martes, 29 de septiembre de 2015

Evo Morales y Nicolás Maduro azuzan pleitos fronterizos, por @ecotalvora



Edgar C. Otálvora 28 de septiembre de 2015
@ecotalvora

Se están creando las condiciones para un innecesario incidente armado entre Venezuela y Guyana. David Granger, presidente de Guyana, anunció el 21SEP15 que llevará el caso del diferendo con Venezuela a una corte internacional. Dos días después, el Gobierno Maduro movilizó tropas y equipos, incluyendo sistemas de misiles antiaéreos Pechora, hacia el estado Bolívar próximo al territorio del Esequibo bajo control guyanés. La movilización fue calificada por el Ministro de Defensa de Maduro, general Vladimir Padrino, como un “ejercicio de despliegue operacional”. El Gobierno de Guyana lo calificó como una inusual concentración de tropas en la frontera y colocó sus pocos puestos policiales y militares en alerta. Guyana se dispone a acusar en la ONU a Venezuela como país agresor.


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La reactivación del diferendo con Guyana se convirtió en una seria derrota para la diplomacia chavista con altísimos costos para los intereses venezolanos. Alrededor de Guyana se ha ido formando una alianza de terceros gobiernos que obvian los derechos esgrimidos por Venezuela.

El Gobierno de Brasil, pese a su alianza política con el castrochavismo, anunció apoyo a Guyana. El 07SEP15, día de su fiesta nacional, el embajador de Brasil en Guyana, Lineu Pupo de Paula, ofreció un brindis en Georgetown al cual asistió David Granger. El embajador de Dilma Rousseff se refirió al tema de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, en lo que constituye una posición oficial de Brasil sobre el tema: “Suramérica es un lugar de paz y por ello Brasil no aceptará disturbios en sus fronteras”. Con ello, EEUU y Brasil se convierten en virtuales garantes de Guyana en detrimento de los intereses territoriales de Venezuela.

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Las FARC no entregarán sus armas al Gobierno colombiano en caso de llegar a término las actuales negociaciones en La Habana. El anuncio ha causado una nueva ola de críticas dentro de importantes sectores colombianos contra los acuerdos que el gobierno Santos ha alcanzado con las FARC en las negociaciones que ya cumplen tres años.

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Desde el documento firmado el 26AGO12 por delegados del Gobierno colombiano y las FARC, el cual norma las actuales negociaciones, ha sido utilizado el impreciso término “dejación de las armas”, lo cual no es igual a entrega de armas. Esta misma expresión fue utilizada en el comunicado conjunto difundido el 23SEP15 en La Habana en el cual indica que esa “dejación” comenzaría dos meses después de firmarse el “Acuerdo Final”.

Si bien el mecanismo operativo para el desarme aún no está precisado, se habría impuesto la idea de que las FARC harían entrega de sus arsenales a una delegación internacional como parte de los esquemas de verificación de los acuerdos. La intervención de terceros países en el proceso de desarme señala el alto grado de internacionalización que adquirió el proceso de paz. De hecho, el Gobierno de Uruguay y la ONU, en las personas del exministro de defensa uruguayo José Bayardi y del diplomático francés Jean Arnault, forman parte de las negociaciones sobre el “fin del conflicto”. Desde aviones aportados por Venezuela para el traslado de guerrilleros, hasta reputados asesores legales de las FARC pagados por Noruega, muchos gobiernos y entes internacionales están directamente involucrados en el proceso. Eso ha llevado a una situación donde el alborozo externo por los avances en las negociaciones contrasta con la pérdida de apoyo dentro de Colombia.

Es tal el grado de “internacionalización” del proceso que fue el Gobierno de EEUU que propició y sirvió de anfitrión a dos encuentros, celebrados el 12JUL15 y el 08SEP15, entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y emisarios de Juan Manuel Santos, entre ellos el jefe negociador Humberto de la Calle y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. El Gobierno Obama, quien mantiene un representante especial para las negociaciones Santos-FARC, hace esfuerzos para que Uribe esté informado de primera mano de los avances, baje el tono de sus ataques y eventualmente muestre respaldo a los acuerdos. Las gestiones de la diplomacia de EEUU parecieran poco fructíferas dadas las gruesas críticas de Uribe a los acuerdos parciales alcanzados por Santos.

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El acuerdo entre Santos y las FARC no está concluido y algunos temas ya analizados deberán ser objeto de revisiones. Su aplicación, una vez firmado, dependerá de un complejo proceso de aprobación popular mediante una “refrendación” aún no precisada. Las FARC exigen participación política inmediata y que el Estado les garantice sus vidas. Además, aún falta la aprobación por el Congreso de una reforma constitucional presentada por el Gobierno el 15SEP15 que, a su vez, permita la rápida tramitación de leyes implícitas al acuerdo con las FARC. Santos procura ser dotado de poderes para legislar vía decreto, una “ley habilitante” que se ha convertido en otro motivo de choque entre Gobierno y uribismo.

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Faltando tantos pasos previos, Santos y las FARC decidieron dar muestras del estado de avance, en un intento de frenar la caída del apoyo a las negociaciones. El 23SEP15, en un curioso acto celebrado en La Habana bajo la conducción de Raúl Castro, con ceremonial cubano y con casi todos los presentes vestidos con guayaberas blancas a la moda oficial castrista, se produjo el primer encuentro público de Santos y el jefe del Secretariado de las FARC Rodrigo Londoño “Timochenko”. En ese acto, los jefes de las delegaciones negociadores y los representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, firmaron un comunicado sobre la creación de un esquema judicial para el procesamiento de los implicados en delitos en el marco del “conflicto armado”. Las felicitaciones a Santos y las FARC llegaron desde el Departamento de Estado de EEUU hasta del Palacio de Miraflores en Caracas. Pero en Colombia la presentación del esbozo de un eventual esquema para el juzgamiento de los guerrilleros de las FARC, dejó una sensación de inquietud en diversos sectores. La creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” que incluirá a jueces no colombianos, conlleva a la aplicación de lo que en la actualidad se denomina “justicia transicional” y que sería la vía para que los altos jefes guerrilleros no cumplan penas de cárcel por sus delitos.

En sus palabras en La Habana, “Timochenko” resaltó que la jurisdicción especial sería aplicada a los dos bandos en conflicto. Casi simultáneamente la agencia de noticias de las FARC, Anncol, comenzó a tuitear mensajes informando sobre supuestos futuros enjuiciamientos a expresidentes colombianos, empresarios y altos jefes castrenses. El acto de La Habana, en todo caso, sirvió para que Santos pusiera sobre la mesa los temas más sensibles de sus pactos con las Farc. Aún falta mucha agua por correr antes de que pueda hablarse de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

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El Gobierno de Evo Morales está creado falsas y peligrosas expectativas entre la población de Bolivia sobre la supuesta e inminente obtención de costa en el Océano Pacífico a expensas de territorio chileno.

El 23SEP15, la Corte Internacional de Justicia CIJ se pronunció ante una demanda presentada por Bolivia contra Chile. Ese día los magistrados fallaron a favor de Bolivia en relación a un punto previo presentado por Chile que no tiene nada que ver con la demarcación fronteriza. Ante la acción judicial boliviana, Chile alegó que la Corte carece de facultades para analizar el caso ya que los límites con Bolivia son producto de un Tratado de 1904. Tanto Bolivia como Chile son parte del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948, el cual coloca en la jurisdicción internacional la resolución de conflictos limítrofes entre los países del Continente. El 23SEP15 la Corte anunció que si tiene facultades para atender la demanda boliviana en razón de un artículo del propio Pacto de Bogotá, pero la instancia internacional no tiene en mente fijar nuevos límites entre Bolivia y Chile.

La demanda que Bolivia presentó contra Chile el 24ABR13 no coloca en manos de los jueces una eventual modificación de la frontera entre ambos países y, cualquiera que sea una futura sentencia, no implicará que Bolivia obtenga territorio. El objeto del proceso judicial abierto por Bolivia, a unos costos altísimos, es simplemente para determinar si Chile tiene la obligación de “negociar de buena fe” un “acceso soberano” de Bolivia al Océano Pacífico y, en caso afirmativo, si Chile ha incumplido con esa obligación. Tras un proceso cuya resolución aún puede tardar cuatro años, la CIJ pudiera determinar que Chile debe negociar con Bolivia, igualmente pudiera determinar que Chile no ha cumplido con esa hipotética obligación, pero la Corte no podrá fijar costa a Bolivia ni obligar a Chile a cederla.

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Evo Morales ha logrado congregar a su alrededor, sobre el tema de límites, a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz y Guido Vildoso. Igualmente ha generado una intensa movilización popular y hasta una nueva bandera de la “reivindicación marítima” ha sido agregada a los símbolos nacionales y al ceremonial oficial. La noche del 22SEP15, Morales convocó a una vigilia en espera de la sentencia de la CIJ la cual, al ser conocida, fue celebrada como una victoria patria. En medio de su exaltación y sin mucho atino sobre la situación legal real, Morales anunció que buscaría a la mandataria chilena Michelle Bachelet, con quien coincidiría en la sede la de ONU en Nueva York, para iniciar conversaciones limítrofes en paralelo al proceso de la CIJ. No existe ninguna posibilidad de que el gobierno chileno se siente con Morales a negociar límites y menos bajo la presión de un proceso judicial de casi nulo impacto como el abierto por Morales. En tanto, el líder cocalero ha convertido el tema del acceso al mar en su principal muletilla en procura de una reforma electoral que le permita optar indefinidamente a la Presidencia boliviana.

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