Juan Marcos Colmenares*, 29/07/2015
“En
Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el Presidente… La justicia no vale.
La justicia es una plastilina. Digo plastilina porque se puede moldear a
favor o en contra…” (Eladio Aponte Aponte, ex-magistrado del Tribunal Supremo
de Justicia - TSJ).
Definir la justicia ha sido un problema que
los estudiosos del derecho tienen desde hace miles de años. Sin embargo, la más
aceptada es la clásica definición de justicia de Platón, retomada por el jurista
romano Ulpiano, como “la voluntad constante
y perpetua de dar a cada uno lo que se merece”.
La existencia del Estado de Derecho tiene como
característica fundamental el principio de la legalidad y contempla el modelo
de gobierno democrático constitucional basado en la división de los poderes definido
por Montesquieu (ejecutivo, legislativo y judicial) y sometido al imperio de la
ley. El Poder Judicial es considerado como el bastión fundamental del Estado de
Derecho, es el encargado de aplicar las leyes, por eso el juez debe ser
independiente, fuerte, respetado y respetable. El profesor Eloy Lares Martínez opina
que: “El poder judicial es el guardián de la Constitución y el centinela de la
legalidad de los actos de la administración. Es la garantía del funcionamiento
del Estado de Derecho”. Y nuestro legislador establece: “En el ejercicio de sus
funciones los jueces son autónomos, independientes, imparciales, responsables, inamovibles
e intrasladables” (Artículo 3º, Ley Orgánica del Poder Judicial).
Sin embargo, nuestro sistema judicial esta cuestionado
porque carece de autonomía e independencia; empezando por un Ministerio Público
sin garantía de imparcialidad y un Poder Judicial integrado desde el TSJ con
criterios políticos en su designación y con un 80% de jueces provisionales. Esos
funcionarios no gozan de estabilidad laboral, son temporales, vulnerables a
presiones políticas externas, y de libre nombramiento y remoción por organismos
político-partidistas. “En Venezuela no existe un poder judicial independiente
porque los jueces se han convertido en soldados obedientes al servicio del
régimen” (Human Rights Watch - HRW).
En el TSJ algunos magistrados apuntan a la
eliminación de los pesos y contrapesos del sistema democrático y opinan que "no
podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio
que debilita al Estado" (Luisa Estela Morales). Hay otros para quienes la
distinción entre el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos sería “una
construcción ideológica liberal, en la cual hay reminiscencias censitarias, de
desprecio a las clases populares y de odio al Estado como unidad política” (Arcadio
Delgado). Ambos conceptos están arraigados a una ideología
estatista-totalitaria, colectivista-comunista. Pero también los hay indoctos, mercachifles,
iletrados y rábulas; y quienes tienen antecedentes penales, prontuarios judiciales
y carecen de valores (Maikel Moreno y otros).
Son estos jueces rojos, sometidos, sumisos y obedientes
los que esta dictadura utiliza como instrumentos para perseguir a la oposición y
aplicar la justicia revolucionaria; una justicia construida por improvisados y aventureros,
fundada en el odio, la revancha y el resentimiento. Son quienes han forjado los
procesos para juzgar a Leopoldo López, Antonio Ledezma, María Corina Machado,
Diego Arria y a cualquiera que se atreva a enfrentar a este régimen mafioso.
Por eso rechazamos la sentencia condenatoria contra Leopoldo López y los
estudiantes, por ser injusta y arbitraria; porque a los acusados no se les
proporcionaron las garantías adecuadas de transparencia y el debido proceso; y porque
son víctimas de un vulgar y descarado juicio político.
Por cuanto la acción penal por delitos de
violación de los derechos humanos no prescribe, tenemos la convicción que esos
malandros con toga serán enjuiciados cuando en Venezuela recuperemos la
democracia, más temprano que tarde.
*Abogado
Miembro de Vente Venezuela
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