Por Rafael Rojas
Hace cinco meses, cuando la
oposición venezolana ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en unas elecciones
legislativas, que dejaron en evidencia la impopularidad del gobierno de Nicolás
Maduro, el oficialismo pedía al nuevo parlamento “administrar su triunfo”.
Diosdado Cabello y otros
líderes gobiernistas recomendaban a la oposición gradualismo y moderación para
tratar de reconducir la división de poderes en Venezuela.
Ahora la oposición echa a
andar una recaudación de firmas para presentar una demanda de referéndum
revocatorio del mandato presidencial, como lo establece la Constitución, y la
respuesta del gobierno es que es “demasiado tarde”. No sólo eso, Nicolás Maduro
responde al desafío de la oposición con un decreto que perpetúa el estado
excepción. La situación de emergencia ha sido la condición normal del gobierno
de Maduro desde 2014 y no porque el país esté acosado por enemigos externos e
internos, sino por una irremediable ineficacia administrativa y política.
El chavismo se perfiló en la
primera mitad del siglo XXI como una corriente de la izquierda latinoamericana
que presumía de su competitividad electoral. La Constitución de 1999 y el
propio Hugo Chávez le daban gran importancia a la práctica de ejercicios
constantes de plebiscitos, referéndums, consultas ciudadanas o iniciativas
directas de ley, los cuales confirmaban el respaldo popular de un proyecto
político.
La clarísima ruptura de
Nicolás Maduro con aquel legado de hegemonía electoral es, en buena medida, el
acta de defunción del chavismo. Aún cuando Maduro se las arregle para seguir
gobernando despóticamente de aquí a 2018, el chavismo difícilmente se
recuperará como fuerza electoral mayoritaria en Venezuela. Nunca prescindió
Chávez de las urnas porque sabía que en el tipo de régimen plebiscitario que
impulsaba la ventaja electoral era básica para la legitimidad política.
Sin carisma, sin popularidad
y sin mayoría plebiscitaria, el gobierno de Maduro sólo puede sobrevivir
dictatorialmente. Por eso hace de la excepción la regla de la política
económica, se desentiende de la Constitución y amenaza con hacer “desaparecer”
la Asamblea Nacional, que con todo su derecho soberano rechaza el decreto de
perpetuación del estado de emergencia. Maduro, en síntesis, propone desmantelar
la Constitución y el régimen que su venerado Hugo Chávez legó a Venezuela.
Es natural que los
pronósticos sobre la situación venezolana alcancen, por estos días, los tonos
más sombríos. Un gobierno que decreta un estado de excepción, que el poder
legislativo desconoce, y una oposición que demanda un referéndum revocatorio,
que el poder ejecutivo considera ilegal, es, a todas luces, un escenario de
pesadilla. Si ese callejón sin salida en que han caído las instituciones, se
intenta resolver en las calles, la posibilidad de la guerra civil se volverá
cada vez más real.
25-05-16
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