Por Angel Oropeza
Un síntoma inequívoco del
ocaso de los regímenes autoritarios es cuando pierden su capacidad de
sorprender. Y nuestro decadente madurocabellismo entró en esa menguante etapa
desde hace rato.
Frente a la inocultable
decisión de cambio de las grandes mayorías, el gobierno ha intentado de todo
para intentar torcerle el rumbo a lo que es ya un sentimiento nacional.
La lista es larga. Desde retrasar el anuncio de la fecha de las elecciones,
buscando generar desánimo y confusión, pasando por la ratificación de la muy
útil y obediente Sra. Lucena al frente del CNE, la inhabilitación ilegal de
candidatos, los arbitrarios cambios en la base poblacional de algunos circuitos
para favorecer al oficialismo, la ocurrencia de la “paridad de género” después
que la Unidad había escogido sus candidatos, pensando que con ello podían
impedir la conformación de sus planchas, la criminalización y persecución de
dirigentes, la expropiación ilegal de partidos, la facilitación e incluso
financiamiento de engañosas candidaturas disfrazadas de oposición, hasta el
diseño fraudulento del tarjetón electoral, rodeando la tarjeta de la MUD con
tarjetas oficialistas de igual forma, color y letra.
Para desconcierto del
gobierno, ninguna de estas cosas ni sorprende ni funciona. Simplemente porque
los venezolanos se cansaron ya de estar golpeando las puertas del gobierno
reclamando comida y medicinas, mientras adentro sigue un grupito de
privilegiados que no quiere que su fiesta privada se acabe.
Pues bien, a esa lista se
suma la creación a diestra y siniestra de “estados de excepción”, último
invento de la desesperación de un régimen en estado terminal.
Esta última carta no es otra
cosa que un recurso extremo para intentar envilecer las elecciones de
diciembre, buscando obstruir la realización de movilizaciones populares, el
desarrollo de actividades de campaña y, al final, tratar de montar un control
tutelar sobre la ciudadanía en esas circunscripciones sometidas a excepción.
Pero, además, este invento
constituye al mismo tiempo una burla y una afrenta a nuestra Fuerza Armada,
porque la pone a reprimir al pueblo para servir, en una obscena jugada
electoralista, a unos poquitos desesperados que temen perder las delicias del
poder.
La mala noticia para el
gobierno es que este último invento tampoco va a funcionar. Pero ello implica
actuar también con inteligencia, sobre todo por parte de la dirigencia de la
Alianza unitaria.
Hay que subrayar, como lo ha
destacado el constitucionalista Juan Raffalli, que la participación ciudadana, incluyendo
la política, no está suspendida ni restringida según los decretos de estados de
excepción. El derecho a reunirse y a organizarse para participar en un proceso
electoral está previsto en los artículos 62 y 63 de la Constitución, y por ello
no puede ser restringido por la excepción según los mismos decretos que
la rigen.
La ley de Estados de
Excepción en su artículo 7 dispone que en ellos no pueden ser restringidos los
derechos a la participación y el sufragio. Pero, como recuerda Raffalli, el sufragio
no es únicamente el acto de votar, sino que incluye –de acuerdo con la ley
orgánica de procesos electorales- todos los hitos del proceso
incluyendo los actos de campaña y sus actividades relacionadas.
Así que cualquier acto
emanado de cualquier autoridad policial o militar que atente contra el sufragio
y la participación política serían contrarios a la Constitución y a los propios
decretos que rigen los estados de excepción. En consecuencia, ningún candidato
a la AN puede ser privado de su derecho a realizar actos propios de su
condición acreditada por el CNE, ni ningún ciudadano debe abstenerse -por
pensar que no puede- de ejercer su derecho de expresar pacíficamente su
preferencia política.
Una vez más, si seguimos
haciendo las cosas bien, nos encaminamos a una victoria tan necesaria como
contundente. Intentar detener a un pueblo cuando se decide a cambiar es como
detener un tsunami con la mano. Simplemente no se puede.
25-09-15
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