestos policiales y
militares en alerta. Guyana se dispone a acusar en la ONU a Venezuela como país
agresor.
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La
reactivación del diferendo con Guyana se convirtió en una seria derrota para la
diplomacia chavista con altísimos costos para los intereses venezolanos.
Alrededor de Guyana se ha ido formando una alianza de terceros gobiernos que
obvian los derechos esgrimidos por Venezuela.
El
Gobierno de Brasil, pese a su alianza política con el castrochavismo, anunció
apoyo a Guyana. El 07SEP15, día de su fiesta nacional, el embajador de Brasil
en Guyana, Lineu Pupo de Paula, ofreció un brindis en Georgetown al cual asistió
David Granger. El embajador de Dilma Rousseff se refirió al tema de la disputa
territorial entre Venezuela y Guyana, en lo que constituye una posición oficial
de Brasil sobre el tema: “Suramérica es un lugar de paz y por ello Brasil no
aceptará disturbios en sus fronteras”. Con ello, EEUU y Brasil se convierten en
virtuales garantes de Guyana en detrimento de los intereses territoriales de
Venezuela.
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Las
FARC no entregarán sus armas al Gobierno colombiano en caso de llegar a término
las actuales negociaciones en La Habana. El anuncio ha causado una nueva ola de
críticas dentro de importantes sectores colombianos contra los acuerdos que el
gobierno Santos ha alcanzado con las FARC en las negociaciones que ya cumplen
tres años.
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Desde
el documento firmado el 26AGO12 por delegados del Gobierno colombiano y las
FARC, el cual norma las actuales negociaciones, ha sido utilizado el impreciso
término “dejación de las armas”, lo cual no es igual a entrega de armas. Esta
misma expresión fue utilizada en el comunicado conjunto difundido el 23SEP15 en
La Habana en el cual indica que esa “dejación” comenzaría dos meses después de
firmarse el “Acuerdo Final”.
Si
bien el mecanismo operativo para el desarme aún no está precisado, se habría
impuesto la idea de que las FARC harían entrega de sus arsenales a una
delegación internacional como parte de los esquemas de verificación de los
acuerdos. La intervención de terceros países en el proceso de desarme señala el
alto grado de internacionalización que adquirió el proceso de paz. De hecho, el
Gobierno de Uruguay y la ONU, en las personas del exministro de defensa
uruguayo José Bayardi y del diplomático francés Jean Arnault, forman parte de
las negociaciones sobre el “fin del conflicto”. Desde aviones aportados por
Venezuela para el traslado de guerrilleros, hasta reputados asesores legales de
las FARC pagados por Noruega, muchos gobiernos y entes internacionales están
directamente involucrados en el proceso. Eso ha llevado a una situación donde
el alborozo externo por los avances en las negociaciones contrasta con la
pérdida de apoyo dentro de Colombia.
Es tal
el grado de “internacionalización” del proceso que fue el Gobierno de EEUU que
propició y sirvió de anfitrión a dos encuentros, celebrados el 12JUL15 y el
08SEP15, entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y emisarios de Juan Manuel
Santos, entre ellos el jefe negociador Humberto de la Calle y el ministro de
Defensa Luis Carlos Villegas. El Gobierno Obama, quien mantiene un
representante especial para las negociaciones Santos-FARC, hace esfuerzos para
que Uribe esté informado de primera mano de los avances, baje el tono de sus
ataques y eventualmente muestre respaldo a los acuerdos. Las gestiones de la
diplomacia de EEUU parecieran poco fructíferas dadas las gruesas críticas de
Uribe a los acuerdos parciales alcanzados por Santos.
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El
acuerdo entre Santos y las FARC no está concluido y algunos temas ya analizados
deberán ser objeto de revisiones. Su aplicación, una vez firmado, dependerá de
un complejo proceso de aprobación popular mediante una “refrendación” aún no
precisada. Las FARC exigen participación política inmediata y que el Estado les
garantice sus vidas. Además, aún falta la aprobación por el Congreso de una
reforma constitucional presentada por el Gobierno el 15SEP15 que, a su vez,
permita la rápida tramitación de leyes implícitas al acuerdo con las FARC.
Santos procura ser dotado de poderes para legislar vía decreto, una “ley
habilitante” que se ha convertido en otro motivo de choque entre Gobierno y
uribismo.
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Faltando
tantos pasos previos, Santos y las FARC decidieron dar muestras del estado de
avance, en un intento de frenar la caída del apoyo a las negociaciones. El
23SEP15, en un curioso acto celebrado en La Habana bajo la conducción de Raúl
Castro, con ceremonial cubano y con casi todos los presentes vestidos con
guayaberas blancas a la moda oficial castrista, se produjo el primer encuentro
público de Santos y el jefe del Secretariado de las FARC Rodrigo Londoño
“Timochenko”. En ese acto, los jefes de las delegaciones negociadores y los
representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, firmaron un comunicado
sobre la creación de un esquema judicial para el procesamiento de los
implicados en delitos en el marco del “conflicto armado”. Las felicitaciones a
Santos y las FARC llegaron desde el Departamento de Estado de EEUU hasta del
Palacio de Miraflores en Caracas. Pero en Colombia la presentación del esbozo
de un eventual esquema para el juzgamiento de los guerrilleros de las FARC,
dejó una sensación de inquietud en diversos sectores. La creación de una
“Jurisdicción Especial para la Paz” que incluirá a jueces no colombianos,
conlleva a la aplicación de lo que en la actualidad se denomina “justicia
transicional” y que sería la vía para que los altos jefes guerrilleros no
cumplan penas de cárcel por sus delitos.
En sus
palabras en La Habana, “Timochenko” resaltó que la jurisdicción especial sería
aplicada a los dos bandos en conflicto. Casi simultáneamente la agencia de
noticias de las FARC, Anncol, comenzó a tuitear mensajes informando sobre
supuestos futuros enjuiciamientos a expresidentes colombianos, empresarios y
altos jefes castrenses. El acto de La Habana, en todo caso, sirvió para que
Santos pusiera sobre la mesa los temas más sensibles de sus pactos con las
Farc. Aún falta mucha agua por correr antes de que pueda hablarse de un acuerdo
de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
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El
Gobierno de Evo Morales está creado falsas y peligrosas expectativas entre la
población de Bolivia sobre la supuesta e inminente obtención de costa en el
Océano Pacífico a expensas de territorio chileno.
El
23SEP15, la Corte Internacional de Justicia CIJ se pronunció ante una demanda
presentada por Bolivia contra Chile. Ese día los magistrados fallaron a favor
de Bolivia en relación a un punto previo presentado por Chile que no tiene nada
que ver con la demarcación fronteriza. Ante la acción judicial boliviana, Chile
alegó que la Corte carece de facultades para analizar el caso ya que los
límites con Bolivia son producto de un Tratado de 1904. Tanto Bolivia como
Chile son parte del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948, el cual coloca en la
jurisdicción internacional la resolución de conflictos limítrofes entre los
países del Continente. El 23SEP15 la Corte anunció que si tiene facultades para
atender la demanda boliviana en razón de un artículo del propio Pacto de
Bogotá, pero la instancia internacional no tiene en mente fijar nuevos límites
entre Bolivia y Chile.
La
demanda que Bolivia presentó contra Chile el 24ABR13 no coloca en manos de los
jueces una eventual modificación de la frontera entre ambos países y,
cualquiera que sea una futura sentencia, no implicará que Bolivia obtenga
territorio. El objeto del proceso judicial abierto por Bolivia, a unos costos
altísimos, es simplemente para determinar si Chile tiene la obligación de
“negociar de buena fe” un “acceso soberano” de Bolivia al Océano Pacífico y, en
caso afirmativo, si Chile ha incumplido con esa obligación. Tras un proceso
cuya resolución aún puede tardar cuatro años, la CIJ pudiera determinar que
Chile debe negociar con Bolivia, igualmente pudiera determinar que Chile no ha
cumplido con esa hipotética obligación, pero la Corte no podrá fijar costa a
Bolivia ni obligar a Chile a cederla.
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Evo
Morales ha logrado congregar a su alrededor, sobre el tema de límites, a los
expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz y Guido Vildoso. Igualmente
ha generado una intensa movilización popular y hasta una nueva bandera de la
“reivindicación marítima” ha sido agregada a los símbolos nacionales y al
ceremonial oficial. La noche del 22SEP15, Morales convocó a una vigilia en
espera de la sentencia de la CIJ la cual, al ser conocida, fue celebrada como
una victoria patria. En medio de su exaltación y sin mucho atino sobre la
situación legal real, Morales anunció que buscaría a la mandataria chilena Michelle
Bachelet, con quien coincidiría en la sede la de ONU en Nueva York, para
iniciar conversaciones limítrofes en paralelo al proceso de la CIJ. No existe
ninguna posibilidad de que el gobierno chileno se siente con Morales a negociar
límites y menos bajo la presión de un proceso judicial de casi nulo impacto
como el abierto por Morales. En tanto, el líder cocalero ha convertido el tema
del acceso al mar en su principal muletilla en procura de una reforma electoral
que le permita optar indefinidamente a la Presidencia boliviana.
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